Como lo comentamos la semana pasada en este mismo espacio, el ejercicio de deliberación democrática en el que nos encontramos, es una oportunidad idónea para replantearnos el diseño, desarrollo, rol, implementación y eficacia del estado actual de nuestras instituciones. Como todo reformista que cree en la estrategia gradualista, entiendo el proceso de transformación política, como una cadena de pequeños cambios, sustanciales y continuos, rumbo a la mejora permanente de los componentes de nuestro diseño político-constitucional e institucional.
No queda fuera de esta lógica, el Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos locales, y esto incluye a las propias instituciones que forman parte de esto. Me refiero, como es sabido, a los órganos garantes en materia de transparencia, los organismos superiores de fiscalización o auditorías, las fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción, los órganos de control de los poderes ejecutivos, los tribunales de justicia administrativa, los poderes judiciales e inclusive los comités de participación ciudadana. Ya lo ha dicho la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Norma Julieta del Río, frente a los embates que recibe el órgano garante nacional, hay que tomar la oportunidad para proponer y promover una reingeniería que impacte en el fortalecimiento de la institución y los derechos que protege. Hacia allá deben ir todas las instituciones: el reclamo por austeridad y eficiencia del gasto no está en el imaginario político, es una demanda legítima de la sociedad que los actores políticos e institucionales mal harían en no escuchar. Ello, desde luego, implica un trabajo profesional, serio y responsable de planeación estratégica que no termine socavando los logros y las conquistas que durante décadas hemos logrado y a partir de las cuáles hoy nos insertamos, cuando menos en el modelo, de la Democracia Constitucional en México. Lo ideal en este sentido es que la propuesta y la estrategia provenga de las propias instituciones, y que las voces que las promuevan den prueba de su sensibilidad social y política, así como de su seriedad, independencia, imparcialidad y astucia para hacer de la coyuntura oportunidad y no una batalla sin propósito ni fin. En este contexto, el llamado de la zacatecana Julieta del Río, es aún más propicio: es mejor comenzar marcando la agenda de la reingeniería, a partir de un autodiagnóstico, que esperar a que la agenda electoral orille a pronunciamientos que se entenderán como reactivos, más aún en un contexto de polarización, cuyos extremos no benefician en materia de reformas, pues éstas son, desde su naturaleza misma, gradualistas, atienden matices y, sí pretenden ser exitosas, gestionan la complejidad que hoy es una condición inherente de la vida pública.
Sí desde las instituciones se van poniendo las variables y las condiciones para un debate informado, serio y pertinente, habrá elementos para el análisis, no solo de quiénes se encontrarán en la arena electoral buscando simpatías, sino también la información necesaria para configurar un ejercicio deliberativo en sentido amplio, democrático y moderno.
El llamado al futuro es ahora.
@CarlosETorres_
