Ocho años de lucha, un cambio de gobierno, un acuerdo interinstitucional, y también con familiares de los desaparecidos, y con defensores de derechos humanos; ocho años de tenacidad, de lucha social, de marchas y hasta negociaciones internacionales para posibles extradiciones; el trabajo arduo de un funcionario de la talla y compromiso de Alejandro Encinas, millones en ejercicio y construcción constante de memoria colectiva, y mucho más fue necesario para que el crimen de Iguala no quedara en el olvido y llegáramos a los resultados que anunció la Comisión de la Verdad la semana pasada.
Nadie puede estar contento con el resultado, finalmente los 43 nos siguen faltando, pero hoy nos sentimos más cerca de la verdad, y hoy se confirma que sí, que fue el Estado; y, no es cosa menor, es el Estado quien lo dice.
Con nada más qué ofrecer, porque pudor no se tiene, quienes defendieron la llamada “verdad histórica” que reducía la responsabilidad del crimen al alcalde de Iguala, su esposa, y unos cuantos policías municipales más, hoy minimizan la información disponible buscando inducir a pensar que no hay nada nuevo.
Pero lo hay. Lo más trascendente de todo quizá son las 83 órdenes de aprehensión que hay contra los involucrados, 20 de ellos militares quiénes dedicaron los primeros días en borrar los rastros de los estudiantes, entre los que estaba incluso un soldado de sus propias filas, que fue abandonado a su suerte contra el protocolo establecido en la institución para casos similares.
No debió ser fácil para una institución como el Ejército dar acceso a la información que tenía y admitir los hechos y aceptar las órdenes de aprehensión contra sus elementos
Eso lo retrata elocuentemente la nota de Mireya Cuéllar publicada en La Jornada el sábado pasado, en la que narra el “discreto ademán con las manos” que hizo el secretario de Gobernación Adán Augusto López al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, cuándo el presidente López Obrador hablaba del debido proceso y de que un gobierno democrático no podía ocultar nada, según narró la reportera.
Ya antes se ha ofrecido disculpas públicas a nombre del Estado en la voz de Alejandro Encinas, y se ha abierto el campo militar número 1, a las víctimas de la guerra sucia.
Todo esto ha sido aceptado ¿tolerado? Hasta en el ámbito militar, porque al final de cuentas el presidente tiene razón: las instituciones están hechas de seres humanos falibles, algunos corruptos, algunos inescrupulosos, y muchos de ellos acostumbrados a pensar que seguir órdenes ciegamente es lo correcto en cualquier circunstancia, incluso cuando estás son criminales. Pero admitir esta realidad no deshonra a las instituciones mismas, sino al contrario las rescata de la deshonra de sus hacedores.
Es imposible garantizar total rectitud en cualquier actividad humana. Pero sí puede procurarse la justicia y la verdad, a pesar de que admitir los errores y los crímenes resulte costoso.
Para ello es imprescindible que la justicia sea un asunto en tiempo presente, si acaso de futuro inmediato. Es decir, no puede esperarse décadas o lustros para que pierdan poder los culpables, se apaguen las voces de las víctimas, y se olvidan las ofensas, de tal suerte que el menor gesto reivindicativo sea consuelo suficiente para los que no olvidaron.
No sirven de nada las soluciones fáciles en las que se incrimina a quiénes menos oportunidad tienen de librarla, o se les cargue todo el enojo social a los responsables más débiles, esperando que con ello el gran público se olvide de quienes dan las órdenes y toman las decisiones.
A los 43 que no tenemos, a sus familias y a sus amigos, sus compañeros de escuela y sus maestros, también se suma ahora en calidad de víctimas aquellos que fueron torturados y encarcelados como chivos expiatorios para que no se apuntara a los de más arriba.
Esos, los de arriba, más que ningún otro, habrán de ser investigados, reportados y sancionados por sus instituciones, para que se les pueda distinguir de ellas. Eso hará la diferencia en ellas entre la vergüenza y la deshonra.
