El Informe Latinobarómetro inicia, en su edición 2021, con la siguiente frase: Una ola recorre América Latina consecuencia del egoísmo de las élites, es la ola de la escasez de mayorías. (…) Es que los latinoamericanos ya no toleran los gobiernos que defienden los intereses de unos pocos, la concentración de la riqueza, la escasez de justicia, la debilidad de las garantías civiles y políticas, así como la tardanza en la construcción de garantías sociales. El abuso de poder, los privilegios, la restricción de la pluralidad están en el corazón de la demanda de igualdad ante la ley, de respeto, de dignidad. Fin de la cita.
Es muy claro, cuando menos después de la elección que tuvo lugar en nuestro país en 2018, que la sociedad mexicana mostraba un hartazgo frente a una élite que cada vez más, servía para sus propios intereses y se distanciaba, sin pudor alguno, del interés colectivo, cuando menos en las formas, en el discurso, en la demostración de sensibilidad ante la desesperación de millones de familias que, entre sus esfuerzos por sobrevivir, se enteraban un día sí y otro también, de escándalos relacionados con actos de corrupción y observaban, sin necesidad de los medios de comunicación, el exceso y despilfarro de los integrantes de dicha élite política, cuyos estilos de vida, distaban mucho de los que sus representados podían siquiera aspirar. Todo ello contribuyó, sin duda, a un desencantamiento que algunos han identificado con la democracia, pero que más bien se dio, con la clase política que “esa” democracia permitió encumbrar y no con el método, ni con la idea democrática. Ante ello, el gobierno emanado de las urnas de aquel 2018, ofreció como parte transversal de su programa, una política de austeridad, que adjetivó como republicana, aduciendo al concepto amplio de la vida y cosa pública desde el Estado. Más allá de las dificultades con que dicha estrategia se ha topado en su implementación, es justo decir, que el concepto, no solo coincide con una demanda ciudadana, sino que hoy, en situaciones como por las que atraviesa Zacatecas, dicho planteamiento hace de una necesidad, virtud. Lo es así porque, no cabe duda que la reducción de gastos innecesarios (y desde aquí mismo encuentra ya la propuesta un problema de definición) es una exigencia, ya no sólo política, sino también administrativa y presupuestal. Sin que ello implique de ninguna forma violentar derechos humanos y laborales, y menos aún servicios públicos que el Estado se encuentra obligado a proveer, sí se exige una política de Estado, es decir, más allá del Poder Ejecutivo, que incluya al Legislativo y Judicial, órganos constitucionales autónomos, municipios y demás instituciones públicas (incluidos sindicatos, instituciones de educación, como nuestra apreciada Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas), que implique el ahorro, y genere lo que se conocen como economías, en el sector público, con miras a que se pueda invertir en la política de bienestar, a través de obra, programas, políticas y acciones, que permitan a la sociedad de nuestra entidad, hacer frente a un triple crisis, que en términos, nuevamente del ya citado estudio Latinobarómetro, lo es “En primer lugar, la crisis política de larga data, en segundo lugar, la crisis sanitaria, por la pandemia y finalmente la crisis económica, con una fuerte recesión, producida por la pandemia.” Sino atendemos a este contexto, no podremos entender, de dónde partimos al punto en el que nos encontramos, y cuáles son las alternativas y circunstancias que nos permitirán salir al paso.
@CarlosETorres_
