■ Este tipo de programas deben ser utilizados para la atención de delitos y que se beneficie a las víctimas, pero sus resultados han afectado a miles de personas: Luz Domínguez
■ Se violenta el derecho a la privacidad hasta el derecho al honor, por lo que es indispensable una legislación que regule la adquisición y funcionamiento de softwares de vigilancia
“Reprobamos rotundamente que un software que tiene como propósito el combate contra el crimen, sea destinado para violentar los derechos fundamentales de los mexicanos”, sentenció María de la Luz Domínguez Campos, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), hablando del Pegasus Project.
Este tipo de software, sostuvo, “deben ser utilizados para la atención de delitos y que se beneficie a las víctimas de estos delitos”, pero sus resultados, al contrario, “han afectado a miles de personas”, lamentó.
De acuerdo con Domínguez Campos, el hecho violenta varios Derechos Humanos, desde el derecho a la privacidad hasta el derecho al honor, por lo que es indispensable que haya una legislación que regule la adquisición y el funcionamiento de softwares de vigilancia, precisó.
De manera precisa expuso que “debe de establecerse el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales que impidan que este tipo de software o programas informáticos puedan ser distribuidos”, señaló, mientras que la parte gubernamental debe dirigir su normativa en torno a la regulación de dichos programas informáticos “para que no se afecten derechos humanos y libertades fundamentales”, además de la información personal, que en este caso se constituye por datos personales, voz, e imagen, afirmó.
Por lo anterior, exhortó a que se promueva una legislación “para la implementación o utilización de este tipo de programas informáticos tengan protocolos claros y concretos de cómo se va a utilizar este tipo de programa informático; además de un periodo permanente de monitoreo de la utilización de este tipo de programas informáticos”, puntualizó, “de modo tal que se garantice que no va a ser utilizado para el espionaje de personas físicas con actividades ilegales”, aseveró.
En cuanto a los señalamientos públicos más recientes sobre el programa, Domínguez Campos comentó que “si el programa fue utilizado de manera inadecuada, es importante que la Fiscalía General de la República revise el tema, analice este tipo de conductas y, si hay delitos que perseguir, que integren las carpetas de investigación correspondiente”, concluyó.
