No es exagerado afirmar que vivimos tiempos convulsos. Independientemente de las filias o fobias que cada quien pueda sostener, el cambio político que el país experimenta, comprobado en los resultados electorales de 2018, pero también confirmado en el reciente proceso del presente año, nos pone frente a un contexto nunca antes visto en la historia reciente del país. En estas circunstancias, el sistema de pesos y contrapesos, resultado de dos siglos de historia constitucional y cinco décadas de transición democrática, se enfrenta a desafíos nunca antes vistos. Ante una reconfiguración de una “nueva oposición”, el reacomodo de los medios de comunicación y la revolución que a cada semana enfrenta lo que conocemos como “agenda pública”, las instituciones surgidas del proceso de modernización política, a través de la constitucionalización del derecho administrativo, tienen hoy el tremendo reto de resistir la tentación del conflicto político y prestarse a desarrollar sus facultades, permitiendo prevalecer el cumplimiento de la Constitución, y con ello mismo, fortalecer la vida democrática que como comunidad nacional, decidimos darnos a partir de nuestra historia y sus particularidades.
Es así pues que, el naciente Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye a los propios sistemas de los estados, deben realizar un doble esfuerzo, para echar a andar los instrumentos y mecanismos que prevén sus respectivas leyes, y a su vez, implementar un ejercicio de comunicación social, apertura y legitimación, que implique su justificación en términos de interés y utilidad pública. Frente al poder, sea cualquiera su nicho, ejecutivo, legislativo o fáctico, las instituciones constitucionales de rendición de cuentas, tienen el deber no sólo de resistir, sino de no confundir su rol, y más aún, de contar con el suficiente respaldo social que haga de su tarea un asunto de eficacia no solamente burocrática, sino también comunitaria en su sentido más amplio.
Fortalecer las instituciones anticorrupción, tiene pues que ver con dos enfoques, distintos pero complementarios: el primero, a nivel político-institucional, que es el de articularse debidamente, consolidarse institucionalmente y jugar el rol que le corresponde, politizándose sin ser parte de la polarización, ni la partidización; el segundo, a nivel social-comunitario, informando de sus objetivos, metas y alcances, de manera amigable, entendible y que suscite el interés y el respaldo social que requiere su propia labor; e incentivando a todos los actores sociales a una participación más activa y sustancial.
Finalmente, es importante considerar las tareas que cada una las instituciones que forman parte del entramado del Sistema Nacional Anticorrupción y los estatales, tienen en lo individual, como parte de esa sistematización que los articuló y vinculó; pero también es tiempo de ir poniendo sobre la mesa su propia reforma y ampliación. La idea de incluir al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera, hay que volver a ponerla sobre la mesa. Nuestras instituciones anticorrupción tienen una gran tarea en los tiempos complejos y polarizados en que vivimos en México: cumplir con su labor constitucional e institucional, esquivando la vorágine del conflicto político que polariza y divide, para ser fiel a sus objetivos, frente a tirios y troyanos, una tarea que se dice fácil, pero que resulta ser el desafío más importante y complicado en nuestros tiempos. ■
@CarlosETorres_
