Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) aprobó el proyecto de acuerdo de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante el cual se avala el registro de las candidaturas para diputado local y presidente municipal de Ulises Mejía Haro y de Iván De Santiago Beltrán, respectivamente.
Este martes, en sesión extraordinaria, el IEEZ ratificó el proyecto de acuerdo emitido por el tribunal de forma que ambos, imputados por violencia de género, podrán participar en la jornada electoral del próximo 6 de junio.
El resolutivo señala que “se ordena al consejero presidente y al secretario ejecutivo del IEEZ que expidan las constancias de registro de las candidaturas correspondientes y se instruye al secretario ejecutivo a efecto de que informe a la Sala Regional Monterrey este acuerdo respecto al cumplimiento de la sentencia emitida”.
Se expuso que el Consejo General del IEEZ había acreditado el incumplimiento del requisito de elegibilidad consistente en tener un modo honesto de vivir de ambos candidatos, debido a que incurrieron en actos de violencia política de género, pero la sentencia estableció que la sanción emitida era excesiva, además que el hecho imputado no fue reincidente.
Es decir, el tribunal revocó tal resolutivo y como consecuencia mandató al Consejo General del IEEZ que se pronuncie sobre el cumplimiento del requisito de elegibilidad consistente en el modo honesto de vivir, ello con base en todos los elementos existentes en el expediente.
“En acatamiento a esta sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que se realiza este análisis considerando las conductas cometidas y el grado de cumplimiento a las medidas de no repetición impuestas por las autoridades competentes”.
En el caso de Ulises Mejía se dictaminó que realizó el cumplimiento las medidas de no repetición tales como regresar al personal a las sindicaturas que habían sido retiradas, no restringir el uso de vehículos y gasolina al síndico municipal y tomar algunos cursos de violencia política en razón de género.
Virgilio Rivera, presidente del IEEZ, manifestó que “la conducta existió, se sancionó y es firme. Se ha entendido a planitud que la autoridad electoral circunscribe su función a sujetar su conducta a derecho observando el principio de legalidad en su actuación”.
Afirmó que las evidencias eran tangibles, pero la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal “ha abierto un terreno más amplio para la interpretación jurídica que ofrece como resultado la votación que emitimos. Buena oportunidad para que todas las expresiones políticas encuentren una vía de participación en el escenario que nos proporciona la democracia “.
