15 años de combate por la libertad de expresión y el derecho a la información

15 años de combate por la libertad de expresión y el derecho a la información

Hace 15 años apareció el primer número de La Jornada Zacatecas, cuyo propósito principal ha sido la formación de ciudadanía, como pre-requisito indispensable para el fortalecimiento de la democracia y el bienestar de todos. La orientación de fondo que ha guiado nuestro trabajo cotidiano ha sido la de promover el desarrollo humano mediante programas y políticas públicas de factura socialdemócrata, encausando el debate de altura y respetuoso de la pluralidad política realmente existente en la entidad. Cuidado especial hemos tenido en que nuestros contenidos tengan calidad informativa y se ajusten a la línea editorial de La Jornada nacional, cuyos enlaces han sido en todo momento un gran apoyo para enfrentar y superar los retos que se nos han presentado. Estamos comprometidos en mantener esas cualidades.

Durante la pasada década y media, con trabajo constante y mucha capacitación hemos logrado configurar un periodismo de investigación que ya ha generado información útil para los zacatecanos, como los aspectos locales de La Estafa Maestra. Mención especial merece el premio nacional de periodismo otorgado en 2018 por el Club de Periodistas de México, A.C, por la cobertura y tratamiento de conflictos sociales provocados por la minería en la entidad. Esperamos retomar con más fervor esa linea de trabajo en cuanto el riesgo de contagio por Coronavirus en la entidad corresponda al semáforo verde.

También vale la pena rememorar los dos momentos en que estuvimos en riesgo de desaparecer como publicación zacatecana, como resultado de las decisiones tomadas por el gobierno saliente en 2010 y el entrante en 2016, expresadas en disminuciones drásticas en el monto de los contratos de publicidad gubernamental firmados con LJZ. Sólo el apoyo de la directora de La Jornada y de Demos S.A. de C.V. la comprensión de diversos acredores y, sobre todo, el compromiso de los trabajadores, hicieron posible la supervivencia de nuestro periódico. Esa circunstancia nos hizo valorar la necesidad de difundir la información más relevante necesaria para crear conciencia de la necesidad de que los estados deben establecer, para la contratación y distribución de la publicidad oficial, procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismos políticos en el reparto y de que los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, y de que la pauta estatal nunca debe ser asignada por las autoridades para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios.

Hemos sostenido, y lo seguiremos haciendo, que los recursos publicitarios nunca deben ser distribuidos discriminando, positiva o negativamente, de acuerdo a la línea editorial de los medios de comunicación porque ello atenta contra la libertad de expresión y está expresamente prohibido por la ley. Si bien no existe un derecho intrínseco a recibir recursos publicitarios por parte de los medios de comunicación, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que cuando el Estado asigna esos recursos en forma discriminatoria se viola el derecho fundamental a la libre expresión.

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