Para responder a la gran depresión mundial, a principios de los años 30 el presidente Franklin Roosevelt lanzó su programa keynesiano denominado Nuevo Acuerdo (New Deal), y los gobiernos de America Latina empezaron a tomar en cuenta los acontecimientos en el país del norte. Políticos como Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil, Ramón Grau San Martín en Cuba, el Frente Popular y Pedro Aguirre Cerda en Chile, junto a otros, impulsaron estrategias similares al Nuevo Acuerdo, algunas más radicales y otras más moderadas, configurando en las siguientes tres décadas incipientes estados de bienestar.
Pero en los años 80, la influencia de Estados Unidos se movió en la dirección contraria. En varios países de Latinoamérica, las crisis por la deuda externa y la elección de Ronald Reagan dieron paso al neoliberalismo. Carlos Salinas en México, Carlos Menem en Argentina, la dictadura de Pinochet en Chile; todos aplicaron ese modelo, la mayoría de las veces de manera más radical. Los derechos fueron transformados en mercancías.
A tres días del inicio de la presidencia de Joseph Biden, hay muchos indicios de que retomará la orientación de Roosevelt y cumplirá promesas muy importantes de su campaña: una nueva respuesta a la pandemia y a la subsecuente contracción económica, junto con un mayor impulso para reparar y ampliar la maltrecha red de seguridad social estadounidense, así como sus promesas hacia los jóvenes y los trabajadores podrían provocar un cambio correspondiente en Latinoamérica. El acceso universal a la atención médica y el cuidado infantil, impuestos más altos a los ricos, aumentos del salario mínimo, las pensiones y las prestaciones por desempleo, educación superior pública y gratuita y reducir o mitigar el cambio climático son temas que ya se encuentran en las agendas norteamericana y de latino américa. Si Biden logra implementar esa transformación interna de Estados Unidos, tendrá un impacto enorme en América Latina.
Parece evidente que los temas más importantes para México, Centroamérica y el Caribe serán la inmigración y las políticas de asilo. El gobierno de México fue sometido a gran presión por el presidente Trump para colaborar de manera determinante en frenar el flujo de migrantes provenientes de Centroamérica, cuando amenazó con imponer unilateralmente altos aranceles a nuestras exportaciones. Como resultado, México albergó a casi 80 mil solicitantes de asilo o inmigrantes de Centroamérica, Cuba, Haití y otras naciones en campamentos en condiciones muy lamentables a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Por ello, nuestro país sentirá un alivio cuando se elimine el Protocolo de Protección al Migrante. Biden lo prometió en campaña.
También es muy importante que el nuevo presidente está comprometido a impulsar en el Congreso una ley que prefigure una ruta hacia la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados en EU, gran parte de los cuales provienen de México, Centroamérica y el Caribe, y a insistir en la aprobación definitiva del proyecto de ley de los dreamers, impulsado por el gobierno de Barack Obama, que beneficiará a más de 700 mil jóvenes principalmente provenientes de México y Centroamérica.
Si Biden cumple otra de sus promesas, una buena cantidad de recursos serán transferidos a Guatemala, Honduras y El Salvador. Los 4000 millones de dólares que se destinarían a esos países superan los fondos que él mismo distribuyó durante el gobierno de Obama como director del plan Alianza para la Prosperidad. Estos recursos no detendrán la migración, mucho menos la violencia, pero la diferencia en el enfoque será evidente de manera inmediata.
Lo mismo puede ocurrir en la lucha antidrogas; el anuncio de la legalización de la marihuana enviará otro mensaje a todos los países productores o de tránsito de las drogas en América Latina. Un cambio tan radical en la política antidrogas estadounidense y en la actitud en torno al asunto propiciará discusiones y reformas en muchos lugares. No olvidemos que los altos índices de violencia y corrupción en la región están relacionados directamente con la guerra que libra contra el narcotráfico a petición del gobierno estadounidense.
Otro tema que el nuevo presidente abordará, presionado por los legisladores demócratas progresistas y sindicalistas, con el que podría mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos, es el de asegurar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y laborales en el tratado de libre comercio con México y Canada (T-Mec). Biden tiene tanto el interés como la capacidad para hacerlo.
Biden puede pasar a la historia porque pretende reconstruir un estado de bienestar estadounidense digno de ese nombre, otorgar a los millones de personas socialmente marginadas la red de seguridad social que se merecen. Y, finalmente, porque puede inspirar a los latinoamericanos, especialmente a los mexicanos, a seguir en ese camino. El gobierno de México podría hacer avanzar una buena parte de la cuarta transformación aprovechando la nueva narrativa que llegará del norte. ■
