El 12 de diciembre de 2015 se concertó el Acuerdo de París, el cual tiene como propósito estabilizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para evitar la temperatura global aumente por encima de los 2 grados Celsius, no obstante, a cinco años de haberse celebrado la gran mayoría de los países que asumieron el Acuerdo ha presentado compromisos insuficientes para cumplir con esta meta. El nivel de responsabilidad de las partes interesadas se refleja en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), en éstas normalmente se incluye un objetivo para reducir las emisiones de CO2 en una cierta cantidad y tiempo determinado, así como una descripción de los impactos del cambio climático según el contexto y cómo se llevará a cabo la adaptación al mismo; cabe destacar que cada país tiene la libertad de definir sus propias NDC para sumarse a los esfuerzos de mitigación y adaptación, en función de sus circunstancias, recursos y capacidades. A la fecha en el mundo, incluyendo a México, con las NDC tal y como están la temperatura en el planeta aumentará en entre 3 y 4 grados Celsius para el año 2100, lo que podría traer consecuencias catastróficas. En este sentido, este año en el marco del quinto aniversario del Acuerdo de París, los países deben presentar la revisión de sus compromisos aplicando un principio de progresividad el cual se vincula con el establecimiento de metas más ambiciosas para lograr la neutralidad de emisiones de carbono en el 2050.
En el caso de México, de acuerdo con Boletín de Prensa Núm. 203/20 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicado el 14 de diciembre, durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), presidida por la titular de Semarnat, María Luisa Albores González, se aprobó la actualización de la NDC y se destacó su vinculación con la Política Climática Nacional como una forma de reforzar su cumplimiento. Sin embargo no es posible hablar de una actualización de la NDC, al únicamente ratificarse el compromiso original asumido en 2015, de reducir en 22 por ciento las emisiones de GEI y 51 por ciento de carbono negro al 2030, a pesar de que se tenía previsto aumentarlas a un 36 y 70 por ciento, respectivamente. De acuerdo con La Jornada (Nacional), el gobierno mexicano realizó una consulta pública al respecto, donde representantes de la sociedad civil, academia, empresas y gobiernos pertenecientes a la Alianza para la Acción Climática de México, lamentaron que no se hayan incorporado sus inquietudes y sugerencias para incrementar el nivel de responsabilidad en torno al cambio climático. Asimismo, Excélsior refirió que la decisión de refrendar las metas fue tomada a ciegas, pues Marco Antonio Heredia Fragoso, secretario técnico de la (CICC) refirió que no se sabe el estado de los avances en el cumplimiento de la NDC asumida en 2015; además, el director general de Políticas para el Cambio Climático de Semarnat, expuso que la administración anterior no estableció una metodología para cuantificar los resultados al no existir una vinculación del Acuerdo de París con programas o acciones específicas.
Lo expuesto anteriormente no exonera a las autoridades de aumentar su compromiso y esfuerzos en materia climática, pues la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está vigente desde diciembre de 2018 por lo que tuvo algo de tiempo para realizar estimaciones acerca de los avances de la NDC; a esto se le suma la política energética que favorece significativamente a Petróleos Mexicanos (Pemex), principalmente con la construcción de la refinería de Dos Bocas y que da pie a una mayor producción y consumo de combustibles fósiles; y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual a pesar de que está analizando la posibilidad de invertir 12 mil 180 millones de pesos en energías renovables en 2021, continua empleando en cantidades considerables combustóleo y carbón para la generación de energía eléctrica, lo que ha llevado en el caso de los gobiernos de la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Querétaro y el Estado de México, a solicitar a la Comisión la reducción del uso de estos combustibles en la temporada invernal ya que los contaminantes pueden disparar o agravar los casos de Covid -19.
Uno de los avances más importantes del Acuerdo de París es la incorporación de perspectivas relacionadas con los derechos humanos, como el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades rurales, entre otros, al insertarse el cambio climático como un factor fundamental a enfrentar para lograr el desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva, enmarcar los derechos humanos dentro de los impactos del cambio climático es, al igual que la Covid – 19, reconocerlo como un ampliador de desigualdades que afecta con mayor intensidad a los más vulnerables y cuyo tratamiento puede revertir la situación. En este sentido, la falta de una mayor ambición en la NDC, muestra una falta de compromiso no solo con el combate de la emergencia climática, sino también es un reflejo del desinterés hacia el desarrollo sostenible, que es fundamental para cerrar con mayor solidez las brechas de desigualdad. Este actual es totalmente contradictorio, de un gobierno que se autodenomina como la Cuarta Transformación.
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