El debido proceso tiene razón de ser: es la garantía mínima que puede evitar que el poder actúe con arbitrariedad y cometa las más atroces injusticias. El caso de la doctora Azucena es muy importante porque permite revelar el estado de la cuestión de los organismos responsables de procurar la justicia: sin el mínimo rigor en los procedimientos legales. Es cuando los agentes del Estado se convierten en delincuentes organizados.
El caso de la doctora zacatecana que trabaja en Durango corre el velo del estado de salud de las instituciones del Estado. El hecho de que fuera secuestrada por los policías y la presunta promoción de ese acto por parte de la delegada del IMSS, es un evento que revela una extraordinaria gravedad. Amén de las investigaciones que tendrá que hacer la Fiscalía General de la República, dado que ahí hay delitos muy delicados por parte de las autoridades implicadas, el modus operandi es el de la delincuencia organizada: uso de la fuerza sin procedimiento, forzamiento de declaración y amenazas a la vida, por una orden fuera de las relaciones institucionales. Debemos preguntar, aun cuando fue de forma temporal, ¿se puede hablar de desaparición forzada? Porque hubo desaparición en una instalación ajena (casa de seguridad) por parte de agentes del Estado de una persona física. Pues de ese tamaño son las preguntas.
Por tanto, la ciudadanía debemos exigir que se abra una investigación a la fiscal de Durango, a la delegada del IMSS de Tamaulipas y a los elementos policiales que actuaron en el evento, además de sus mandos intermedios. Y la investigación la deben realizar no sólo la Fiscalía General de la República, sino la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, recordemos que esta última tiene la facultad de investigar en estos casos. ¿Por qué la delegada del IMSS tiene el poder de mandar secuestrar a una persona con agentes policiales? Es poco creíble que el poder de hacer eso le venga de su puesto como delegada del Seguro Social. ¿Qué redes de complicidad hay entre la delegada y la fiscal? El caso llama a muchas interrogantes, y todas están determinadas por el modus operandi con el que actuaron y que es propio de la delincuencia organizada.
Tres funcionarios federales deben actuar con prontitud: Gertz Manero, Zoé Robledo y Rosario Piedra. Y no sólo investigar para fincar responsabilidades de quien resulte, sino para garantizar la vida y bienestar de la familia de la doctora Azucena. Se le deberá trasladar a Zacatecas para estar cerca de su familia y las protecciones debidas a las amenazas bajo las que se encuentra. Es muy importante que la ciudadanía presione a los gobiernos para que este caso se resuelva y sentar el antecedente de no impunidad. Estamos cansados de que las instituciones del Estado sean usadas por poderes fácticos que hacen de la justicia un arbitrario garrote privado. El caso que ahora comentamos es una radiografía de dichas instituciones, y queremos que el diagnóstico lleve a un tratamiento contundente de la enfermedad institucional que narramos. Esta situación lleva al miedo y a la ira de la población. No puede dejarse impune.
