Erradicar desaparición forzada, reto del Estado mexicano: Encinas

Erradicar desaparición forzada, reto del Estado mexicano: Encinas
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, durante la ceremonia de ayer por la conmemoracion del Día Internacional de los Derechos Humanos, en la Casa Espacio de los Refugiados, en la Ciudad de México. Foto La Jornada

Ciudad de México. Erradicar la desaparición forzada de personas es uno de los principales retos que tiene en país en materia de derechos humanos, pues durante décadas esta “práctica deleznable” fue una política de Estado, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

Al ofrecer, a nombre del Estado mexicano, una disculpa pública a los familiares de Christian Téllez Padilla, Jesús Israel Moreno Pérez y Víctor Manuel Guajardo Rivas, desaparecidos en Veracruz, Oaxaca y Coahuila, respectivamente entre 2010 y 2013, el funcionario federal ratificó el compromiso de México de someterse al escrutinio público de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con lo cual sus resoluciones tienen un carácter de cumplimiento obligatorio.

En la ceremonia realizada en la Secretaría de Gobernación, Helen Tigroudja, experta del Comité de Derechos Humanos de la ONU, calificó, a través de un video, que en los tres casos hay “violaciones graves” a los derechos humanos, y que la disculpa pública, aunque es muy importante, es apenas el primer paso para una reparación integral.

“Para el Comité, también es importantísimo que los hechos se investiguen. Y en un contexto tan grave, la forma principal de reparación, es brindar la luz sobre los hechos y fincar responsabilidades criminales. Para el Comité este acto de disculpas a los familiares es importante, pero es la primera etapa del reconocimiento de violaciones graves a los derechos humanos, y evitar su repetición en un futuro”, dijo.

En su intervención, y ante funcionarios de los estados implicados, el subsecretario Encinas dijo que las desapariciones forzadas son para el gobierno de México su “máxima prioridad” en materia de derechos humanos, y dio instrucciones no escatimar esfuerzos ni recursos para dar con el paradero de estas tres personas.

Citó que de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, actualmente hay más de 79 mil 600 personas desaparecidas. “Es nuestra herencia más dolorosa y nuestro reto principal que tenemos que atender en todos y cada uno de estos casos”.

Con este acto, que forma parte de la resolución emitida hace casi un año por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es la primera ocasión en que el Estado mexicano ofrece disculpas por violaciones graves cometidas en desapariciones forzadas. Incluso, el pasado 2 de octubre, México depositó la declaración por la que reconoce la competencia del Comité para conocer las comunicaciones o denuncias individuales por violaciones de estos actos.

En el acto, también intervinieron Maria Eugenia Padilla García, madre de Christian; Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel, y Hortensia Rivas Rodríguez, madre de Víctor Manuel, quienes relataron de manera breve la forma en que todos estos años se les ha negado la justicia y obstaculizado dar el paradero de sus hijos.

Carlos Moreno Zamora dijo que su familia no podía aceptar las disculpas públicas, pues antes es necesario, entre otras cosas, una voluntad política de localizar a su hijo Jesús Israel y un plan de búsqueda.

Juan Carlos Gutiérrez, representante de los familiares de las víctimas y director de la organización Idheas, reconoció este primer paso que representa el ofrecimiento de disculpas públicas, pero advirtió que los casos continúan en la impunidad.

Recordó también la posición asumida por el gobierno mexicano durante los litigios internacionales que llevaron a la actual resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la que negaban muchas de las imputaciones, por lo que llamó a las autoridades modificar esta postura en la política del litigio internacional.

Incluso recriminó a la actual Fiscalía del Estado de Oaxaca por la postura asumida aún tras esta resolución del Comité, en la los familiares y su representación legal han sido “maltratados”

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