México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año. Aunque esta cifra es poco realista porque, es un hecho, sólo es denunciado uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil.
La inoperancia del sistema de justicia penal y civil ha provocado la revictimización de los niños. Aun cuando el abuso sexual infantil es un problema social, de salud y significa múltiples delitos, las autoridades estatales siguen sin perfeccionar las herramientas de justicia y salud, y optan por invisibilizar la problemática.
En Zacatecas, el pasado abril, una niña fue violada el día de su cumpleaños en el municipio de Guadalupe, donde un conocido de 16 años, la invitó a subir a su auto para darle un “regalo” y terminó alcoholizándola y ya inconsciente fue violada vaginal, anal y oralmente. Sus familiares habían tratado de llamarla, pero no contestaba, hasta que por fin vieron el coche volver, ya de madrugada, con ella pidiendo auxilio. Retuvieron al presunto agresor hasta que llegó una patrulla: como el acto violento todavía estaba en curso en ese momento, se considera legalmente que fue una detención en flagrancia.
Sin embargo, a pesar de que la culpabilidad fue demostrada, el agresor puede ser absuelto por irregularidades, la violación al debido proceso, producto de la corrupción de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas como del Tribunal de Justicia local.
La niña acudió a denunciar el día 3 de abril en la madrugada, ya en el MP, tuvo que esperar seis horas para empezar las diligencias, que son los dictámenes periciales básicos en un delito de violación. Fue mantenida durante todo este tiempo en la misma sala que la familia del violador, expuesta a humillaciones y agresiones en todo momento.
Pareciera que la justicia zacatecana ha decidido aceptar las argucias de la defensa del presunto violador, representado por el ex director de Investigaciones de la Procuraduría de Justicia (hoy convertida en fiscalía). La FGJ aceptó un informe clínico falso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aunado a evidencias que no están relacionadas con el caso. Asimismo, tampoco solicitaron el perfil genético de los residuos que se encontraron en vagina de la niña y no compararon las huellas dactilares encontradas en el carro donde habría ocurrido la violación.
A pesar de estar en el primer lugar a escala mundial en abuso sexual infantil, México tiene los presupuestos más bajos para combatir este grave problema, ya que sólo 1% de los recursos para la infancia está destinado a la prevención y protección del abuso sexual y la explotación, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Aunque México ha ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de delitos sexuales contra menores de edad los casos siguen siendo una constante. El INEGI señala que el delito de violación alcanza a mil 764 niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil menores y adolescentes de 12 a 17 años, mientras los tocamientos ofensivos y manoseos llegan a 5 mil 89 casos por cada 100 mil menores y adolescentes.
No es posible que en nuestro país tengamos que luchar para llevar a la cárcel a los agresores de nuestras niñas y niños. Es lastimoso que, en México y Zacatecas, llevar a los agresores ante la justicia, procesarlos y condenarlos sea un calvario, aunado a la lucha civil para evitar que los agresores sean liberados.
Queremos trabajar con todas y todos los zacatecanos para garantizar la justicia a cada niña y niño agredido y construir un Zacatecas y un México que no signifique el peligro en los espacios más íntimos de nuestros hijas e hijos. Necesitamos un lugar donde la justicia y el amor sean una constante.
No podemos liberar violadores, no podemos defender a los agresores. Amamos a nuestras hijas e hijos y queremos para ellos un mundo mejor.
*Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República.
