En la antesala del proceso electoral intermedio 2020-2021, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por unanimidad de los grupos políticos nombró el miércoles pasado a nuevos 4 consejeros electorales del INE. Con mayoría calificada de 399 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, los asignados son: Norma Irene de la Cruz; Carla Astrid Humphrey Jordán; José Martín Fernando Faz y Uuc-Kib Espadas Ancona. Su cargo durará nueve años del 27 del presente mes hasta el 26 de julio de 2029. Dos de ellos, recibirán un sueldo mensual de $ 262,634.00, el resto $ 134,520.00. Sustituyen a los salientes; Pamela San Martín Ríos y Valles; Marco Antonio Baños Martínez; Enrique Andrade González y Benito Nacif Hernández.
Así, tenemos integrados a los once consejeros electorales: Lorenzo Córdova Vianello; José Roberto Ruiz Saldaña; Adriana M. Favela Herrera; Ciro Murayama; Diana Paola Ravel Cuevas; Beatriz Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez. Para los cinco primeros mencionados, su sueldo será de $ 262, 634.00 y los dos últimos de $ 134,520.00.
Como se aprecia, son los funcionarios que mejor cobran en todo el aparato del Estado Mexicano, incluso más que el presidente Andrés López Obrador. Se rehúsan a bajar su sueldo bajo el argumento, de que son perfiles autónomos e incorruptibles.
Siendo el Instituto Nacional Electoral un organismo público, autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participa el Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos previstos legalmente, en el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán sus principios rectores.
Ahora bien. Dicho organismo cuenta con un Consejo General que es su órgano central. A su vez, está integrado por los 11 consejeros electorales; por consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos.
Las próximas elecciones serán muy importantes para nuestro país. Además de diputaciones y ayuntamientos, se habrán de elegir 15 gobernadores. Justamente es el INE el guardián electoral, porque tiene la facultad constitucional de organizar y vigilar los comicios. Por los salarios que perciben los consejeros electorales, observamos que representa un costo muy alto garantizar un proceso “pulcro” que tenga como objetivo realizar elecciones libres, sin compra de votos, ni campañas sucias, o recursos financieros fuera de la ley, así como aquellos vicios que por mucho tiempo han caracterizado a los procesos electorales de México, que se traducen en conflicto post electorales
Si a esos gastos, agregamos los que corresponden a papelería; vehículos; sueldos de personal de base y eventual que se contrata durante el proceso; compra de bienes muebles y/renta de inmuebles, el costo que genera este organismo es muy elevado. Pero además, contamos con los correspondientes institutos electorales en cada una de las entidades federativas, y en los distritos electorales y municipales en que se encuentra dividida la geografía electoral del territorio mexicano.
Por otro lado, los conflictos post electorales obligan la intervención de la autoridad jurisdiccional que en la materia es el TEPJF. Y, en su ámbito correspondiente, las autoridades en cada uno de los Estados.
Todo por la desconfianza ciudadana en los resultados electoral…
Los conflictos pos electorales en México no son nuevos. Por eso, ha sido el reclamo de un sistema electoral democrático. Y, no obstante las múltiples reformas que en esta materia se han realizado, aún no ha quedado satisfecho.
No daba aún nuestra República sus primeros pasos cuando al grito de “Viva Guerrero y Lobato, y viva lo que arrebato”, se comete el primer fraude electoral del México independiente. Esto ocurría en las segundas elecciones de la República, en las que contendieron los generales Guerrero y Gómez Pedraza por la Presidencia.
El general Gómez Pedraza impugnó los resultados electorales aduciendo que el general Guerrero había obtenido un triunfo espurio resultado de irregularidades electorales. Ello se tradujo en el primer conflicto post electoral, que derivó en el saqueo de los almacenes comerciales del Parián, que en aquel entonces se localizaban en el Zócalo de la Capital. Así, la historia se sigue por más de un siglo y medio, dando cuenta de las elecciones federales ilegales hasta hace algunos años e inequitativas hasta los más recientes.
Los momentos de democracia electoral en nuestra historia han sido más bien escasos. Quizá el más cercano a nosotros a nivel nacional, fue aquel en el que participó Francisco I. Madero, hace ya más de cien años. Desde entonces, el reclamo por un sufragio electivo ha encontrado poco eco. Un marco jurídico deficiente y poco equitativo, combinado con una autoridad electoral, casi siempre alejada de su condición imparcial, ha dado como resultado que los procesos electorales federales, nunca hayan logrado regularidad democrática anunciada en cada una de las reformas político-constitucionales que se han realizado en el régimen posrevolucionario.
A través del tiempo y en pleno siglo XXI existen avances electorales muy significativos, el ejemplo más rotundo es la histórica elección federal de 2018, que dio el triunfo presidencial a AMLO.
El INE como guardián electoral, tiene la palabra en el proceso 2020-2021. ■
