■ La causa, obras realizadas durante 2018; dinero provino del Fondo de Aportaciones Múltiples
■ Se accedió a los recursos a través de un convenio firmado entre la Universidad y el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace)
■ Entre los señalamientos, se advierte que la BUAZ no presentó el informe sobre la capacidad técnica, maquinaria, personas y recursos con los que contó para llevar a cabo las obras
■ No aportó la garantía de los defectos que pudieran tener los trabajos ni la evidencia de que las obras fueron concluidas
En la realización de obras en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas durante 2018 con recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública del país por casi 20 millones de pesos.
Este dinero provino del Fondo de Aportaciones Múltiples y a él se accedió a través de un convenio firmado entre la institución educativa y el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace).
La auditoría, en la primera entrega del Informe de Auditoría de la Cuenta Pública 2018, señala que “en el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, lo que generó el posible daño de 19 millones 807 mil 900 pesos.
En un primer momento, el monto de recursos no comprobado fue de 28.7 millones de pesos pero, a lo largo del proceso de auditoría, el Gobierno estatal solventó las observaciones de 9.7 millones de pesos por lo que queda pendiente por aclararse el destino de los 19.8 millones de pesos antes referidos.
Entre los señalamientos hechos directamente a la BUAZ se advierte que ésta no presentó el informe sobre la capacidad técnica, maquinaria, personas y recursos con los que contó para llevar a cabo las obras y tampoco aportó la garantía de los defectos que pudieran tener los trabajos ni la evidencia de que las obras fueron concluidas.
Además, no demostró que hubo una correcta supervisión y ejecución de los trabajos y la ASF observa también que la UAZ “subcontrató la ejecución de los trabajos del convenio, sin la autorización expresa del Inzace, ni atendió lo establecido en la materia, de conformidad con la normativa local”.
Por estos hechos, se determina también una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad o su equivalente “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos” que cometieron estas omisiones e irregularidades.
También hay una segunda Promoción de Responsabilidades dirigida al Gobierno estatal en la que se instruye a la Secretaría de la Función Pública a que investigue a los funcionarios estatales que permitieron, de igual forma, esta situación y que no presentaron la evidencia documental de la vigilancia que tuvieron que hacer para garantizar el correcto ejercicio del recurso.
En la aplicación de este fondo, tanto en la parte de los recursos aportados a la BUAZ como en otros proyectos de infraestructura básica, donde también hubo observaciones, la ASF refiere que el Gobierno estatal “careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las regularidades determinadas en la auditoría”.
Señala que se incumplieron las obligaciones en materia de transparencia ya que los informes sobre el destino de este presupuesto “carecieron de calidad y congruencia”, por lo que “en conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas no realizó un ejercicio eficiente de los recursos del fondo”.
