La aprobación en lo general de la Ley de Seguridad Interior (LSI) ha desatado un intenso debate. Por un lado, están quienes resaltan sus riesgos e implicaciones negativas. Por el otro, aquellos que sostienen que la LSI es necesaria dadas las circunstancias actuales de nuestro país.
Uno de los puntos medulares sostenido por quienes se encuentran en contra de la LSI, es que abre la posibilidad de violentar las garantías de los ciudadanos. Esta afirmación implica que una mayor presencia de las fuerzas armadas en las labores de seguridad interior, sería equivalente a un incremento en el número de veces que se viola el debido proceso.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 nos permite aproximarnos a la actuación de las autoridades durante uno de los momentos más delicados en la procuración de justicia; el arresto. Esto permite aportar elementos al análisis de las potenciales implicaciones de la ley.
De acuerdo con dicha encuesta, en 2016, 211 mil personas de 18 años y más se encontraban privadas de la libertad en Centros Penitenciarios. Esto equivale a una tasa de 251 personas por cada 100 mil habitantes de 18 años y más. Esta tasa es más baja que la registrada en Estados Unidos (aproximadamente 756 prisioneros por cada 100,00 habitantes) y más alta que la registrada en Europa (115 por cada 100 mil).
En principio, la encuesta estima que 5.2% de los reclusos registrados en 2016 fueron arrestadas por el Ejército, 1.7% por la Marina, y 8.1% por la Policía Federal. El resto (85%) fueron detenidos por corporaciones locales.
Un segundo dato interesante es el porcentaje de arrestos en el que a autoridad tenía una orden de detención. Al respecto, solamente en 7.4% de los arrestos llevados a cabo por Policías Municipales las autoridades presentaron una orden de detención. Este porcentaje mejora un poco para llegar a 11% en el caso de las Policías Estatales, y 23% para Policías Ministeriales. Sin embargo, baja a 8.4% para la Policía Federal, 2.9% para el Ejército y 3.4% para la Marina.
Ahora bien, algunos arrestos se dieron en el momento de la comisión del delito por lo que sería difícil tener una orden de detención. Este es el caso para 22% de las detenciones llevadas a cabo por el Ejército, 17% de los arrestos en los que intervino la Marina y 19% de los arrestos operados por la Policía Federal. Por su parte, el 17% de las Policías Municipales, 13% de las Policías Estatales y 5% de las Ministeriales realizaron los arrestos durante la comisión del delito.
Un área gris de los arrestos es aquella que se da justo después de que ocurriera el delito. En esos casos resulta imposible tener una orden de detención y además se puede acusar como presunto responsable a alguien que no necesariamente estuvo implicado. La mayoría de las detenciones llevadas a cabo por las Policías Municipales (38%) se dieron bajo estas circunstancias. Similarmente, 27% y 18% de las detenciones de las Policías Estatales y Ministeriales, respectivamente, sucedieron de esta manera. En lo que respecta a corporaciones federales, 11% de las detenciones hechas por el Ejército, 12% de las detenciones de realizadas por la Marina, y 14% de las llevadas a cabo por la Policía Federal sucedieron justo después de que sucediera el delito.
Estos tres tipos de detenciones – con orden de detención, duramente la comisión del delito o justamente después – equivalen al 51% del total de todas las detenciones. El resto fueron llevadas a cabo sin una orden de detención mientras los presuntos responsables se encontraban al interior de algún lugar o en la calle.
Por ejemplo, del total de detenciones realizadas por instancias locales 44% fueron llevadas a cabo sin una orden de detención tiempo después de que se haya realizado el delito. En 45% de estos casos, las autoridades locales detuvieron a alguien sin orden de aprensión sacándolo del lugar dónde se encontraba y en 43% se le detuvo mientras caminaba por la calle. El Ejército, por su parte, realizó 62% de las detenciones sin una orden y sin estar presentes al momento del delito o justo después de su realización. En 45% de estas ocasiones, el posible criminal fue detenido dentro de algún lugar y en 41% en la calle.
En resumen, el Ejército (y las fuerzas federales en general) realizaron arrestos sin orden de detención cuando las circunstancias lo exigían con mayor frecuencia que las corporaciones locales. Sin embargo, las corporaciones locales realizan arrestos sin orden de aprensión justo después de la comisión delito con mayor frecuencia. Esto requiere un análisis más profundo de que pasa en estos casos y al mismo tiempo resalta que otorgarle mayores facultades al Ejercito si implica riesgos evidentes.
El siguiente paso es analizar bajo que circunstancias se dieron cada uno de estos arrestos, algo a lo que dedicaremos la siguiente entrada en este espacio. ■
