Después de la Segunda Guerra Mundial, diferentes países lograron establecer el Estado de Bienestar porque creían en la responsabilidad del Estado para construir la ciudadanía social: el ideal de que los derechos sociales de salud, educación o pensiones fueran garantizados por el Estado y, al mismo tiempo surgieron organizaciones sociales propias de economías centradas en la producción y de carácter industrial: los colectivos gremiales o sindicatos obreros. Pero desde la década de los 80 se inició la globalización neoliberal, el cambio del Estado socialdemócrata a políticas económicas de corte neoclásico y una sociedad no ordenada por la producción sino por el consumo. Así, los cambios han sido enormes en pocos años: la globalización quita poder de decisión real a los estados nacionales y otorga una relevancia sin precedente a las corporaciones multinacionales; las políticas neoclásicas de economía apuestan todo a las aperturas comerciales, porque sus dogmas dictan que el propio comercio internacional se constituye en el motor mismo del crecimientos económico de las naciones, y el trabajo deja de tener su centro en procesos industriales, y con ello, componentes post-industriales e informáticos impulsan el cambio de perfil laboral.
En la sociedad nacional-industrial, el trabajo se convirtió en el eje mismo que ordena al todo social; entre otras cosas, es a través del trabajo-formal que se distribuyen los derechos sociales. Por ello, los servicios de salud y las pensiones dependen de que las personas tengan un trabajo formal: los derechos están colgados del trabajo. Pero cuando las condiciones de trabajo se ven flexibilizadas por influencia de la globalización, la apertura comercial y la sociedad centrada en el consumo, los sindicatos empiezan a perder fuerza política y simbólica, y con ella, las condiciones de los derechos que dependían del trabajo comenzaron a flaquear.
Pues bien, ahora estamos en una circunstancia donde el Trabajo está debilitado y fragmentado, frente a un Capital que pone todas las condiciones. Y los gobiernos se han convertido en simples empleados del poder económico sin voluntad para resistir. Así las cosas, la pérdida de los derechos laborales ha sido descomunal: caída de poder adquisitivo, la capacidad organizativa disuelta, y previsión social incierta.
Es la realidad del derrumbe de los derechos. Y la clase política adaptada a las ‘exigencias del nuevo orden’: promoviendo las reformas legislativas para hacer legal dicho derrumbe. Hacen legal la mercantilización de los derechos: las pensiones las manejan la banca privada, y las pocas prerrogativas en salud son de tan mala calidad, que todo mundo huye a la atención privada. Los aguinaldos y las primas de antigüedad, se ven amenazados para los trabajadores, pero no para los políticos.
Esto es, mientras los políticos legislan el derrumbe de los derechos, se aseguran los suyos propios. La separación de la nata de políticos profesionales respecto al grueso de la sociedad, hace que se conviertan en una clase social aparte: otros salarios, otros aguinaldos, otras pensiones, otros servicios médicos. Y aseguran su vida privada con recursos públicos. Ética política líquida, que liquida las retribuciones laborales.
