Esta semana, en Morelia, se dio a conocer una estrategia gubernamental para atender la crisis de inseguridad y violencia que se vive en Michoacán; el presidente Enrique Peña Nieto informó que Gobierno Federal destinará 45 mil 500 millones de pesos durante este año para diversas acciones en materia de desarrollo en la entidad: economía familiar y empleo, educación y cultura, infraestructura y vivienda, salud y Seguridad Social y desarrollo social y sustentabilidad.
El anuncio es una buena noticia en la medida en que va más allá de las maneras en la que Gobierno Federal mexicano ha intentado, hasta ahora, contener la violencia y la erosión del Estado de Derecho en la entidad referida: mediante despliegues militares y policiales espectaculares; en cambio, ha venido evitando la toma de decisiones de fondo para revertir la descomposición social –la cual constituye el caldo de cultivo para el auge de la delincuencia y la ingobernabilidad– como el fomento a las actividades productivas, la generación de empleo, el gasto público en educación e infraestructura, la promoción del desarrollo económico y el bienestar social.
La inseguridad y la violencia en Michoacán puede ser el futuro previsible en todos los estados, pues es conocimiento que la ingobernabilidad es producto de una cadena de omisiones e irresponsabilidades atribuibles a las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales, desde hace una década han faltado a sus tareas y obligaciones fundamentales de garantizar la vida, la integridad física, el patrimonio y el libre tránsito de la población; han permitido la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones de seguridad pública de los tres niveles y han abandonado a su suerte a la población ante el embate de esos grupos. Esas omisiones ocurren en distinto grado a todo lo largo y ancho del país.
Por desgracia, lo que ocurre en Michoacán no es un asunto aislado ni regional, sino parte de la descomposición institucional en el país; de hecho, las debilidades del Estado, su consiguiente pérdida de control territorial y la inseguridad y la ingobernabilidad resultantes no se circunscriben a los municipios michoacanos en disputa ni a la región de Tierra Caliente –si bien es ahí donde se expresan de manera más aguda en el momento presente–, sino que se extienden por buena parte del territorio nacional.
En suma, aun cuando el anuncio formulado ayer por Peña Nieto es plausible y saludable, la proliferación de escenarios tanto o más graves que el michoacano pone sobre la mesa la necesidad de adoptar medidas similares en lo nacional a fin de revertir las consecuencias de varios lustros de abandono de las obligaciones gubernamentales para con la población.
Es deseable que la Federación muestre esa intención y sobre todo la inversión en estados como Zacatecas que históricamente se ha visto desdeñado por los inquilinos de Los Pinos y que sin ella poco pueden hacer los gobiernos locales para sacar del atraso a nuestro estado. Así como con justa razón Gobierno Federal va en auxilio de Michoacán, debemos plantear que Zacatecas requiere inversiones igualmente importantes.
