La situación que actualmente vive el estado de Michoacán articula diversas posturas y ángulos de análisis, sin embargo como punto de partida para la presente reflexión es necesario aclarar que el arribo de las fuerzas federales a este territorio en días pasados para supuestamente restablecer el orden no parte de la escalada de violencia e inseguridad que anidan en esa entidad desde hace más de 10 años, ni siquiera se debe a la enorme expansión de las actividades de los Caballeros Templarios en la zona. La disposición federal de enviar tropas y artillería pesada se debe estrictamente a la ola de autodefensas que comenzó a desplazar al narco municipio a municipio. Dicho de otro modo, las acciones anunciadas por Miguel Ángel Osorio Chong, y ahora formuladas como una estrategia a cargo del titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo, obedecen a la coyuntura generada por las autodefensas, y no a una intención previa del gobierno para restablecer el orden en Michoacán. En este sentido pesa sobre el Gobierno Federal la responsabilidad de no haber garantizado durante años la seguridad de los michoacanos, y llama la atención que en lugar de enfocarse en la aprehensión de las cabecillas templarias –como han demandado los grupos de autodefensa-, la prioridad haya sido despojar a la población de sus armas, lo cual derivó incluso en el asesinato de varios civiles por parte de elementos del Ejército. De este modo el primer golpe por parte del gobierno no fue contra el crimen organizado, sino contra los civiles, lo que generó la suspicacia de que la verdadera intención es debilitar a las fuerzas sociales y no a los Templarios.
Sin embargo dicha suspicacia ha tomado la forma de una sólida hipótesis a la luz de tres acontecimientos recientes: a) la dudosa tentativa de aprehender capos; b) el frágil teatro montado por Televisa y comandado por Joaquín López Dóriga; c) la falta de una estrategia real para mermar el poderío y penetración de este cártel en la economía local.
Sobre el primer punto destaca la detención de Joaquín Negrete Arriaga, alias El Allegretti (miembro clave de los Templarios), la cual recuerda la aprehensión de Jaime González Durán, alias El Hummer, fundador del grupo de sicarios de los Zetas; la presentación ante las cámaras de Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, o la presentación de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40. El común denominador entre estas aprehensiones es la notable “oportunidad” con que las fuerzas federales las concretaron en momentos de tensión y exigencia por parte de una sociedad civil que reclamaba resultados. Sin embargo la actitud de El Allegretti también se asocia con el cinismo de una Barbie que veía con indiferencia y desprecio a sus captores, y en especial recuerda el empeño de las autoridades por preservar los derechos humanos del Z-40, al grado que ni siquiera se consideró necesario trasladarlo esposado. En el caso de El Allegretti, ha sido el propio Osorio Chong el encargado de reafirmar que los capos detenidos gozarán de absoluto respeto a sus derechos humanos, lo cual si bien forma parte de sus garantías individuales, no deja de contrastar con la vulnerabilidad social y el atropello de derechos que padecen los michoacanos.
Durante las últimas horas también destaca el arribo tardío de militares y policías a las zonas donde hay enfrentamientos entre autodefensas y Templarios, lo que de acuerdo a declaraciones de los ciudadanos apunta al menos a una deficiente labor de las autoridades, pero también vigoriza las voces que denuncian la complicidad de las fuerzas federales con los criminales. Esta suposición gana claridad si se considera que la recompensa de 130 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece por la captura de los 17 líderes Templarios resulta una ironía ante los cientos de denuncias que de manera formal e informal han hecho comerciantes, campesinos, policías e incluso miembros de la iglesia, como el obispo de Zamora y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Javier Navarro, o el obispo de Apatzingán (quien desde 2013 definió la situación como un “Estado fallido” compuesto por la corrupción de las autoridades y la protección que brindan a los Templarios) del paradero específico de las cabecillas templarias.
El segundo punto refleja una maniobra que sobrepasa las “presentaciones a modo” de narcos que Televisa y Tv Azteca llevan a cabo en razón de ser los principales beneficiados de los contratos publicitarios que les brindan las fuerzas federales.
La tergiversación de datos en el noticiero de Joaquín López Dóriga sobre las declaraciones de José Manuel Mireles rebasa la irresponsabilidad periodística y apesta a una tentativa por desarticular a los civiles en resistencia, lo cual ha denunciado el doctor Mireles, quien atribuye la acción al propio Gobierno Federal.
El tercer punto es el más complejo y a la vez el menos explorado. Las autodefensas emergen primordialmente por la escalada de hiperviolencia que la delincuencia organizada ejerce contra la población, y en ese sentido la propuesta de Gobierno Federal se limita a ofrecer garantías de seguridad pública, omitiendo de facto –y de manera muy conveniente- el enraizamiento del problema. Y es que desde hace años se ha denunciado el control que los Templarios tienen sobre diversas ramas de la economía de Michoacán, tanto formales como informales. De acuerdo a los propios cuerpos de seguridad nacionales, citados por In Sight Crime, los Templarios controlan una red de negocios ilícitos que incluye los secuestros, las extorsiones, la venta de droga y armas, la trata de personas y las apuestas. Sólo de este giro se calcula que obtienen más de 670 millones de pesos por año. No obstante, sus tentáculos también alcanzan a los negocios establecidos, y se estima que controlan bares, antros, restaurantes, hoteles, tiendas de calzado, ropa, electrodomésticos.
Un punto clave de este enraizamiento es el Puerto de Lázaro Cárdenas, el cual les representa una ganancia anual de 970 millones de pesos anuales a partir de controlar el ingreso de todo tipo de mercancías. Sin embargo su autoridad no se limita a lo que entra por este acceso de la costa del Pacífico, sino que también exportan hierro a China para satisfacer la enorme demanda del gigante asiático de este mineral. Para concretar estas operaciones de gran calado los Templarios cuentan con una extensa red de complicidades que abarcan la sobreexplotación de recursos mineros y humanos en las minas de hierro, la complicidad de aduanas, empresarios, intermediarios y transportistas, además de que ejercen un férreo dominio en prácticamente todas las comandancias de policía en sus zonas de injerencia, así como en múltiples funcionarios de todos los niveles de gobierno.
La presente estrategia de Gobierno Federal está -al menos por el momento- muy lejos de representar una solución a este enraizamiento, y el mejor ejemplo de la desorganización e improvisación por parte de las autoridades se hizo evidente con la imposibilidad del encargado de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo, de responder a la periodista Carmen Aristegui la simple pregunta de dónde se localizará la oficina que en Michoacán dirigirá como titular de dicha comisión.
Es claro que aun cuando los Templarios fueran desplazados quedaría pendiente sacar la “radiografía” de su dominio en la economía local, y ello implica deslindar responsabilidades tanto de gobernantes como de empresarios coludidos, lo que de entrada representa explorar un laberinto de alianzas y pactos hilvanados por muchos intereses. Sin embargo este laberinto se inserta a su vez en un laberinto mucho mayor, pues los Templarios representan sólo un cártel de al menos 10 de enorme preponderancia en México, los cuales tienen tanto o más dominio que los Templarios, y los cuales a su vez están ramificados en más de 90 grupos criminales que operan en todo el territorio nacional. De este modo Michoacán es sólo la punta de la madeja, y la duración de la luz que en esta profunda oscuridad han encendido las autodefensas, dependerá de que en primer lugar no cedan a la intención del Gobierno Federal por desarmarlas y minimizarlas, y en segundo término de que el vigor de la sociedad civil que empieza a movilizarse no se extinga con la desaparición de la hiperviolencia, sino que alcance un mayor nivel de exigencia para que haya un saneamiento integral del poderío y penetración de los cárteles que actualmente operan en México. ■
