Se aproxima la celebración de la 34 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (en adelante Consejo), la segunda bajo la administración del presidente Peña Nieto, por lo que es oportuno reflexionar sobre esta instancia de coordinación y definición de políticas públicas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, particularmente en lo que se refiere al papel que debiera jugar la sociedad civil.
Hasta diciembre de 2012, el Consejo ha celebrado 33 sesiones ordinarias y dos extraordinarias, alcanzando solamente de enero de 2007 a diciembre de 2012 un total de 115 acuerdos sobre importantes materias como la evaluación y certificación policial, el desarrollo de Plataforma México, la adopción del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y la creación de Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, por mencionar algunos.
Si bien es cierto que en el seno del Consejo se han impulsado programas y acciones fundamentales para promover la eficacia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también lo es que hay cuentas pendientes no sólo sobre las aspiraciones ciudadanas en materia de seguridad, sino sobre el cumplimiento de los propios acuerdos de este órgano colegiado. Entre ellos destacan acuerdos como los siguientes.
Proceso de conformación de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro.- En la sesión del 12 de diciembre de 2012 se amplió nuevamente a un año el plazo para el establecimiento de estas Unidades, no obstante el trabajo y el tiempo invertidos hasta ahora.
El cumplimiento del Convenio de Colaboración para la Unificación, Integración, e Intercambio de Información en Materia de Personas no Localizadas, a fin de integrar, a más tardar en marzo de 2012, la información correspondiente al registro de personas no localizadas.- Hasta febrero de 2013 el registro no estaba integrado, como quedó evidenciado con las declaraciones de la Subsecretaria Lía Limón y del Subsecretario Eduardo Sánchez, quienes reiteraron que las cifras dadas a conocer estaban sujetas a “corroboración” y presentaban “altas inconsistencias”.
En materia de controles de confianza se propuso una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para ampliar el plazo establecido para la evaluación por un periodo improrrogable de 365 días naturales.- A pesar de la importancia de las evaluaciones de confianza, se propone ampliar el plazo legal establecido originalmente para su cumplimiento.
En este recuento de las sesiones 2007-2012 del Consejo llama la atención que en términos de los acuerdos documentados en actas, la sociedad civil ha jugado un papel directo en sólo cuatro sesiones. Destaca particularmente que en enero de 2007 se sometieron a estudio diez propuestas concretas formuladas por México Unido contra la Delincuencia, y que en agosto de 2012 por primera vez se acuerda que cinco representantes de la sociedad civil asistan a las sesiones del Consejo como invitados permanentes.
En el contexto de seguridad actual y dados los importantes pendientes en esta materia es claro que las organizaciones de la sociedad civil deben buscar mayores espacios de participación para impulsar el cumplimiento de compromisos. Es la sociedad civil la que debe participar para evitar que la integración de las Unidades Especializadas en
Combate al Secuestro y la aplicación de controles de confianza se prolonguen indefinidamente, sin razones sólidas que justifiquen el retraso. Es la sociedad civil quien debe exigir cuentas sobre la aparente necesidad de analizar nuevamente el Mando Unico Policial, después de tres años de haberse acordado su implementación.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en su artículo 13, fracción 16, que el Consejo tiene la facultad de “establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública”.
Dado que con su simple presencia la sociedad civil se convierte en “validadora” de las decisiones tomadas en las sesiones del Consejo, el objetivo debiera ser que las organizaciones tengan una participación real en las actividades del Consejo.
Para hacer efectivo el establecimiento de “mecanismos eficaces para que la sociedad participe” que prevé la Ley se podría instalar una mesa o grupo de trabajo que acompañe la preparación de la agenda y las sesiones del Consejo, de tal manera que las organizaciones conozcan con antelación mínima la información que se presentará y por tanto estar en condiciones de aportar sustancia a la discusión. Por otro lado, podría permitírsele a las organizaciones de la sociedad civil representadas incluir un tema en el Orden del Día o dentro de Asuntos Generales para información o discusión.
Es un acierto que en agosto de 2012 se acordara la participación de cinco representantes de la sociedad civil como invitados permanentes y que en su primera sesión el Presidente Peña reconociera la importancia de la participación ciudadana; sin embargo, se deben dar los siguientes pasos, más allá de la mera asistencia a las sesiones. La sociedad civil debe alejarse de los roles de acompañamiento decorativo y asumir su papel como promotor de la rendición de cuentas de las autoridades.
En un Estado democrático hay ciertos pesos y contrapesos institucionales y legales, sin embargo es necesario reconocer que en la práctica han mostrado limitaciones y debilidades. De ahí la importancia de la participación activa de la sociedad civil organizada, como motor de la efectiva transparencia y rendición que subsane las fallas y omisiones del sistema. ■
*Investigadora de México Evalúa
