Por un lado, ese que se repunta hoy como Presidente de la República accedió en su momento al cargo con alrededor de un 38 por ciento de las preferencias electorales, mientras que el más cercano de sus contrincantes consiguió sumar 32 por ciento de los sufragios, dejando treinta puntos porcentuales sin una definición clara para ninguno de los dos principales proyectos que buscaban darle entonces, forma al rostro del rumbo que debía tomar país. En todo caso, ese 30 por ciento dejó en claro la perspectiva de que las acciones del gobierno tendrían que presentarse con el barniz de la legitimidad, o en todo caso habría que desarrollarlas con el recato de la luna, a fin de no promover exabruptos con aquellos que no estuvieron abiertamente a favor de la agenda política que desde entonces enarboló el actual partido en el poder. En suma, se ha estado gobernando sin el beneplácito de dos tercios de los electores.
Para subsanar lo anterior se ha montado el más pintoresco acto circense en nuestro país, desde el abrazo de Acatempan: el Pacto por México, vulgar ardid nacido desde la más elevada verticalidad del Partido Revolucionario Institucional, que ha buscado legitimar el ejercicio del poder, tratando de conciliar las diferencias ideológicas que tiene este partido con otras visones políticas nacidas desde instituciones análogas, y que tristemente según la legalidad, hacen la función de únicas bridas reconocidas por el Estado, para dirigir el ímpetu del potro desbocado que es México.
Con todo, se olvidan los que han diseñado el Pacto, del vacío de legitimidad que la clase política hoy padece, y que se ha generado por un habitual proceder pleno de incongruencia. Es decir que el Pacto por México ha pretendido enviar el mensaje de que se está gobernando el país con la aprobación de todos aquellos que en su momento, votaron por opciones distintas al PRI. Hay que tener cuidado con esto, porque es un sofisma nocivo, y los que han construido y fomentan este equívoco, lo hacen sacando provecho de las laxas ramificaciones jurídicas que promueven malas interpretaciones de la legalidad establecida, y su justificación la encuentran en una derivación lógica perversa, que bien podría sintetizarse en la siguiente oración: si me apropio de un ideal, me apropio también de los idealistas que le otorgan sustento.
La Soberanía Nacional -me han dicho-, radica esencialmente en el pueblo. El hecho de que el pueblo tenga representantes, quienes están motivados por ideales políticos circunscritos a partidos, no significa que la soberanía esté constreñida a tales institutos, significa en todo caso que nos han arrebatado a los ciudadanos el derecho de hacer política por canales verdaderamente públicos, y que el país por tanto está secuestrado por los intereses de una oligarquía. Entonces, el sujeto que posa su encopetada glútea en la silla del águila, supone que porque ha vendido con éxito su proyecto, a los “representantes” de los dos tercios de opiniones que están en contra del gobierno actual, tiene ya por ello un cheque en blanco para decidir el destino de todos los mexicanos. Se equivoca, y ni el Pacto por México, ni otras medidas que buscan ganarse el favor de la opinión pública, son suficiente motivo para promover modificaciones a la Constitución.
Por otro lado, la reforma energética es fundamental para el desarrollo de la nación, todos lo sabemos, o al menos lo intuimos. Específicamente es necesario pasar por el ojo de la aguja a Petróleos Mexicanos, transparentar sus cuentas, reformular su sindicato y sobre todo, permitir y promover la reinversión de sus activos en su propio desarrollo, porque pareciera estar la empresa en un lodazal que por sistemático, se antoja provocado, y cuyo fin aparentemente radica en buscar generar inestabilidad financiera. Es decir que para capitalizar más el provecho que Pemex derrama sobre nuestro país, no se requiere hacer alteraciones a la Constitución, además de que por lo dicho aquí mismo párrafos arriba, una reforma constitucional es improcedente, debido que el gobierno que la promueve anda escaso de legitimidad, pues no ha conseguido amalgamar la voluntad popular, a pesar de que sí ha logrado enajenar todos sus estandartes partidistas.
Es requerimiento la implementación de verdaderos mecanismos democráticos, para siquiera atreverse a sugerir, la clase de cambios que hoy desde la Presidencia de la República se están sugiriendo hacer a la Constitución. No porque se hayan comprado algunos líderes políticos, la voluntad popular que ellos representan se modifica con su venalidad. Se debe exigir, en todos los casos que se pretenda alterar la literalidad constitucional, que la autoridad promueva antes un plebiscito, porque ya son muchas vueltas a la tuerca, sin considerar la resistencia de la rondana. ■
