Una de las muchas perplejidades que genera el modelo utilitarista de maximización de la utilidad personal fue explicada en la revista Science, en 1968, por Garrett Hardin. En resumen consiste en lo siguiente: un bien común, administrado por individuos que tratan de maximizar su utilidad personal, termina por ser destruido a pesar de que ninguno de sus administradores obtiene ganancia de ello. A esta situación se le ha denominado: “tragedia de los comunes”, y en diferentes formulaciones se utiliza para explicar las catástrofes ecológicas provocadas por la acción humana. Lo paradójico le viene de que la conducta racional individual conduce a un resultado que nadie persigue y que a nadie beneficia. La tragedia de los comunes, descrita por Hardin en el caso del problema del óptimo poblacional, apareció, como comenta Hardin en el artículo citado, en 1833 en un artículo de William Foster Lloyd en donde usó como ejemplo pastores que dejan pastar sus ovejas en un campo que les pertenece en común. La conclusión de Foster Lloyd es que dejados a su propia acción de maximización del beneficio, los pastores agotaran el campo. Se puede ver de inmediato como un argumento contra la mano invisible del mercado y la necesidad de la acción estatal, pero también como un argumento en favor de la eliminación de todos los bienes públicos. La UAZ es un bien público que pertenece a todos. ¿Ha logrado escapar de la tragedia de los comunes? No, no lo ha hecho y las recurrentes crisis en su financiamiento muestran que no puede, y seguramente no podrá, escapar de ello. Se ha alegado que el problema reside en un “presupuesto insuficiente”, pero no se considera que, dada la libertad que tiene la UAZ de decidir su crecimiento, siempre ha decidido crecer más. Y lo seguirá haciendo cuando tenga más recursos, hasta agotarlos de nuevo y exigir aún más. Es una variante del problema demográfico que describió Hardin en su artículo.
Y enfrenta otro problema derivado de las obligaciones contractuales adquiridas con una parte de su personal, que consiste en el incremento anual de recursos para mantener pensiones y jubilaciones. Por lo tanto la UAZ tiene una doble presión: el crecimiento de su población en activo y el costo creciente de sus jubilados. Para esto último se propuso, y se estipuló en el contrato colectivo de los académicos, la formación de ahorros. Sin embargo esto resultó imposible dado el costo de una nómina creciente por las nuevas contrataciones.
Dada la agudeza de la problemática durante los últimos veinte años se han intentado soluciones, como la ya mencionada de los ahorros, pero todas se han planteado como soluciones técnicas que no logran atajar la auténtica dinámica de la Universidad. Una de ellas consistió, durante el Congreso General de Reforma de 1999, en la inclusión de castigos a los administradores que violaran los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica y los reglamentos de ella emanados. Pero no funcionó debido, entre otras cosas, a la inoperancia de los Consejos de Área, de Unidad y del Consejo Universitario. Inoperancia promovida por los directores y el rector para tener la capacidad de tomar decisiones de manera unilateral y de esa manera, en buena lógica utilitarista, incrementar sus beneficios personales o de grupo. Estas son las raíces de la tragedia que envuelve a la UAZ: el funcionamiento de la implacable lógica utilitarista de los grupos internos vuelve los problemas inmanejables al grado de que, hoy por hoy, la solución de los mismos ya no es técnica, ya no se puede creer que modificaciones en la legislación y buena voluntad podrán resolver problemas. Son insolubles. Y eso nos sume en un nuevo problema. El carácter público de la UAZ le viene de su régimen de propiedad, ya que pertenece a todos los zacatecanos, y se manifiesta en su forma de gobierno colegiada en la que todos sus miembros tienen representación, voz y voto en diferentes proporciones. Si queremos preservar ese carácter público se deben seguir puntualmente los artículos de la Ley Orgánica, hoy día en el olvido. Y si no se está de acuerdo con ellos, es necesario convocar a toda la comunidad universitaria a discutirlos; ya que la autonomía, aunque a muchos disguste, continua siendo de toda la comunidad universitaria, y no únicamente de los administradores actuales que la han privatizado por la vía de los hechos cobrando cuotas al margen del Consejo Universitario, omitiendo reportar los ingresos de cada Unidad y utilizando las cargas de trabajo para castigar y premiar. Creemos, como Hardin invocando a Hegel, que nuestra libertad yace en el reconocimiento de nuestras necesidades. ■
