El presidente Andrés Manuel López Obrador en su más reciente libro “A la Mitad del Camino” nos brinda un resumen de manera sencilla de lo realizado en los primeros tres años de su gobierno. El libro se divide en cuatro capítulos donde refleja los retos enfrentados hasta el momento, los logros alcanzados para sentar las bases de la cuarta transformación, sustentada ésta en el combate frontal de la corrupción y de la impunidad; en una política de austeridad republicana; en el regreso y fortalecimiento a la inversión pública, sin privatizaciones de los bienes públicos, terminando con los grandes negocios de empresas privadas nacionales y extranjeras con el gobierno a costillas del pueblo. También habla de los desafíos pendientes y de lo que se hará en la segunda mitad de su mandato para lograr la autosuficiencia energética, el crecimiento y desarrollo en regiones del país abandonadas; el aprovechamiento económico, comercial y laboral que representa el T-MEC. Todo ello, para alcanzar el Estado de Bienestar de la población.
Andrés Manuel López Obrador en su libro manifiesta gran satisfacción de haber logrado las reformas constitucionales para eliminar el fuero al Presidente y la Revocación del Mandato, ésta última como un procedimiento de democracia participativa, bajo la premisa de que el pueblo es soberano, el pueblo “pone y quita” y siempre debe mantener en sus manos las riendas del poder. Con esta reforma, en lo sucesivo nadie podrá confiarse que fue electo por seis años y aunque realice un mal gobierno y el pueblo lo rechace se le tiene que soportar hasta el final de su periodo. Este ejercicio de democracia participativa, de evaluación del desempeño de los gobiernos por la ciudadanía a la mitad del mandato como Presidente de México, gobernador o alcalde dará como fruto mejores gobiernos, ya que de lo contrario serán revocados.
En la primera parte del libro el Presidente nos muestra como su Gobierno se ha dedicado a separar el poder económico del poder público, combatiendo a una inmensa red de corrupción creada en 36 años del periodo neoliberal, la cual se ha venido desmantelando poco a poco en estos primeros tres años de la Cuarta Transformación, como ejemplos de ello, está la cancelación de 187 fideicomisos creados para otorgar concesiones a grupos de interés empresariales, organizaciones civiles, académicos e intelectuales, quienes son defensores del régimen de corrupción y de privilegios. Esta eliminación de fideicomisos representó ahorros de 126 mil millones de pesos, los cuales se han dirigido al desarrollo y bienestar de los más pobres del país.
De igual manera la eliminación de las condonaciones de impuestos de los grandes contribuyentes (monopolios nacionales y extranjeros), que tan solo en los dos últimos sexenios se beneficiaron con condonaciones por 366 mil 174 millones de pesos. El combate a la corrupción aunado a la política de austeridad republicana, ha generado en lo que va del gobierno de López Obrador ahorros de un billón 400 mil millones de pesos, lo que ha permitido reorientarlos a los programas sociales para el Bienestar.
Asimismo, la renegociación de varios contratos leoninos y abusivos firmados por administraciones anteriores amparados en el influentísimo, como es el caso de las altas tarifas que se pagaban por la renta de siete gasoductos por el servicio de transporte de gas natural a empresas trasnacionales. Simplemente con estas renegociaciones de tarifas se lograron ahorros a la CFE por 3 mil 500 millones de pesos anuales.
Otro ejemplo de la red de corrupción tiene que ver con el tema de las medicinas, el Presidente en este capítulo exhibe como solo 10 empresas acaparaban el 79.6% del gasto en medicamentos, hablamos de un gasto de 241 mil millones de pesos, que equivale al presupuesto de un año de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco juntos.
Para cumplir el compromiso de garantizar la atención médica de calidad y medicamentos gratuitos se inició un proceso de planeación de compra de triple optimización basado en primer lugar en planear la compra de lo que deciden los expertos de la medicina y no lo que quieren los proveedores; así se realizaron nueve grupos de medicamentos focales para la atención de las nueve enfermedades que más padecemos en el país con los mejores especialistas de cada institución, quienes propusieron los mejores tratamientos para los pacientes. En segundo lugar, se estandarizaron los tratamientos para que todo el sector de salud ofrezca los mismos medicamentos para los mismos padecimientos, y por último se construyó un Compendio de Insumos para la Salud, con la demanda de todas las instituciones y una sola política de contrataciones públicas para lograr las mejores condiciones de precio y calidad, donde se invita a participar a laboratorios de todo el mundo con la colaboración de una filial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este esfuerzo de diversificar las adquisiciones de medicinas llevó como beneficio comprar de forma más rápida y eficiente los medicamentos de calidad, sin sobreprecios; generando ahorros a la fecha de 18 mil 919 millones de pesos que representa el 20% del presupuesto programado para este año, ahorros generados solo por el hecho de abrir el mercado a la participación de 244 empresas con registro sanitario de ocho países. Para ello, se tuvo que modificar el marco jurídico, reformando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ya que la propia ley prohibía las compras de otros países, así hubiera mejores medicamentos y más baratos en el extranjero. Eran leyes hechas para empresas y no para las personas.
Otro entuerto fueron las cárceles de lujo con jugosas ganancias de empresas privadas. Durante el Gobierno de Felipe Caldearon se celebraron contratos leoninos de adjudicación directa para la construcción y operación de ocho reclusorios, los cuales representaban un gasto por 288 mil millones de pesos que debía pagar el Gobierno Federal en 22 años por la prestación de servicios a las empresas particulares. Si lo anualizamos, semejante carga representaba el 67% del total de los recursos ejercidos por el organismo penitenciario federal en 2020; además estos contratos al término de su vigencia estipulaban que las empresas serían beneficiadas con la propiedad de los centros penitenciarios ¡qué bonito negocio! Por supuesto estas empresas estaban vinculadas a políticos, amparándose en el tráfico de influencias. Ese año se pagaron 14 mil 145 millones de pesos, lo que equivale a un costo diario por recluso de 4,336 pesos, como si fuera el pago de un hotel de cinco estrellas ¡Así eran los negocios de los gobiernos neoliberales, un verdadero atraco!
Se consiguió con los empresarios la disminución de pagos, lo que significa un ahorro del 15%, es decir, alrededor de 41 mil 493 millones de pesos, y además al finalizar los 22 años de los contratos, los centros penitenciarios pasarán a ser propiedad del Gobierno. Para dimensionar el esfuerzo de enderezar este entuerto que comenta el Presidente en su libro, solo en esta administración los ahorros serán de 10 mil 782 millones de pesos.
Nos leemos en la siguiente publicación de la columna “La marcha continúa”, donde abordaremos el cómo se regresó a la inversión pública con la ejecución de obras de infraestructura, ¡claro! con presupuesto federal sin contratar deuda y sin entregar concesiones.
¡El trabajo todo lo vence!
