La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) contiene los acuerdos que el pueblo mexicano ha construido durante dos siglos para establecer sus relaciones de convivencia y fortalecer su cohesión como nación independiente; en ese sentido se puede hablar que en la Carta Magna está contenido el Pacto Social fundamental que da identidad al pueblo de México y sustenta su convivencia pacífica y su independencia económica y política. Ahí están definida cuestiones básicas como el Estado al que aspiramos y el régimen que permite definir, entre otras cosas, quién conduce al Estado y con qué propósitos.
En distintas publicaciones, Guillermo O´Donell propone una serie de definiciones muy útiles para entender de qué estamos hablando. Para iniciar propone que el Estado es:
Un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (la mayor parte de ellas sancionadas y respaldadas por el sistema legal de ese estado) que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar geográficamente. Esas instituciones tienen como último recurso para efectivizar las decisiones que toman, la pretensión de monopolizar la autorización legítima de los medios de coerción física, y además pretenden ejercer supremacía en el control de dichos medios, que algunas agencias especializadas del mismo estado normalmente ejercen sobre aquél territorio.
Entiende por régimen:
Los patrones, formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidos para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales.
Nos interesa aquí en especial un subtipo del anterior, un régimen democrático.
Según el mismo autor, este es uno en el que:
El acceso a las principales posiciones de gobierno se logra mediante elecciones que son competitivas e institucionalizadas y en el que existen, durante y entre esas elecciones, diversas libertades políticas, tales como las de asociación, expresión, movimiento y disponibilidad de información no monopolizada por el estado o por agentes privados.
Además de lo ya apuntado sobre el estado en general, un Estado que contiene un régimen democrático se trata de:
Un Estado en el que el sistema legal sanciona y respalda los derechos y libertades del régimen democrático, y donde las instituciones pertinentes actúan en dirección a efectivizar e implementar esos derechos. Asimismo, es la unidad que delimita el electorado-los ciudadanos políticos-implicados por la existencia de aquél régimen.
Puede además decirse que en la medida en que un Estado satisface esos aspectos e impulsa la expansión y consolidación de las diversas ciudadanías (civil, social y cultural, además de la política) implicadas por una democracia más plena, va dejando de ser un estado que sólo alberga un régimen democrático, para convertirse, en la medida que va impulsando y garantizando otras ciudadanías, en un estado realmente consonante con la democracia, un Estado de y para ellao, más simplemente, un Estado democrático. Este es:
Un Estado que además de sancionar y respaldar los derechos de ciudadanía política implicados por un régimen democrático, por medio de su sistema legal e instituciones sanciona y respalda una amplia gama de derechos emergentes de la ciudadanía civil, social y cultural de sus habitantes.
De acuerdo con las definiciones de O´Donell, la CPEUM determina que el estado mexicano debe tender a ser un estado democrático, en el que sus instituciones, burocracias y su sistema legal deben garantizar la vigencia de los derechos de toda la población; asimismo, la Carta Magna establece las fuentes de financiamiento para ello, en especial que la explotación de los recursos naturales estratégicos estará exclusivamente en manos del estado.
Todo lo anterior permite concluir que la propuesta de reforma energética de Enrique Peña Nieto no solo implica un profundo cambio en la naturaleza de las industrias petrolera y eléctrica, sino que induce una aceleración de la mutación del estado mexicano hacia el estado ideal de los neoliberales: el estado mínimo. Si el estado comparte las utilidades del sector energético nacional con las empresas trasnacionales, y continua la rebelión de los ricos a pagar impuestos, el estado no dispondrá de los recursos necesarios para garantizar los derechos humanos de los mexicanos y se alejará del estado prefigurado en la CPEUM y se fracturará el Pacto Social.
Es importante anotar también que el régimen político también sufrirá un mayor alejamiento del ideal democrático, pues las corporaciones petroleras tenderán a capturar con su dinero porciones fundamentales del estado mexicano. Si de por si nuestras elecciones ya están contaminadas por el abuso del dinero ilegal en campañas por candidatos y partidos, y por la parcialidad del sistema de medios de comunicación, especialmente la televisión, la presencia cada vez mayor de las trasnacionales petroleras conducirá a que las posiciones de mando del estado sean mayoritariamente ocupadas por políticos a su servicio. Y nuestra larga transición no desembocará en un estado democrático sino en una corporatocracia (gobierno de y para las corporaciones) mesclada con cleptocracia (gobierno de y para los corruptos). Qué horror.
