■ Sostienen fomentará el comercio ilegal y la caída en ventas de productores y expendedores
La Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVYL) y la Asociación de Centros de Esparcimiento Social del Estado de Zacatecas manifestaron su “rechazo tajante” a la aprobación del impuesto de 4.5 por ciento a la venta final de vinos y licores propuesto por el gobierno de Alejandro Tello Cristerna dentro de su Paquete Económico 2017 para su aprobación en la 62 Legislatura.
Sostienen que fomentará el comercio ilegal y el consumo de bebidas que no atienden a las normas fiscales o sanitarias, la compra transestatal, y por tanto, la caída en las ventas de los productores y expendedores formales.
Consideraron en voz de Gerardo Ancira Martínez, director general de la CIVYL que “un impuesto de esta naturaleza puede ser un incentivo perverso para que haya bebidas muy económicas y que en la población vulnerable que son los jóvenes zacatecanos, se genere un posible consumo mayor”.
Agregó que el impuesto que se propone tiene un fin meramente recaudatorio sin buscar el cuidado de la salud pues el incremento de los impuestos a los vinos y licores no desalienta su consumo sino que lo hace transitar a bebidas baratas, o en este caso, constituiría un beneficio a una de las categorías, la cerveza (que no será gravada), y por tanto la discriminación de las otras que sí lo serán, entre ellas, los vinos de origen zacatecano.
Trajo a colación las experiencias de los estados de Campeche y Nayarit para señalar que aunados, los gobiernos tuvieron problemas para cobrar el citado impuesto generando burocracia que resultó más costosa que los recursos que pretendían obtenerse por esta vía, y que en el último caso, sólo pudo recaudarse según cifras de 2015, menos del 50 por ciento de la proyección inicial estimada.
Ancira Martínez puso a consideración que los vinos y licores pagan 53 por ciento por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) más el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que están sujetos a un gravamen total de 77 por ciento por cada botella.
La recaudación nacional al cierre del año 2015 en la venta de vinos y licores alcanzó los 11 mil 500 millones de pesos, de los cuales la Federación distribuye el 20 por ciento (alrededor de 2 mil 300 millones) a los estados.
Dijo entonces que “Zacatecas recibe una parte importante de estos 2 mil 300 mdp por su contribución actual”, que advirtió podría hacer decrecer si implementa el citado impuesto a la venta final de estos productos, pues el alza en los gravámenes incentiva a los mercados ilegales y la evasión fiscal.
La propuesta a los legisladores y la administración estatal, fue una “invitación a la reflexión” del panorama integral que implicaría la aprobación de este gravamen, y la coadyuvancia de los miembros de la CIVYL y la Asociación de Centros de Esparcimiento Social para elevar la recaudación participable para Zacatecas desde este sector.
Mencionó que el incremento del IEPS del 50 al 53 por ciento entre 2010 a 2013 implicó la caída de las ventas en la industria y a la par, el incremento, pero en un 40 por ciento de la ilegalidad en el sector, pues cuatro de cada 10 botellas o implicaban la evasión de impuestos o eran bebidas apócrifas.
Esto originó la propuesta de la Civyl al SAT, la Secretaría de Salud a través de la Cofepris y la Profeco, de establecer un convenio de colaboración que implicó la vigilancia de aduanas, la modificación del marbete de las botellas para su lectura con tecnología QR que implica el conocimiento de la información del fabricante y la denuncia de los puntos de venta sospechosos de incumplir con las obligaciones fiscales o sanitarias.
Las medidas consiguieron que sólo en 2015 la confiscación y destrucción de más de 5 millones de bebidas apócrifas, dijo.
Este mismo convenio es el que se propone implementar a Gobierno del Estado en lugar de la aprobación del impuesto de 4.5 por ciento a la venta final de vinos y licores en Zacatecas.
Ancira Martínez explicó que si actualmente se reparten entre las 32 entidades federativas participaciones correspondientes al 20 por ciento de la recaudación nacional del sector, estos 2 mil 300 mdp, el Gobierno del Estado está recibiendo actualmente (según una estimación, pues dijo desconocer el coeficiente preciso ya que es información reservada por la Federación), más del doble de los 3 millones de pesos que pretende obtener con esta medida.
Con la coadyuvancia de la Civyl, que dijo implica una “cadena de ojos y oídos” que ayudaría a detectar en donde están los focos rojos de la ilegalidad, se incrementarían la recaudación por el IEPS federal para el estado de Zacatecas, pues el gravamen se calcula en base a la contribución porcentual que cada gobierno estatal aporta a la Federación.
Por su parte Jorge Roberto Sanders, presidente de la Asociación de Centros de Esparcimiento Social del Estado de Zacatecas manifestó que propondrán luego de haber expresado su desacuerdo con este impuesto, que se hagan campañas de prevención de adicciones, pues dijo, comparten la preocupación de las autoridades sobre este tema.
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