La detención de Pedro de León, y la vinculación a proceso de Ramón Sosamontes regresaron la estafa maestra a la atención pública a que había disminuido con la liberación de Rosario Robles, el personaje público de más alto nivel involucrado en el tema.
Pero la estafa maestra, si bien tuvo como tronco común al gobierno federal de Peña Nieto, tuvo también la colaboración de instituciones de educación superior que la hicieron posible, entre ellas la Universidad Autónoma de Zacatecas.
La justicia, o siquiera las imputaciones, poco han llegado a estas instituciones, al menos de forma tan contundente como ocurrió con los exfuncionarios federales.
Por el contrario, en ese y en otros casos, las universidades públicas permanecen como islas de impunidad intocadas que han escapado hasta ahora de los esfuerzos por combatir la corrupción.
No es por supuesto que no la haya, por el contrario, más bien parecería que en ellas se ha alcanzado tal nivel de entramado de múltiples y recíprocas complicidades, que sus protagonistas se sienten cada vez más seguros, porque saben que su caída implica la de muchos más.
Los propios universitarios son víctimas de esto porque en la medida que son parte de ello, cómplices, o cuando menos tolerantes con esta circunstancia, se cierran espacios para el crecimiento y estabilidad laboral, y avanzan más en la espiral de incertidumbre financiera que les abruma.
El costo de permitir prestaciones que saben a privilegios por no estar sustentadas en la ley, o no cumplir con los requisitos para acceder a ella, o de tolerar la invención de plazas para familiares y cercanos de las élites con la esperanza de que una de esas “escurra” hasta los demás, es, entre otros, la acumulación de docentes que trabajan por honorarios y que esperan hasta un semestre para cobrar salarios devengados.
También ha aumentado el ingreso a la UAZ de políticos locales sin vida académica previa, que gracias a sus diez horas clase encuentran legitimación pública a una pretendida intelectualidad políticamente rentable.
No habría lugar al sospechosismo de favores políticos en ello si hubiera transparencia y equidad en el ingreso laboral a la universidad, pero con frecuencia las convocatorias en la materia están diseñadas con candados que hacen elegibles sólo a quienes ya cuentan con la bendición rectoral, gubernamental, y/o legislativa.
Habrá que decir que también hay en ellas candados creados justo para evitar la corrupción, pero su efectividad es cuando menos cuestionable.
Parecía acertado inicialmente que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) únicamente brindara estímulos económicos a quienes trabajaran en instituciones públicas, para dejar de subsidiar el lucrativo negocio de la educación superior a costa del erario. No obstante, este candado hace imposible el ingreso a estos espacios a quienes se encuentran fuera de un circulo mafioso que no hace más que perpetuarse.
Se requiere ser parte del SNI para integrarse a la universidad pública sin -¿o con menos?- “padrinos”, pero se requiere ser parte de ella para recibir un estímulo económico del SNI.
El sistema sirve pues para la legitimación de quienes contaron con la bendición familiar, romántica, sexual o política que permitió su ingreso laboral en la educación pública.
En reciprocidad, las instituciones de educación superior también lucran con la legitimidad y la confianza social que se tiene al emblema universitario.
Éste es de gran rentabilidad para quienes han encontrado el negocio de sus vidas en venderle agua tibia a dependencias gubernamentales, que pagan millones porque se les diga desde la soberbia académica, con lenguaje técnico y logotipo universitario, lo que sus propios trabajadores saben ya basados en su expertise y preparación, muchas veces desapercibidas para jefes burocráticos y rotativos que nunca se toman el tiempo de conocerles.
Como en cualquier actividad humana y colectiva justo es decir que no son todos los que están, ni están todos lo que son. Pero la rentabilidad de los emblemas universitarios que permitió tanto la estafa maestra como los negocios de pequeña escala aquí citados, existe y mengua en la medida que el desprestigio social alcanza a las instituciones de educación superior por ser partícipe de esto.
No se ve en los universitarios ninguna intención de frenar esto desde sus instancias. No investigan, no sancionan, no se hacen cargo de la responsabilidad que conlleva uno de sus más grandes tesoros: el de la autonomía universitaria. En su salud, y la de sus bolsillos, lo hallarán.
