Los ardides son numerosos en la guerra, cualquier estrategia que resulte fructífera será bienvenida aun siendo una bajeza. Si bien, en el territorio nacional no hay una guerra declarada, existen muchos frentes de batalla, en los que la lucha que se efectúa es por el control de recursos naturales, incluidos en estos, las vidas de las personas y sus derechos. El manejo de los medios de información y lo que en ellos se expone ha sido a la fecha, una de las estrategias más usuales por el gobierno, para dirigir la atención de las masas a situaciones irrelevantes, que distraen de hechos verdaderamente torales para la situación del país. Numerosos son los sucesos que han demostrado de manera fehaciente que sin importar que se exponga a personajes públicos o de gobierno, la maquinaria reformista sigue su paso en camino a la dilapidación de los bienes nacionales. Abundan los casos de despojo – Véase el decreto presidencial Xochicuautla – en el que se expropian numerosas hectáreas de tierras de cultivo y bosque sagrado para los otomíes con el fin de beneficiar de nueva cuenta a la empresa HIGA, en la construcción de una carretera, la misma que de manera tan generosa “vendiera en abonos” las casas tanto de la “primera dama”, del secretario de Hacienda, como también la del titular de la Secretaría de Gobernación. No obstante que el hecho verdaderamente grave es la expulsión de los otomíes de sus tierras, con pleno cinismo, la atención se fija hacia los personajes que por su fuero resultan intocables ante la ley y mucho menos ante la justicia.
De la misma forma que los decretos para despojar a los habitantes y campesinos de sus tierras, el patrimonio energético de México, fue prácticamente regalado a las empresas extranjeras y privadas nacionales con compadrazgos en las altas esferas de gobierno, que participaron de una licitación por demás opaca, de la cual, Pemex quedó excluida con un pretexto de lo más ridículo, más aún, después de haberse promulgado la reforma energética entre un sinfín de alabanzas, como la panacea que traería consigo el bienestar económico nacional, “Pemex no tiene dinero” fue el pretexto que el gobierno espetó para que la paraestatal quedara fuera del proceso de concurso por la exploración y explotación de los yacimientos de aguas profundas en el Golfo de México, por lo qué, 107 billones de barriles de petróleo (aproximadamente las reservas probadas del hidrocarburo en Kuwait), quedaron a merced de las empresas extranjeras y de nueva cuenta a empresas ligadas al grupo HIGA, que se llevarán al igual que las mineras, el patrimonio de todos los mexicanos, por una participación tan insignificante que ni los sobornos que pudieran haberse pagado subsanarían el atraco que se ha efectuado; todo esto bajo el velo mediático de la fuga de un conocido capo, que aunque resultó en un escándalo de proporciones épicas tanto en el ámbito nacional y el extranjero, evidenciando la incompetencia del actual gobierno, no tiene comparación, en cuanto a trascendencia, como la liquidación de los bienes nacionales.
En cuanto a incongruencia en las declaraciones de los secretarios del gabinete del Gobierno Federal, que por una parte anuncian cambios favorables para el país, como es el caso concreto de la Secretaría de Hacienda, que en los medios declara que las reformas traerán incremento al crecimiento económico del país y en la misma sesión de declaraciones anuncia recortes multimillonarios al gasto social, como es salud, educación, cultura, etcétera. Sin embargo, las reformas continúan, pese a la incongruencia, pese a su agresividad hacia los más desposeídos. La reforma para unificar los servicios de salud y eliminar de la cobertura las enfermedades de alto riesgo y crónicas, así como los padecimientos que signifiquen un gasto mayor, dejará en la más cruel de las desprotecciones a la gente humilde, que no obstante sus aportaciones constantes al IMSS, ISSSTE y demás instituciones, tendrá que pagar tanto por los tratamientos como por las medicinas que se requieran.
Un gobierno falaz y de incongruencias es el de México, que mientras reforma para apretar el cinturón al pueblo, gasta en publicidad 11 mil millones de pesos. Que mientras impone aranceles a la salud y educación, se sirve del erario con la cuchara grande. Que mientras gasta miles de millones en armas para “garantizar la soberanía” mata y explota a su pueblo.
Las reformas son leyes que se han orquestado para aniquilar derechos, muy distante es un país de legalidad de un pueblo de justicia, y la masa obrera, mientras no se haga consciente de su fuerza, seguirá cargando peso muerto como lo es toda la clase política y empresarial. ■
*Profesor de primaria y disidente.
