Washington. El gobierno de México denunció hoy ante la OEA el caso del mexicano Edgar Tamayo Arias, quien pese a varias resoluciones internacionales será ejecutado la semana próxima en el estado de Texas, y pidió un «diálogo hemisférico» en torno a la pena capital.
«Para México resulta particularmente grave que pese al otorgamiento de medidas cautelares y provisionales en favor de sentenciados a muerte (…) se programen y lleven a cabo ejecuciones» como la de Tamayo Arias, dijo el embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa Gamboa.
Según advirtió, actitudes como éstas «socavan el fin último de estos mecanismos, comprometen el respeto a los derechos humanos» y resulta además «violatorio del derecho internacional e interamericano».
Rabasa Gamboa hizo en este sentido, en nombre de México, un «respetuoso pero firme» llamado a todos los Estados de la región que aún mantienen la pena capital, a que «consideren su abolición o bien decreten una moratoria sobre su aplicación con miras a su eventual abolición».
«Nuestra intención es propiciar un diálogo hemisférico en torno a la pena capital», subrayó el represente mexicano.
Rabasa Gamboa había pedido incluir este tema en el orden del día del Consejo Permanente de este miércoles, el primero del año y que se celebra justo a una semana de la fecha fijada para la ejecución de Arias Tamayo.
Se trata de uno de los últimos esfuerzos del gobierno de Enrique Peña Nieto para evitar la ejecución del mexicano, para lo cual el ejecutivo mexicano ha realizado intensas gestiones los últimos meses, apelando incluso a su par estadounidense.
De hecho, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, le escribió en septiembre al gobernador de Texas, Rick Perry, para que no fijara la fecha de la ejecución al considerar que ésta sería «sumamente perjudicial para los intereses de Estados Unidos» y sus relaciones con el vecino del sur.
Tamayo Arias fue detenido el 31 de enero de 1994 por el asesinato de un policía en Houston y su ejecución está prevista para el 22 de enero en el estado de Texas.
Sin embargo, en 2004 la CIJ resolvió que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena en el caso de 51 mexicanos condenados a muerte, entre ellos Tamayo Arias, porque no se respetó su derecho a recibir asistencia consular, el denominado «caso Avena».
La corte internacional ordenó revisar esos casos y el gobierno estadounidense pidió respetar la resolución, pero el estado de Texas llevó el asunto ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que resolvió a su favor, por lo que se pasó a fijar la fecha de la ejecución de Tamayo Arias pese a las intensas protestas internacionales y de organismos de derechos humanos.
La embajadora estaodunidense ante la OEA, Carmen Lomellin, recordó hoy que el gobierno federal ha «demostrado con acciones concretas» sus esfuerzos por aplicar la decisión de la CIJ y aseguró que el Ejecutivo está trabajando «activamente» para que el Congreso apruebe leyes al respecto y que Texas «reconsidere» el caso contreto de Tamayo Arias.
Sin embargo, no adelantó una nueva acción para evitar la ejecución de la semana próxima.
Es de esperar que las gestiones para tratar de cuanto menos aplazar la ejecución del mexicano se intensifiquen en los próximos días.
La víspera, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) entregó en Texas más de 17.000 firmas exigiendo que se suspenda la ejecución de Tamayo Arias.
«Al llevar a cabo la ejecución, se pondría en entredicho la voluntad de Texas de respetar el derecho a la vida y al debido procedo, y la capacidad de los Estados unidos de cumplir con el derecho internacional», dijo el director de AI en México, Perseo Quiroz, al anunciar la acción.
