■ Estado se quedó con el poder de concesionar y vender productos del subsuelo: Veltmeyer
■ La resistencia no se presenta en el sindicato o los empleados, sino en las comunidades, dice
En los últimos años, la concesión del territorio mexicano al capital extractivista ha crecido a tal grado de que ya no se limita a la minería, sino que ahora también existe un acaparamiento de la tierra y el agua como estrategia de control territorial sobre la población, afirmó Henry Veltmeyer, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
“El Estado se quedó con el poder de concesionar y hasta vender los productos del subsuelo, por lo que los dueños de la tierra no son dueños del subsuelo. Por eso una política de territorialidad es muy importante para los indígenas, porque tienen una concepción del uso de los recursos con base en el bien común”, expuso.
Otro problema con los procesos extractivistas, especialmente en la minería, es que el sindicalismo se ha vinculado a las empresas e incluso al gobierno, pero no a los trabajadores ni a las comunidades y sus luchas.
Dijo que en la minería los trabajadores prefieren un mal trabajo que estar desempleados, por lo que aceptan determinadas condiciones sin interesarse en sus derechos o el sindicalismo. “Eso es una contradicción y un gran problema”.
Veltmeyer señaló entonces que la resistencia en contra del capital no se presenta por parte de los sindicatos o sus agremiados, sino por las comunidades, indígenas, campesinos o productores, quienes ahora encabezan la lucha por el control de su territorio.
Es decir, en el proceso extractivista la lucha no es encabezada por los trabajadores o los sindicatos, sino “por las comunidades que lideran las resistencias, ya que son ellas las directamente afectadas por las corporaciones”.
Comentó que a través de las concesiones de extracción y explotación de recursos naturales, los gobiernos latinoamericanos buscan ciertos beneficios que permitan activar el proceso de desarrollo nacional, pero la cuestión es cómo redistribuirlos.
En las condiciones actuales en las que existe una demanda global para los metales que se extraen de la minería, es posible mantener esa política para que los gobiernos reciban beneficios, pero el problema en muchos casos es “quién recibe los beneficios y quién asume los costos”.
Veltmeyer dijo entonces que el problema del extractivismo en muchos países latinoamericanos es que los beneficios que se obtienen no llegan a las comunidades y son los gobiernos los que acaparan el recurso obtenido. Por tanto, no es una cuestión de balance costo-beneficio, sino de quién se favorece y quién paga el precio, que generalmente son los habitantes.
