Hace diez años, cuando por las calles de todo el país y particularmente de la Ciudad de México se repetía como mantra “voto por voto, casilla por casilla” los aludidos respondían con burlas y críticas.
Como en la neolengua de George Orwell en 1984 –en la que llamaban ministerio de paz, al encargado de la guerra- muchos comentarios editoriales hasta en programas de revista trataban de hacer ver la lucha por el respeto al voto como un ataque a la democracia, y no como una defensa a ella.
En la elección presidencial de 2006, luego del desafuero y de la campaña negra, Andrés Manuel López Obrador perdió la presidencia por un margen de 0.56% frente a Felipe Calderón Hinojosa, que se ufanó de su supuesto triunfo con el cínico “haiga sido como haiga sido” y se negó a toda costa a hacer un conteo de los votos que sirviera para despejar las dudas de su legitimidad.
Durante esta década nos hemos enterado a cuenta gotas cómo se operó el fraude, gracias a confesiones de hackers y ex autoridades electorales, además de investigaciones periodísticas y académicas.
Aunado a ello, hemos atestiguado las consecuencias de que se gobernara con el asedio de la ilegitimidad, y con la parálisis de la debilidad política, de las cuales no se pudo librar Calderón Hinojosa ni siquiera con su triste guerra contra el narcotráfico que sólo dejó muerte y desolación.
Se aprendió la lección, y las reformas electorales posteriores y la conciencia ciudadana de la importancia de tener claridad sobre los resultados electorales han permitido que poco a poco se vaya perfeccionando nuestro sistema electoral, aunque todavía esté muy lejos de ganarse la confianza de los mexicanos.
Hoy, el “voto por voto” ya es un lema y derecho de todas las fuerzas políticas. Lo utilizó Judit Guerrero en la capital frente a Soledad Luévano, aunque el resultado no se modificó; y la coalición integrada por Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática logró arrebatar dos municipios al Partido Revolucionario Institucional gracias a los recuentos.
En cuanto a la contienda de la gubernatura del estado, David Monreal Ávila, candidato a gobernador por Morena, anunció que aunque no espera revertir los resultados, intentará limpiar la elección lo más que se pueda.
Hacer esto, permitiría a todos aprender de los errores, y conocer el modus operandi con el que se compran votos, se utilizan corporaciones policiacas para el ‘mapacheo’, se sacan a pasear urnas para luego regresarlas ‘embarazadas’ y alteradas, se desanima el voto con el miedo, y otras linduras que vimos en la elección del pasado 5 de junio.
El ejemplo de la importancia de defender el valor y la legitimidad de los votos hasta el último momento lo pone el candidato a gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, cuyo tesón y buena organización lo hizo recuperar 25 mil votos para su partido, el Movimiento Regeneración Nacional que no habían sido contados inicialmente.
De esta manera, si bien García no logró la gubernatura de Veracruz, contribuyó a que su partido se convirtiera en segunda fuerza, dejando al PRI hasta el tercer lugar. Con esto, Morena, de tan reciente creación, tendrá en la siguiente contienda dentro de menos de dos años, mejores herramientas para participar. Tendrá más spots, más financiamiento, y atención mediática.
La actitud de Cuitláhuac contrarresta el pesimismo suicida que amparado en el “de todos modos siempre ganan” deja camino libre a quienes roban-compran elecciones e inyecta espíritu combativo.
Lejos de ser un encaprichamiento, la lucha que emprenda cualquier partido o político hasta el último aliento por el respeto de cada voto logrado legítimamente, muestra dignidad y compromiso con los electores, así no reviertan los resultados adversos.
Esa lucha, además de ser prueba de dignidad, sirve como herramienta para el diagnóstico y la autocrítica, pues a través de esto se hace evidente la necesidad de casi todos los partidos de fortalecer sus estructuras de defensa del voto, lograr representantes de partido en todas las casillas, y entrenar a su militancia a que se cuiden las casillas y se comparen las sábanas con las actas oficiales. Esto no sólo por interés de los institutos políticos, sino como elemental ejercicio de ciudadanía.
Ante unas elecciones tan desaseadas como las que presenciamos, exigir el castigo a las ‘mapacherías’ y transas es una obligación de ciudadanos libres, y también debería ser un compromiso moral de todos los partidos, así sean competitivos o no, así tengan posibilidad de modificar los resultados o no.
Hacerlo es una mínima pero significativa contribución a esta incipiente y pobre democracia que día a día tratamos de construir. ■
