El estado de bienestar se caracteriza por la vigencia creciente de los derechos humanos. Al incrementarse los derechos y el número de personas que los disfrutan, el bienestar también se incrementa, y viceversa. En las últimas tres décadas hemos sido testigos de una lucha global entre dos fuerzas: quienes desean aumentar el bienestar así entendido, y quienes sostienen que sólo el libre mercado garantiza el bien común.
A partir de la década de los noventas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró el paradigma del Desarrollo Humano, que se ha convertido en el mejor instrumento teórico e ideológico para el estado de bienestar, cuya pieza clave es el Indice de Desarrollo Humano (IDH), indicador que cada año viene siendo medido en casi todos los países, e indica el nivel de bienestar alcanzado por cada uno.
El Informe 1994 del PNUD presentó un nuevo concepto de seguridad humana que equipara la seguridad con las personas en lugar de los territorios, y con el desarrollo en lugar de las armas, e intenta abordar estas cuestiones mediante un nuevo paradigma de desarrollo humano sostenible que refleje los potenciales dividendos de la paz, una nueva forma de cooperación para el desarrollo y un sistema reestructurado de instituciones mundiales.
Para el PNUD, el concepto de seguridad humana se integra con la interacción de siete ámbitos o dimensiones. La seguridad: económica, alimentaria, ambiental, en materia de salud, personal, de la comunidad y política. Como puede verse, el foco de interés de la seguridad humana es el individuo y la comunidad, en contraste con la seguridad nacional, en la que el foco de interés es la seguridad y estabilidad del Estado.
El concepto de seguridad pública, muy utilizado por las autoridades, es incompleto para hacer frente a la delincuencia organizada, pues el problema no se enfrenta más que con medidas punitivas y, en el mejor de los casos, la prevención del delito, mal entendida, se basa en mayor presencia de policías, videocámaras en espacios públicos o alarmas. Este enfoque olvida y no trata las raíces de los actos de violencia ni identifica problemáticas sociales prevenibles; tampoco otorga a la delincuencia organizada su dimensión económico-social, indispensable para establecer estrategias para contenerla.
Para ejemplificar lo anterior, imaginemos por un momento una de las tantas comunidades donde el estado no garantiza ni el derecho a la salud y la seguridad social, ni al agua potable, ni al trabajo, etc. Ahí tenemos un ejemplo de los vacíos que deja el Estado y que grupos delincuenciales, organizados o no, llenan, atendiendo de alguna manera necesidades básicas de la población.
La existencia de esos vacíos explican la reflexión hecha por el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas en su comparecencia ante la Legislatura: “Fresnillo, mi tierra…Fresnillo, es el corazón neurálgico del narcotráfico. La gente pobre, la gente miserable de Fresnillo es adepta al grupo de la última letra. Es un problema muy fuerte que necesita de una inversión muy fuerte, que necesita de la prevención del delito y de una inversión cuantiosa como en Ciudad Juárez. Necesita del apoyo de la población civil para que el problema se solucione”.
Analizando con detenimiento la expresión del general Pinto, se llega a la conclusión de que la construcción de la base militar en Fresnillo no ha rendido los resultados esperados porque fue concebida en la concepción limitada de seguridad pública referida líneas arriba.
Es evidente que no existe en Zacatecas un documento analítico de las relaciones económicas y sociales tejidas por los grupos delincuenciales con los empresarios y la sociedad fresnillense en su conjunto, y no existe política alguna para cortar los flujos de dinero que circulan a través de ellas. Todo indica que tampoco se ha trabajado para conocer al detalle las relaciones establecidas por esos grupos con la clase política zacatecana, para tener elementos contundentes para elaborar las estrategias adecuadas y para fincar las responsabilidades penales que correspondan.
La sociedad fresnillense, igual que la de todos los municipios, confiarán más en sus autoridades si estas se preocupan de llenar los vacíos de estado en materia de derechos y si percibe que la impunidad retrocede al constatar que empresarios y políticos importantes, coludidos con el crimen organizado, son sometidos a proceso y sentenciados debidamente.
Ello implica la instauración de una institución encargada de supervisar de cerca el patrimonio de toda la clase política, así como de proteger a quienes decidan actuar como testigos protegidos en materia de corrupción política y administrativa. Se debe facilitar la denuncia contra servidores públicos o empresarios que ostensiblemente hayan construido un patrimonio por encima de sus posibilidades dentro de la legalidad. La salud de nuestra sociedad lo reclama con urgencia.■
