— Freno al poder de gobernadores
— Doble discurso en argumentación
La discusión que en estos días se ha llevado a cabo en Zacatecas sobre las condiciones políticas para la conformación y aprobación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) pone de manifiesto las alianzas cupulares de los partidos en el país para acotar el poder de los gobernadores en los estados de la República.
El pasado 27 de septiembre en Zacatecas se llevó a cabo el pronunciamiento denominado: Pronunciamiento Zacatecas por el Fortalecimiento del Sistema electoral en el que se establece en su primer párrafo lo siguiente:
“El Instituto Federal Electoral y los 32 organismos electorales locales realizamos una función de Estado e integramos un sistema nacional electoral. Cada uno con su competencia y en respeto a la soberanía propia del sistema federal. Con facultades exclusivas y concurrentes en la administración de los procesos electorales de la Nación. El respeto irrestricto a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad rigen la función electoral y constituyen garantías de procesos electorales confiables y con resultados transparentes para la ciudadanía”.
La propuesta de reforma política en el Pacto por México, impulsada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, es cuestionada por su carácter centralista en la organización de los procesos electorales en el país, pero también es parte de una estrategia de estos institutos políticos para avanzar en la obtención de triunfos electorales que ven limitados por el poder que ejercen los mandatarios estatales sobre los institutos electorales.
La medida de PAN y PRD no es nada menor, puesto que aprovechan la necesidad del presidente Enrique Peña Nieto por pasar a la historia del país como el gran reformador del desarrollo del país a través de la participación de los partidos políticos para aprobar las reformas estructurales que serán la simiente del crecimiento nacional, para empujar un avance que hasta el momento se observa limitado por el poder que ejercen los gobernadores en el control de los procesos electorales de las entidades federativas.
El problema enunciado tiene su origen en la transición política que le permitió al Partido Acción Nacional llegar a Los Pinos en el año 2000, pero también marcaron el debilitamiento del poder presidencial y el fortalecimiento de los poderes regionales, lo que hoy tratan de acotar mediante las reformas que están en marcha en el actual periodo presidencial.
Con la llegada de los políticos panistas a la presidencia de la República, los gobernadores de los estados fundaron un sindicato al que denominaron Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), una especia de alianza del Pacto Federal metaconstitucional, para defender sus intereses locales que serían afectados por una nueva clase política a la Presidencia de la República.
La oposición de los gobernadores agrupados en la Conago sería un freno ante los afanes centralistas de un poder presidencial en manos de Acción Nacional, que contrarrestaría el poder de los mandatarios estatales y los mostraría débiles ante el poder presidencial en turno.
El resultado fueron las alianzas de algunos gobernadores de oposición con los mandatarios en turno durante los 12 años de las presidencias albiazules, pero también aquellos aprovecharon sus diputados federales para negociar los presupuestos federales y frenar las reformas que afectarían su imagen y permanencia en los poderes estatales.
Pero los excesos de algunos gobernadores y el afán no sólo de la permanencia sino de lograr impunidad sobre el abuso en el ejercicio del poder, cuyo resultado se observa en la irresponsable y descontrolada deuda pública contraída en sus entidades federativas, en la extralimitación en el manejo de los presupuestos de egresos estatales, en el otorgamiento de canongías a los sindicatos magisteriales y en general a la burocracia en general en la contratación indiscriminada de personal, que afecta la salud de las finanzas estatales, han preocupado sobremanera a un sector de la actual administración peñista.
Es evidente que no solamente los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática sino también a la actual administración federal, les preocupa este poder ilimitado de los gobernantes en turno, y se intenta ponerles coto, frenarlos y sobre todo, mantener un control desde el centro para evitar una crisis en el Pacto Federal que se traduciría en una crisis regional de índole política, económica y federalista.
Un ejemplo de esta preocupación se centra en parte en la Reforma Educativa pues la recuperación en el pago de la nómina magisterial, no solamente tiene como objetivo sanear las finanzas (en Zacatecas el déficit es de mil 800 millones de pesos) sino quitarles a los gobernantes el control sobre el sector educativo, el de mayor capacidad organizativa que se ha dado el lujo de crear su propio partido político, Nueva Alianza.
En la actualidad los gobernadores de las entidades federativas cabildean en el centro junto con sus presidentes de los institutos electorales respectivos, para evitar que se consolide la creación del Pacto por México.
“En 20 entidades, el partido del gobernador –o jefe de Gobierno del Distrito Federal– tiene mayoría en el Congreso estatal; en 28, el instituto electoral tiene una configuración afín al gobierno estatal en turno, y en al menos 16 el auditor local tiene alguna relación con el mandatario”.
“En Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz el Congreso local, el auditor y el instituto electoral son afines o están controlados por el gobierno local.” (Suplemento Enfoque/ Diario Reforma/ 10 de noviembre 2013).
Pórtico Online publicó el pasado cuatro de noviembre la siguiente información:
El gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, manifestó que de llegarse a crear el Instituto Nacional de Elecciones “esa iniciativa vulneraría el pacto federal”.
“Dijo que no hay necesidad de la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) porque según sus declaraciones “sería un retroceso en el ámbito federalista”.
Finalmente, es importante analizar el contenido del Pronunciamiento Zacatecas por el Fortalecimiento del Sistema Electoral.
“Las consejeras y los consejeros que presidimos los organismos electorales, tenemos la obligación de propiciar condiciones para lograr una propuesta que cumpla con los objetivos trazados en la reforma: consolidar la autonomía, profesionalización e independencia de los órganos electorales”.
“Con esa convicción rechazamos cualquier acción que vulnere las instituciones republicanas y el Sistema Nacional Electoral, al tiempo que afirmamos la irrevocable condición ciudadana de nuestros organismos y su independencia de intereses partidistas”.
La “irrevocable condición ciudadana” quedó vulnerada con la designación de los seis consejeros electorales recientemente designados por la 61 Legislatura.
Sin embargo el doble discurso también caracteriza en esta etapa de discusión del Instituto Nacional de Elección a los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, quienes se han pronunciado siempre por la descentralización del poder político y hoy, pretenden regresarle esa fortaleza a la Presidencia de la República.
¿Saldrá más caro el remedio que la medicina?
Al tiempo. ■
