Las medidas anunciadas por la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) para afrontar el cierre de año, en el que el gobierno federal no asignará recursos extraordinarios para solventar el déficit financiero de 700 millones de pesos no solamente son insuficientes, sino que también atentan contra los derechos de los trabajadores.
Así lo afirmó el Colectivo Rojo, grupo integrado por docentes universitarias y jubiladas, quienes señalaron que se dejarán de pagar prestaciones de fin de año y no se ha esclarecido cómo o cuándo se les solventará.
Detallaron que ya se pagó la prima de antigüedad de agosto, pero se necesitan 715 millones de pesos para cerrar el año y se ha anunciado que se pagarán las quincenas hasta diciembre, pero ninguna prestación, lo que significa que no se pagarán las primas de antigüedad de septiembre en adelante; no habrá aguinaldo; no habrá treintaiunavos ni otras prestaciones, así como tampoco se pagará lo correspondiente al ISSSTE y Hacienda.
“El ahorro, con las medidas de austeridad que propone rectoría, es de aproximadamente 100 millones de pesos, pero no para este año, 2026. Ante esto, aún y cuando se propone el anterior esquema de austeridad, los ahorros que propone rectoría para salir de la crisis financiera son insuficientes”.
Desde su perspectiva, el plan de la Rectoría es mantener las mismas prácticas de las administraciones anteriores, es decir, privarlos de sus prestaciones de fin de año y su seguridad social.
El problema reside en que “el ahorro proyectado es a costa de arrebatarnos nuestras prestaciones y, por otro lado, aparentemente no tiene los datos de lo que la casta dorada puede aportar, por lo que no nos extrañaría que ese compromiso quedara en palabras”.
Aunado a ello, cuestionaron la postura de la Rectoría de despojar a los trabajadores universitarios de lo que les corresponde, mientras que la administración central tiene más de 20 años reciclando a funcionarios en diversos cargos.
“En los hechos, las distintas administraciones no han escuchado ni atendido las advertencias que desde principios de este siglo hicimos respecto de la forma irresponsable con la que han conducido la institución”.
Por tanto, señalaron que las administraciones, encargadas de distribuir y gestionar los recursos, son las únicas responsables del desastre económico y, por tanto, son las responsables del rescate financiero, lo cual debe hacerse sin lesionar los derechos laborales.
