El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunció hace pocas semanas un discurso que causo sensación en la ONU. Sin rodeos, calificó de fracaso la guerra contra las drogas y la lucha contra el cambio climático. Su discurso contiene varias críticas veladas a EE UU por las invasiones a otros países, la dependencia mundial del petróleo y los estragos del capitalismo especulador.
Pocos minutos antes señaló que el problema del tráfico de drogas no sólo es de los países productores como Colombia, sino de las naciones consumidoras como EE UU. Desde su toma de posesión, ha insistido en la necesidad de cambiar el paradigma de la lucha antidrogas que en los últimos 40 años ha dejado millones de muertos en América Latina sin grandes éxitos a la vista. “Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40, Estados Unidos verá morir de sobredosis 2.8 millones de jóvenes adictos al fentanilo”. Yo agrego que se incrementarán las masacres por la disponibilidad de armas y las carceles seguirán siendo la prueba mayor de la discriminación reinante en la potencia del norte, que no tiene los meritos necesarios para dar clases en materia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico.
Por otra parte, hace unos días, en Zacatecas se anunció un acuerdo de cooperación para combatir al crimen organizado en el estado con la participación de diferentes agencias estadounidenses, como el Buró Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). El acuerdo, fue anunciado en conferencia de prensa, después de que el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvieran una reunión para iniciar trabajos contra el tráfico de personas, droga y armas. Esta fue la segunda visita a Zacatecas del embajador en poco más de un mes. Durante la primera, cenó con los hermanos Monreal en su rancho ubicado en Fresnillo, Zacatecas.
El senador Ricardo Monreal y el embajador Salazar se han referido a que los gobiernos cuentan con el Marco Bicentenario de Seguridad y el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, que permite profundizar la cooperación en Zacatecas y en todo el país. Las agencias de Estados Unidos donarán equipo y software para acelerar las investigaciones contra los cárteles, capacitación de policías, funcionarios locales de las áreas de seguridad pública y personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas. Algo muy similar a la Iniciativa Mérida que entró oficialmente en marcha en 2008. Las principales críticas a ese programa se centraron en el excesivo énfasis en el uso de las fuerzas militares para combatir el crimen organizado, así como la persistente violación de los derechos humanos. Esa estrategia y la practica de México de perseguir y extraditar a capos de la droga sólo condujo a la fragmentación de los carteles y a una mayor violencia.
El gobernador Monreal Ávila aseguró que con la reunión se lleva a cabo una coordinación de la paz en Zacatecas y sostuvo que el estado puede convertirse en una “pieza clave” en el comercio entre EUA y México. Salazar se hizo acompañar por representantes de las agencias de seguridad de su país acreditadas en la sede diplomática, pero en la reunión no participó un solo funcionario, civil ni militar, del Gobierno Federal mexicano, pero sí algunos empresarios y hasta una representación de la Iglesia Católica. El representante en México de Estados Unidos aseguró que su presencia en la entidad mostraba que se trabaja con todos y con respeto a la soberanía del estado y del Gobierno Federal.
Es evidente que los asistentes no tuvieron en cuenta que el Artículo 117 de la Constitución General de México, en sus primeros renglones indica: “Los Estados no pueden, en ningún caso: I.- Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras”. Ante el anuncio, distintos legisladores federales demandaron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, que informe sobre la legalidad del acuerdo a que llegó con el embajador de Estados Unidos, ya que si bien los gobiernos estatales son libres, no pueden tomar decisiones que lesionen la soberanía nacional, como es autorizar la presencia de agentes extranjeros en su territorio. Exigen que el gobernador Monreal haga público el convenio acordado en la controvertida reunión, a la que no asistió ningún representante de la Cancillería ni de otra dependencia del Gobierno Federal. Las similitudes de lo anunciado con la Iniciativa Mérida permiten afirmar que ninguna de las partes tuvo en cuenta a la estrategia de la 4T en materia de seguridad, ni al Entendimiento Bicentenario, que se enfoca en la cooperación para el desarrollo. Ojalá que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, pronto aborde el tema y evite que cada entidad pretenda establecer acuerdos por su cuenta, debilitando la estrategia general del gobierno encabezado por AMLO y, por si ello fuera poco, la propia soberanía nacional.
