Después de la entrevista que nos concediera el procurador Arturo Nalhe, previa cita -reagendada vía telefónica-, en la que estuvo presente el subprocurador Kent Contreras, para solicitar las estadísticas en relación a las personas desparecidas, nos enteramos, ya en el Foro Estatal sobre la Ley de Víctimas, de que no pudieron llamarnos para incluirnos, no tenían nuestro número telefónico, disculpa que aceptamos sin más. Fue más complicado procesar, que el formato rígido, que eligieron, nos impidiera participar exponiendo algunas ideas que preparamos para el evento. Aunque, eso lo compensó, la escucha de las intervenciones de los tres paneles, y de las dos mesas de discusión, y un testimonio, (en realidad, dos, el otro testimonio fue “emergente” y especialmente significativo). Del texto preparado y no leído, y de las notas que hicimos en el evento, de las intervenciones escribiré estos artículos. En el foro, fueron muy útiles, para situar algunos aspectos clave, sobre las vías para cumplir, en las mejores condiciones posibles con el mandato insoslayable de legislar la propia Ley Estatal de Víctimas, arrojando luz sobre algunos puntos centrales, y dejando atrás el estéril debate de quienes sostuvieron -y frenaron con esa actitud, dados los cargos que ocupan-, la necesidad de una ley estatal de víctimas, dicho sea de paso, esos mismo actores, fueron figuras principales en el foro…¿más vale tarde que nunca?
Sin embargo, cabe –o, es obligada- otra pregunta, ¿no habrá también, otro tipo de intereses involucrados?, dado que se trata de bolsas presupuestarias, y de un crecimiento institucional, (aumento de personal), factores que por limitados que puedan ser, dadas las restricciones presupuestarias, no son en absoluto desdeñables.
A ello habría que agregar, otro elemento central, las experiencias de injusticias acumuladas por las víctimas, son, sin ninguna duda, un frágil y explosivo “punto de quiebre” (cuando el dolor, la inconformidad, y la solidaridad “desde abajo”, puedan mezclarse), perjudicando la legitimidad estatal (véase, el caso de Michoacán), hoy, duramente cuestionada, y con justa razón, en la medida en que ha fallado en su obligación de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Dicho con otras palabras, un sistema de atención a víctimas, que realmente funcione, y que aborde la situación de las víctimas de la delincuencia (especialmente, la delincuencia organizada) y de las violaciones a los derechos humanos (entre las más graves: torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, complicidad en secuestros, fabricación de delitos para inculpar inocentes, entre otras), tendría un “poder político” (e institucional) potencial fuerte: en primer lugar apoyaría a un sector de la población dejado -en una parte aún indefinida- a la “buena de dios”. También, podría ayudar indirectamente ayudar a erradicar la violencia, sensibilizando a la población sobre el mal que aquellos causan, arrojando luz, al conocer cada caso, sobre las maneras de construir procesos de resiliencia colectiva en comunidades, ciudades, etc., podría de manera indirecta contribuir a desenmascarar, ahí donde estas existieran, la confluencia perversa entre quienes actúan coludidos, desde el orden legal, público y privado, con el mundo -en expansión- de la paralegalidad. También, su trabajo permitiría rasgar el velo de ocultamiento, con el que se pretende minimizar la existencia de una grave situación padecida por los proceso de victimización en curso, algo de lo que ninguno de nosotros estamos exentos, aunque a nivel de la percepción social local, estos hechos criminógenos, puedan parecer que están, o bien creciendo, o bien, disminuyendo, se necesita elaborar un diagnóstico mediante un “conocimiento situado”, para en cada caso, municipio por municipio, comunidad por comunidad, saber -con un poco más de precisión- cuál es la verdadera situación que estamos viviendo, y para poder entonces anticipar con mayor lucidez, las respuestas a -entre otras- preguntas como… ¿qué podemos esperar? , y ¿hacia dónde vamos?, en materia de (in)seguridad ciudadana, y de respeto a los derechos humanos, especialmente en lo relativo al derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño, partes del catálogo de derechos de las víctimas directas e indirectas, contemplados en la Ley General de Víctimas.
Es imposible olvidar la verdadera situación que atraviesan una parte -no calculable aún- de las víctimas por lo que conocemos, en Zacatecas, no están dispuestas a participar en nada. Desembocamos así en un aparente callejón sin salida, una Ley Estatal de Víctimas, para un territorio poblado por una cantidad indeterminada de víctimas, que no reclamarán sus derechos… tienen un miedo atroz a ser -ellas y sus familias- revictimizadas, y desconfían de todos.
Tenemos en puerta importantes decisiones legislativas para garantizar mejorar la juridicidad, y correcta aplicación, de esta importante herramienta normativa. De la ciudadanización efectiva de este debate, depende que resolvamos –o no- adecuadamente, el mal que carcome la sociedad que somos. Nos pronunciamos por una comisión autónoma, colegiada… ¿ustedes que piensan? ■
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