■ Perspectiva crítica
En el marco de la carrera que los partidos políticos mexicanos llevan a cabo para posicionarse en el proceso electoral federal en curso, dio inicio la confección y distribución de publicidad que el ciudadano común deberá consumir sin filtros y prácticamente a la fuerza en radio, televisión, prensa escrita, Internet y vía pública.
El torrente de demagogia que caracteriza esta publicidad es un significativo punto en común entre los partidos políticos que participan en las campañas electorales, pero conviene no perder de vista que dicho torrente arrastra como primera inercia las facultades que las propias autoridades electorales han brindado. Considérese a este respecto la aprobación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del exorbitante monto global de 5 mil 356 millones de pesos a repartir entre los 10 partidos políticos nacionales. La mayor parte de este recurso no tendrá impacto positivo en la población en virtud de que no profundiza en las propuestas de los candidatos (muchos ni siquiera las tienen definidas); debido a que se enfoca en generar slogans superficiales, frívolos o asociados a figuras del espectáculo, y finalmente porque como ya es tradición, el destino de dicha publicidad –en especial la impresa-, serán los basureros o los techos de las viviendas de las colonias marginadas del país.
Diferenciadas por su grado de abstracción, las definiciones sobre publicidad que han generado teóricos como Thomas O’ Guinn, Chris Allen o Gary Armstrong, se tocan sin embargo en puntos sensibles como el convencimiento, la promoción o la persuasión, elementos estos que resultan clave en la lógica de la publicidad y el marketing. Es justo en este punto donde es posible identificar uno de los grandes problemas –amenaza en realidad- de la actual oferta política mexicana, pues ésta sigue la lógica de los procesos de comercialización, y no del valor ético de informar a los ciudadanos sobre las opciones para elegir gobernante. Dicho de otro modo, los partidos se han encargado de generar publicidad política tendenciosa y de posicionar a sus candidatos como si fueran un producto, no servidores públicos. En esa carrera, pareciera que de facto todo está permitido, incluso el mensaje enfocado en desprestigiar a los adversarios políticos.
Un claro ejemplo de cómo se ha desbordado dicha publicidad fue la campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral federal de 2006, la cual fue hilvanada en el cuarto de guerra del entonces candidato a la presidencia, Felipe Calderón. Los resortes de la campaña “López Obrador, un peligro para México”, fueron el generar miedo colectivo, falsear datos, sobredimensionar aspectos del candidato de izquierda de cara a las elecciones de 2006. La presión que la izquierda y diversos organismos autónomos ejercieron al denunciar esta situación, orilló al Instituto Federal Electoral (IFE) a prohibir las llamadas “campañas de odio”, sin embargo, los partidos no han abandonado del todo esta práctica, o bien han transitado hacia otras formas de desprestigio y engaño para generar capital político. Una de dichas modalidades es visible en este proceso electoral con el Verde Ecologista, el cual ha generado una serie de spots sustentados en figuras públicas como el conductor Raúl Araiza (ya conocido por su “versatilidad” para trabajar lo mismo para el Partido Revolucionario Institucional que para el Verde), y otros personajes de la ganadería de Televisa.
Lo agresivo de la campaña del Verde le valió que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo amonestara por el exceso de spots transmitidos en las salas de cine del país, en razón de que sus promocionales fueron sistemáticos, y se generó una imagen indebida del partido ante la ciudadanía, de acuerdo a lo expresado por el propio organismo. No obstante, el partido ha desatendido la amonestación y continúa con la exhibición de sus promocionales, lo que demuestra la importancia y el peso real que tiene el TEPJF. Debido a las críticas de diversos actores sociales y políticos, el TEPJF recientemente impuso otra multa por 2.8 millones de pesos por la continuidad de la campaña que tiene como eslogan “El Verde sí cumple”, sin embargo la sanción nuevamente da muestras de ser poco preocupante para ese partido político, pues ya comenzó con el reparto indiscriminado de mochilas y artículos escolares con dicho eslogan.
Más allá de que los alumnos de primaria se conviertan en promocionales ambulantes del Verde, y de que los asistentes a los cines irónicamente terminen pagando por consumir propaganda política, está el hecho de que sus mensajes son sumamente tendenciosos, pues aunque se basan en problemáticas sociales muy delicadas para el país, tales como la inseguridad o el maltrato animal, existe un sesgo por parte del Verde para sacarles provecho en lugar de contribuir a subsanarlas. Organizaciones ambientalistas como Greenpeace y los partidos verdes europeos han señalado las incongruencias del Verde mexicano en su supuesta lucha para proteger la vida animal y el medio ambiente. En este sentido tómese como ejemplo el que el Verde emprendiera meses atrás una auténtica cruzada contra la industria circense, pero evitara pronunciarse en contra de las corridas de toros, las condiciones de los animales en los zoológicos, los acuarios, o el comercio de mascotas en diversas tiendas departamentales. Lo mismo ocurre con su campaña para la pena de muerte o la extensión en las penas carcelarias, propuesta que resulta por demás riesgosa en un país con un sistema judicial caracterizado por la corrupción y la criminalización de la pobreza, así como por raquíticos índices de procuración de justicia que presenta México.
En este escenario de frivolidad y distorsión mediática, y en especial ante la indiferencia de las autoridades electorales para regular de forma seria y expedita la publicidad de los partidos políticos, el ciudadano común quedará gravemente expuesto al arbitrio y los intereses detrás de quienes hilvanan esa propaganda. ■
