■ “Son los primeros obligados en cuidar los intereses de la hacienda pública”, señala docente
■ La sanción pudiera aumentar entre 3 meses y 3 años de prisión, según especialista en Derecho
El artículo 95 del Código Fiscal de la Federación (CFF), que refiere la probable intervención de funcionarios y empleados públicos en el delito de evasión fiscal, responsabiliza no sólo a quien haya recibido beneficio directo de este ilícito, sino a “todo aquel que en forma directa o indirecta intervenga en su comisión”.
Precisó lo anterior, la académica Delia Valadez Sánchez, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ, consultada por este medio respecto a las implicaciones legales que se derivarían de la contratación de empresas fantasma.
La probable responsabilidad en el delito de evasión o defraudación fiscal por parte de legisladores locales, fue ventilada en reportaje publicado por La Jornada Zacatecas el pasado lunes 6 de julio, mismo en el que se documenta una facturación por productos y servicios no comprobados, que entre el año 2014 y el primer trimestre de 2015 alcanzó la cifra de los 9 millones 31 mil 528.13 pesos.
Al respecto, Valadez Sánchez refirió que el CFF señala para el caso de la implicación de los funcionarios y empleados públicos en la comisión o participación de un delito fiscal, el endurecimiento de la pena, esto es, aumentaría entre 3 meses y hasta 3 años de prisión el castigo para un delito en el que ya se prevén entre 3 meses a 9 años de cárcel según el artículo 108 del CFF.
Agregó que “lo paradójico es que son los propios servidores públicos los primeros obligados en cuidar los intereses de la hacienda pública, por ello, su colaboración en la comisión de defraudación fiscal es castigada más enérgicamente”.
No obstante, también dijo que es la clase política, funcionarios de los tres niveles de gobierno y poderes de la Unión, donde se focaliza este tipo de ilícitos, ya que tienen la oportunidad de establecer comunicación y relaciones con “contribuyentes deshonestos”.
México ha sido señalado por entre otras problemáticas, su baja recaudación fiscal. Recordó al respecto los datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que sólo en 2012 refirieron un monto de impuestos no pagados por evasión, que alcanzó los 483 mil millones de pesos.
Ésa fue la razón, dijo, para que a partir del año 2014 la Reforma Fiscal incorporara como una medida señalada en el artículo 69B del CFF, la publicación mensual en la página de Internet del SAT y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de la lista detectados como evasores fiscales “mediante la venta de facturas que registran operaciones inexistentes”.
De esta revisión se ha hecho pública la existencia de 728 contribuyentes en esta situación: 623 personas morales y 105 personas físicas, dijo.
La académica precisó que el padrón hacendario en México registra 46.3 millones de contribuyentes activos, quienes solventan los servicios públicos de una población empobrecida que este 2015 llegará a los 125 millones de personas, según datos del Inegi.
Por otro lado, abundó, la evasión fiscal impacta en los contribuyentes cautivos, esto es, el sector asalariado del país, al que se castiga con cargas impositivas cada vez más altas, pero también implica menos recursos para los programas sociales que se dirigen fundamentalmente a los sectores sociales más desprotegidos.
La contratación de empresas fantasma por parte de los diputados locales con el fin de comprar facturas que justifiquen sus gastos, tratándose de funcionarios que “crean leyes y se otorgan sus propios sueldos, gratificaciones de fin de año, bonos de trienios, etc., para obtener ingresos muy por encima de los de la mayoría de los mexicanos”, es un exceso para un pueblo en que ha crecido la pobreza exponencialmente, expuso.
“La mayoría de la gente apenas tiene para subsistir, hay personas que pasan prolongados ayunos involuntarios porque sus ingresos no son suficientes. Pobre México, pobre pueblo. No hay ni habrá dinero suficiente para tanto funcionario corrupto”, expuso.
Agregó que “la evasión fiscal constituye una conducta no sólo nociva para el Estado, sino para su población. Debiera el primero perseguirla y punirla, y la segunda no sólo evitarla sino, de así señalarlo la ley, denunciarla”.
Citó la expresión de Benito Juárez respecto a la austeridad con que debiera conducirse la clase política: “los funcionarios deben vivir en justa medianía, dejar excesos y abusos que perjudican a nuestro país”.
Y luego de exponer que la impunidad es más grave que la corrupción, pues “es la que ha llevado a nuestro país a la ruina”, refirió las palabras del expresidente de Uruguay, José Mujica: “…a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos, son un peligro…”
Es necesario, añadió la docente de la Unidad Académica de Derecho, incluir mecanismos para medir el impacto y eficiencia del gasto público contra el costo beneficio del aparato burocrático; convertir la rendición de cuentas en un proceso transparente, efectivo y abierto a la sociedad, fiscalizar enérgicamente los recursos públicos, y evitar la impunidad en el caso de los malos manejos de éstos.
