El 1 de abril la Secretaria de Hacienda y Crédito Público mandó al Congreso de la Unión los Pre-Criterios para el 2020, donde cambia las predicciones de crecimiento para 2019 y 2020. Plantea que en 2019 se crecerá entre 1.1 y 2.2% y para el 2020 será entre 1.4 y 2.4%, es decir, alrededor de 1.6% para 2019 y de 1.9% para el 2020. Sin embargo, señala que el gasto neto disminuirá en 121.2 mil millones de pesos (0.5% del PIB) en 2019, que es congruente con los menores ingresos esperados, para mantener el superávit fiscal de 1% del PIB. El problema es qué al seguir recortando el gasto público, contraerá más la demanda, por lo que habrá menos oportunidades de inversión para el sector privado, por lo que disminuirá más la producción y aumentará el desempleo, el cual seguirá disminuyendo demanda y la actividad económica. A eso se le agrega que se plantea mayores recortes presupuestales para el 2020, de 3% respecto al monto aprobado en el Presupuesto 2019. Hay que recordar que el presupuesto de 2019 es menor al presupuesto realizado de 2018, y esa contracción del gasto es para aumentar el superávit fiscal al nivel de 1.3% del PIB para el 2020. Lo que nos anuncian es que seguirán los recortes presupuestales para lo que resta de 2019 y para el próximo año, lo que contraerá más el mercado interno y las ventas e ingresos del sector privado, por lo que éste disminuirá la inversión, pues no tendrá a quien producir, dado que el sector externo no ofrece expectativas de crecimiento, por la desaceleración de la economía mundial, como por los obstáculos que el gobierno de Estados Unidos impone para vender a su país.
No pasa por la mente de la gente que nos gobierna, instrumentar políticas a favor del crecimiento económico y del empleo, sino que privilegian políticas de austeridad para ser bien vistos por los mercados financieros y las calificadoras internacionales, de que se genera un ahorro para cubrir el pago de la deuda. El problema es qué al contraerse la actividad económica, así como el ingreso de empresas e individuos, el gobierno seguirá viendo disminuidos su ingreso tributario, lo que le impide alcanzar el superávit fiscal esperado, por lo que no alcanzará el ahorro para el pago del servicio de la deuda pública. Por más que quiere evitar una baja evaluación por parte de las calificadoras internacionales, éstas se la reducirán. Ni las Calificadoras, ni el gobierno reconocen que no es a través de contraer la actividad económica como se logra pagar la deuda pública, ni privada.
La semana pasada el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que “es importante mantener una disciplina fiscal en el gobierno, es decir, no gastar más de lo que se ingrese”. El problema es que con la disciplina fiscal el sector privado termina vendiendo menos, y ve incrementado su déficit financiero, así como su deuda. Ellos se pronuncian por “fortalecer las relaciones entre los inversionistas, la iniciativa privada y el gobierno para activar los planes de negocio y de inversión”, pero no reconocen que la austeridad fiscal atenta sobre dicha relación, debido a que contrae demanda y las opciones de inversión al sector privado.
Por su parte, el gobernador del Banco de México, en una entrevista, reconoce que ha habido un mediocre crecimiento en los últimos 20 años y dice que “hay que identificar los elementos que se necesitan cambiar…el reto es identificar las políticas públicas que podrían detonar este crecimiento”. Ni el sector privado, ni el sector público, ni las autoridades monetarias reconocen que han sido las políticas monetarias y fiscales predominantes de alta tasa de interés y de austeridad fiscal, junto al libre comercio, lo que nos ha llevado a ese mediocre crecimiento y a que la economía crezca cada vez menos y a que tengamos menos industria y agricultura, menos empleo formal, bajos salarios, creciente desigualdad del ingreso y a aumentar la dependencia de entrada de capitales, lo que ha acentuado la extranjerización y el endeudamiento de la economía.
El crecimiento requiere de bajas tasas de interés, de gasto público deficitario a favor de los sectores productivos y tipo de cambio competitivo, así como regulación del movimiento de mercancías y capitales, pero ello no pasa por la mente de los que nos gobiernan. Los empresarios no luchan por política industrial, ni agrícola, los desempleados no luchan por política de empleo, los trabajadores no luchan por mejores salarios, lo que explica el por qué predominan políticas a favor del sector financiero y a las empresas transnacionales que son los únicos beneficiados. ■
