El Movimiento de Regeneración Nacional ha sido a la vez puente y obstáculo en la carrera política del senador José Narro Céspedes. Como trampolín a la Cámara Alta, el tsunami llamado “Andrés Manuel López Obrador” enfiló al zacatecano de origen tamaulipeco, en julio del 2018, a un espacio donde los consensos nacionales conforman la fibra del tejido político institucional.
Al mismo tiempo, la Cuarta Transformación cerró las puertas a una de sus actividades lucrativas más importantes: la “intermediación” presupuestal. El presidente modificó el viejo esquema clientelar donde la atención de los legisladores ya no se centraba en la construcción y el cuidado de las normas, sino en el flujo de presupuesto hacia estados y municipios. Esa disciplina congresista especializada en “bajar recursos”, que luego desvirtuó en la institucionalización de los “moches”.
De ahí que el margen de maniobra de Narro Céspedes se encuentre acotado, y en busca de afianzar nuevos horizontes de ganancia política y financiera. La “fuga hacia delante” en el conflicto en contra de la minería, específicamente enfocada al capital trasnacional Goldcorp-Newmont, es uno de los síntomas de cómo Narro luchará hasta el último centímetro por no perder más poder y protagonismo del que la Cuarta Transformación le ha quitado.
Por eso utiliza un espacio de privilegio desde el Senado de la República para llamar a una falsa polémica, en que, en un escenario del todo inexistente, promueve entre pobladores del ejido de Cedros, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, la cancelación de la concesión que se otorgó a las compañías extranjeras para la explotación de minerales en aquella zona del semi-desierto.
Nuevamente mediante engaños y simulaciones, el senador por el partido Morena ha prometido a los habitantes de Mazapil, y a la Unión de Transportistas y Trabajadores de ese municipio, empujar lo suficiente desde la Cámara Alta para lograr que a la minera se le retire la concesión que obtuvo hace más de una década.
Probablemente los ejidatarios no estén enterados -y a sus asesores del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) no les interese explicarles- que la emoresa no se encuentra ni milimétricamente cerda de ninguno de los supuestos establecidos por la Ley Minera en su artículo 55, para que el Gobierno Federal sancione a GoldCorp-Newmont con la cancelación de la concesión de explotación de minerales.
Ese escenario no sólo es altamente improbable, sino que prácticamente imposible, ya que la empresa de capital extranjero no ha incurrido en ninguna de las anomalías descritas por esa normativa; la única ley que, por cierto, establece una sanción de tal tipo como la cancelación de concesiones mineras.
¿Qué es lo que pretende Narro Céspedes y su coagente de “asesorías” Felipe Pinedo Hernández al llamar al escalamiento del conflicto? En eso han sido transparentes en su pronunciamiento del pasado 31 de marzo: 1) una mesa de diálogo con Newmont-Goldcorp, 2) diálogo propositivo y respetuoso, y 3) cumplimiento de acuerdos pactados (no especifica cuáles).
Estos tres elementos son constantes en los pliegos petitorios del FPLZ y la CNPA, dirigidos por la dupla Narro-Pinedo. Así lograron, por ejemplo, que el 19 de mayo del 2014 que la Minera Peñasquito S.A. de C.V., firmara un convenio de 31 millones de pesos con el municipio de Cedros “para el pago del antiguo camino que unía a los poblados de Cedros y Mesas, ambos, ejidos del municipio de Mazapil”.
El convenio establecía una relación de equivalencias, con la cual Cedros obtendría presupuesto suficiente para crear la empresa de Transportes CEMAZA (Cedros, Mazapil, Zacatecas) S.A. de C.V., “proyecto productivo que fomentara el desarrollo del ejido… [y] que generaría utilidades que beneficiarían el desarrollo de la comunidad” de acuerdo con sus postulados originales.
A través de la Comercializadora PIHELU (Pinedo Hernández – Lucio López) S.A. de C.V., el ejido de Cedros recibiría “asesoramiento” en la ejecución y administración del parque vehicular para el transporte de concentrados de material, así como el transporte de personas. Peñasquito ponía el capital, y el ejido -teóricamente- su parte de “experiencia” en el traslado de minerales y de administración de empresas.
Evidentemente los de Mazapil desconocían el “know-how” de una empresa de transportes con 31 millones en activos, así como de su administración. Sin embargo, PIHELU adiestraría e instruiría a los ejidatarios en el manejo de una actividad de alta gestión. Para ello cobró al ejido de Cedros 100 mil pesos mensuales por concepto de “asesorías”, durante la duración del contrato: dos años. En total 2 millones 400 mil pesos de ganancia neta para Narro y Pinedo.
Empero, la empresa inicia operaciones en marzo de 2015, para declararse en bancarrota en el mes de junio del mismo año. Narro y Pinedo continuaron recibiendo pagos mensuales hasta el finiquito del contrato cuando los habitantes habían perdido el capital semilla de la empresa. ■
Twitter: @GabrielConV
