La LXV Legislatura del Estado aprobó este martes diversos acuerdos en materia de desarrollo social, patrimonio cultural, medio ambiente y fortalecimiento institucional, además de conocer iniciativas para fiscalizar contratos millonarios del Ayuntamiento de Zacatecas y exigir transparencia en el proyecto de movilidad Platabús. Durante la jornada legislativa también se entregó el Premio al Mérito Ambiental 2026; además se presentaron propuestas relacionadas con transporte gratuito para niñas, niños y adolescentes y salud mental.
Aprueban donaciones para vivienda, educación y seguridad
Durante la sesión, el Pleno aprobó por unanimidad tres dictámenes presentados por la Comisión Legislativa de Hacienda y Fortalecimiento Municipal relacionados con la enajenación de bienes inmuebles para fines públicos.
El primero autoriza al Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román donar un inmueble ubicado en el Barrio Buena Vista a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), con el objetivo de fortalecer programas de vivienda.
Asimismo, se aprobó que el Ayuntamiento de Moyahua de Estrada done un predio al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde actualmente se ubican las instalaciones de la 167 Compañía de la Guardia Nacional.
De igual manera, se autorizó al municipio de Morelos la donación de un inmueble al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez), en cumplimiento de un acuerdo previamente aprobado por el Cabildo.
Reconocen a Minera Juanicipio por proyecto ambiental
Otro de los acuerdos aprobados fue la entrega del Premio al Mérito Ambiental 2026 a la empresa Minera Juanicipio, S.A. de C.V., por su proyecto “Juanicipio: Agua Circular”, el cual obtuvo la mayor valoración por parte del Consejo de Premiación.
El reconocimiento fue avalado por unanimidad mediante un dictamen de la Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático. De acuerdo con la Legislatura, el proyecto destacó por sus acciones relacionadas con el aprovechamiento y reutilización del agua, tema especialmente relevante para Zacatecas debido a las condiciones de estrés hídrico que enfrenta la entidad.
Proponen transporte gratuito para niñas y niños
Dentro del apartado de iniciativas, el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero presentó una propuesta para reformar la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas con el propósito de reconocer el derecho a la movilidad urbana de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa plantea que los menores de edad puedan utilizar gratuitamente el transporte público en dos viajes diarios, considerando que representan los traslados mínimos necesarios para asistir a la escuela. El legislador argumentó que la falta de recursos económicos no debe convertirse en un obstáculo para ejercer el derecho a la educación, la salud y la recreación.
Ana María Romo plantea seguimiento obligatorio tras intentos de suicidio
En materia de salud mental, la diputada Ana María Romo Fonseca presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud Mental para el Estado de Zacatecas y establecer un mecanismo de seguimiento obligatorio para personas que hayan intentado suicidarse.
La propuesta contempla la creación de un Plan Individual de Seguimiento Integral con una duración mínima de 12 meses, o el tiempo que determine la autoridad sanitaria. Dicho plan deberá incluir atención médica continua, acompañamiento psicológico permanente, apoyo social y canalización a programas comunitarios cuando existan condiciones de vulnerabilidad económica o riesgo familiar.
La legisladora también presentó una iniciativa para incorporar el principio de adaptación ambiental en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, con el objetivo de que los proyectos de infraestructura se diseñen y ejecuten considerando las condiciones ambientales existentes y procurando su conservación.
PT propone descuentos en predial
Otra de las iniciativas fue presentada por el diputado Alfredo Femat Bañuelos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien propuso incorporar a la Ley de Hacienda Municipal un esquema de descuentos en el impuesto predial para personas en situación de vulnerabilidad.
La medida pretende brindar un apoyo económico directo a sectores que enfrentan mayores dificultades para cumplir con esta obligación fiscal y hacer que el sistema tributario municipal responda a las condiciones sociales de la población.
Solicitan auditoría a contratos del Ayuntamiento de Zacatecas
Uno de los temas más relevantes de la sesión fue la iniciativa presentada por la diputada Ruth Calderón Babún para exhortar a la Auditoría Superior del Estado a revisar y fiscalizar diversos contratos celebrados por el Ayuntamiento de Zacatecas.
La legisladora explicó que la solicitud se deriva de dos contratos públicos: uno relacionado con el arrendamiento de 62 vehículos por un monto superior a 70 millones de pesos y otro correspondiente al mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular municipal por más de 33 millones de pesos. En conjunto, ambos comprometen alrededor de 104.5 millones de pesos del erario.
La propuesta plantea que la Auditoría revise estudios de mercado, actas de Cabildo, procedimientos de adjudicación, suficiencia presupuestal, documentación de pagos, existencia y uso de las unidades arrendadas, además de las contrataciones de personal de nómina y honorarios realizadas desde septiembre de 2024. También solicita analizar posibles conflictos de interés en aquellos casos que ameriten una revisión específica.
Exigen transparencia sobre el proyecto Platabús
Asimismo, el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero presentó un exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo estatal para que transparente el proceso jurídico y administrativo relacionado con el proyecto MOBI, particularmente en su componente denominado Platabús.
El legislador sostuvo que, aunque existe información pública sobre los beneficios esperados del proyecto, la ciudadanía desconoce aspectos relacionados con las etapas de implementación, procedimientos administrativos, aspectos jurídicos y mecanismos operativos necesarios para su puesta en marcha.
A juicio del promovente, esta falta de información limita los principios de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas establecidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
