A finales de 2015, el 30 de noviembre, el Spauaz decidió tomar las calles y entorpecer el tráfico ante el conjunto de incumplimientos del Rector Armando Silva. Adeudaba las primas de septiembre, octubre, las cuotas de seguridad social, la entrega de cargas de trabajo y demás. El intento de movilización por parte del sindicato no feneció ahí, sino que continuó hasta que comenzaron las vacaciones, convocando a reuniones en el teatro Cervantes Saavedra de la Preparatoria 1 y obstrucciones en Ciudad Administrativa. Cuando se reiniciaron las actividades, y Silva Cháirez ya había pagado las primas de septiembre y octubre, la movilización no se detuvo y hubo paros hasta antes del 17 de febrero, fecha en la que la base de sindicalizado debía decidir si había o no huelga. El Spauaz se mostraba vivo. Con una problemática agravada, la certeza de que no se pagaran las primas de octubre, noviembre y diciembre de 2016, así como la persistencia de la retención de cuotas de seguridad social que no se enteran al ISSSTE, y sin propuesta alguna de Rectoría para pagar los adeudos, a fines de 2016 el comité ejecutivo del Spauaz decidió no movilizarse, esforzándose en que nada perturbe la tranquilidad del Rector. El arribo del candidato del Grupo Universidad a la Rectoría desmovilizó al Spauaz porque su empeño es, ahora, mostrar que este rector sí tiene capacidad de conducción. En retrospectiva la movilización contra el rector Silva se muestra como la frustrada expectativa de delatarlo como incapaz. En ambos casos los motivos del comité ejecutivo son ad hominem, sin consideración alguna por los objetivos de la base de sindicalizados. Por ello no existe interés por parte de la dirigencia sindical, y en particular del secretario general, por exponer el conjunto de violaciones, la caterva de iniquidades, el piélago de ineptitudes que la presente Rectoría urde contra los agremiados. Existe contubernio abierto. Y aún más: el mismísimo jefe sempiterno del Grupo Universidad cabildea a favor del actual coordinador de prestaciones del Spauaz, Miguel Sánchez Salas, como el candidato más afín al proyecto de la Rectoría. Resulta claro que el proyecto político es controlar todas las instancias de la Universidad, eliminando cualquier contrapeso, para poder avanzar en sus negociaciones con Gobierno del Estado al presentarse, el dirigente del Grupo Universidad, como el que define de manera autárquica las voluntades de los universitarios. Y en el proceso aniquilar el último reducto de resistencia en la Universidad: el sindicato. Sin embargo es menester aducir que semejantes empeños son connaturales a todo proyecto político: lograr la máxima unanimidad en torno de un líder o de una idea. En el caso que nos ocupa se pretende agrupar a los universitarios alrededor de un líder inapelable: Alfredo Femat, cuyo proyecto académico resulta, hasta ahora, desconocido. No debemos, por otra parte, caer en estridentismos porque no es esta la primera ocasión en que tal cosa acontece. El último líder inapelable que dominó la UAZ fue el rector Francisco Javier Domínguez Garay, que controló tanto la administración central universitaria como el Spauaz de manera prácticamente total. Eso le permitió no tener huelgas y disponer de las cuotas de seguridad social para avanzar en la construcción de su grupo. Es decir, si para algo sirven los datos, es para darnos cuenta cuáles son los resultados del control de una sola persona sobre la Universidad: el agravamiento de los problemas, porque fue con Domínguez Garay que se constituyó el fatídico presente que hoy aqueja a los universitarios. Hay que matizar lo dicho, sin duda, porque parecería que son individuos los que determinan la situación social de la Universidad. No es así. Son las redes de complicidades, las redes de condicionamiento, la activa recreación de muchos universitarios de una cultura política, lo que posibilita que el presente y futuro inmediato de la universidad sean opresivos y poco halagüeños para la mayoría. En general creemos que hay un problema de prácticas políticas que contribuye a agravar la situación, y que por eso el asunto se presenta como “insoluble”. Tales prácticas políticas, creemos, consisten en la aceptación de que todo es negociable, siempre y cuando haya dividendos para todas las partes. Si todos participamos de la corrupción, la corrupción es, eo ipso, aceptable. Así que los universitarios asumen, como hábito, dejar pasar y dejar hacer si les resulta beneficioso, sea a nivel individual o de grupo. Así se consiguen becas, bases, contrataciones, puestos en Rectoría, rectorados. Pero vayamos a una curiosa consecuencia. En su libro “Homo Sacer”, Giorgio Agamben introduce la idea que en los estados contemporáneos se gobierna mediante la suspensión de la ley, quedando los individuos despojados de toda definición legal, reducidos, diría él, a nuda vida o vida puramente biológica. En ese estado los seres humanos pueden ser asesinados por cualquiera, aunque dejan de ser útiles para los sacrificios rituales. En la UAZ la ley está suspendida, pero su lugar lo toma la “ley” de la negociación. Quien queda fuera de esa ley se vuelve objeto de represalias. Es decir, quien está fuera de la corrupción es eliminable, y por eso nadie quiere quedar fuera de ella. Esto da al problema su cariz inquietante, su aspecto sobrehumano.■
