La desigualdad en el mundo ha crecido al grado tal, que parece que regresamos al siglo 18. Pero en México la situación es particularmente grave, porque es el segundo país más desigual de la región del mundo (América Latina) más desigual del planeta. En los últimos 30 años ha crecido la desigualdad de forma tal que el informe de Oxfam ofrece datos que parecen sacados de la literatura fantástica: el 1 por ciento de la población más rica se apropia del 21 por ciento de la riqueza total producida en un año, y 10 por ciento más rico posee 64 por ciento de la riqueza nacional. Y el siguiente dato relevante es que las 4 grandes fortunas de los hombres con más poder económico en México, todas, son producto del usufructo de un recurso de origen público: teléfonos de México, minas, y televisión estatal. Riquezas que iniciaron con un traspaso de manos estatales a manos privadas. Y no sólo eso, junto a ello se constata el crecimiento de esas fortunas, que pasaron de 25 600 millones de dólares en 1996, a los actuales 142 900 millones de dólares. Crecimiento enorme que contrasta con el estancamiento de la pobreza y la continua pérdida del poder de compra de los salarios.
Entre las causas de la injusticia descrita está el Estado: las políticas del Gobierno Federal son factor de esta situación de asimétrica distribución de la riqueza. Y si lo bajamos a concretos es que las políticas conducidas por los gobiernos del PRI y el PAN están dirigidas por los intereses de los grandes capitales beneficiados. Esto es, a través de los mencionados partidos los poderes económicos han sacado grandes ventajas. Así las cosas, significa que las dinámicas económicas excluyentes no se modificarán, si previamente no cambia la estructura del poder político. Las herencias y el gravamen sobre los capitales seguirán en el paraíso mientras los grupos parlamentarios bloqueen toda iniciativa de reforma hacendaria que afecte los intereses de estos empresarios. En México ni siquiera es posible saber con datos oficiales, el monto de las ganancias del 1 por ciento más rico. Es una información deliberadamente protegida y oculta al escrutinio público. Las mediciones oficiales de la distribución del ingreso no contemplan a estas personas, son protegidos contra toda posibilidad de afectación. Esto es, si alguien quiere hacer una propuesta de impuesto especial a su riqueza, no cuenta con información para hacer los cálculos. Y sin un gravamen a estas riquezas equivalente al ingreso del trabajo, no podremos equilibrar la monumental desigualdad mexicana. Porque con estos ingresos, se podrán crear los empleos que hacen falta, la educación que genere movilidad social intergeneracional y la salud que evite gastos catastróficos a las familias pobres.
Si observamos la distribución funcional de la riqueza, y con ello, la diferencia de participación del capital y el trabajo en el ingreso nacional, vemos que a partir de 1981 y 2012, la participación del capital aumentó del 62 al 73% y la del trabajo disminuyó del 38 al 27%. El peso de los salarios está contenido. Y las reformas laborales tienen el objetivo de abaratar el salario y engordar el capital. Pero esta situación está llegando a un callejón sin salida, porque la desigualdad ha llegado a tal nivel que ahora mismo se ha convertido en causa estructural de detenimiento del crecimiento económico, porque la desigualdad estrangula el mercado interno. Y como la única manera de liberar al salario mínimo de ese “control antiinflacionario” es revirtiendo las actuales reformas laborales, pues significa que esto también pasa por modificar la correlación de fuerzas en el Congreso y el funcionamiento del sistema político.
Todas las medidas para remediar la injusta distribución de la riqueza pasan por una condición necesaria (aunque no suficiente): el cambio de la estructura política nacional. En Grecia y España están ocurriendo cambios en este sentido, lo que ha desatado la furia del Capital. La pugna será feroz. En México, la posibilidad de que se conforme una gran fuerza que ponga como su principal bandera la lucha por la igualdad, depende de que se conforme un tejido en la izquierda con intereses programáticos. Y esa posibilidad se juega en estos dos próximos años. Además, deberá ocurrir un despertar ciudadano parecido a los indignados españoles (que incidan en la estructura política). Si los intelectuales de izquierda logran armar un programa preciso de los cambios que deben hacerse, pero señalando las medidas específicas y concretas que deben ejecutarse, se puede convertir en una bandera tangible para un gran polo de izquierda con apoyo social. Por ejemplo, calcular cuánto se puede recaudar al año por medio de un impuesto a la riqueza de ese 1 por ciento arriba mencionado y la manera de hacer la distribución progresiva de ese recurso, lo cual fundamente una propuesta de reforma hacendaria pro-igualdad. Estos programas pueden ser la base para unir el tejido político que haga posible el Estado Social en México: la agenda para la gran transformación.■
