El 1º de marzo la calificadora Standard & Poor’s bajó la calificación de la deuda soberana del país de estable a negativa, ante la posibilidad de un menor crecimiento económico y por los riesgos que enfrenta la economía. Los economistas neoliberales de las calificadoras internacionales no reconocen que las políticas económicas que ellos y los organismos financieros internacionales recomiendan, han atentado sobre las condiciones de acumulación y han derivado en mayor deuda. El problema se incrementa debido a que dichas políticas no configuran condiciones de pago a dicha deuda. Las políticas de austeridad fiscal y de estabilidad monetaria y cambiaria que recomiendan, aunado al libre movimiento de mercancías y capitales, que han venido predominando desde la década de los años ochenta, han frenado el crecimiento económico, han incrementado el déficit de comercio exterior y la dependencia de la entrada de capitales y de ahí el creciente nivel de endeudamiento de la mayoría de las economías. Ello ha creado crisis recurrentes de incapacidad de pago, y recomiendan políticas de austeridad fiscal para generar condiciones de pago de la deuda. La mayoría de los países de la Zona Euro y los países de América Latina, entre muchos otros, hemos estado sujetos a dichos dictámenes de política y los resultados han sido bajo crecimiento y/o estancamiento, sin que se genere capacidad de pago, por lo que han seguido los altos niveles y relaciones de endeudamiento. Las calificadoras internacionales no quieren reconocer que con el estancamiento económico que se deriva de sus políticas, jamás se configurarán condiciones de pago de la deuda. De ahí que los países han tenido que vender activos y sectores estratégicos para pagar deuda, y es justo lo que quieren las calificadoras internacionales, que los gobiernos disminuyan su tamaño y sigan abriendo los espacios de inversión al capital internacional en nuestras economías. Standard & Poor’s en su declaración el 1º. de marzo enfatizó “los riesgos del reciente cambio en políticas públicas, que se han dirigido a reducir la participación de la iniciativa privada en el sector energético, así como afectaciones a la confianza de los inversionistas”. Dicen que ese cambio de políticas llevará a que las “obligaciones contingentes sean más altas”. Es decir, los mercados financieros le cobrarán mayor tasa de interés a los créditos que el gobierno y sus empresas soliciten. Tales calificadoras se oponen abiertamente a la política seguida por el nuevo gobierno de frenar la privatización en Pemex y la CFE, evidenciando los claros intereses económicos a los cuales ellas pertenecen.
Se oponen (al igual que los economistas de Banxico) al plan de rescate a Pemex por parte del gobierno, debido a que ello ejerce presiona a las finanzas públicas, lo que refleja que ellos se inclinan por lo que los anteriores gobiernos venían haciendo, es decir, impulsar más la privatización y extranjerización del sector energético.
Enfatizan en su declaración que las “condiciones económicas adversas o cambios coyunturales conducen al debilitamiento de la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación”, y añaden que “una menor previsión de crecimiento económico, podría erosionar el perfil financiero del soberano, de tal forma que esto podría llevarnos a bajar la calificación”. No reconocen que esos cambios adversos que impiden condiciones de pago, son propiciados por las políticas de austeridad que recomiendan y por las altas tasas de interés que ocasionan sus bajas calificaciones.
Cabría cuestionar ¿a quien favorecen esas calificaciones? Pues favorecen al capital financiero acreedor, que pasa a lucrar con las mayores tasas de interés, así como aquellos que pasan a invertir donde el gobierno deja de hacerlo para cumplir con la austeridad fiscal que imponen las calificadoras y para encarar las obligaciones financieras.
Los gobiernos no deben establecer políticas económicas para ser bien calificados por el sector financiero internacional, sino deben de buscar ser bien calificados por sus gobernados, por su sociedad y ésta demanda condiciones de crecimiento, pleno empleo, mejores salarios y mejores niveles de vida y un país soberano, por lo que deben instrumentar políticas encaminadas a alcanzar dichos objetivos y no los dictados por las calificadoras internacionales, que nos han llevado al estancamiento, a aumentar el desempleo y el deterioro del nivel de vida de la población y a que el país no nos pertenezca.
Como he reiterado en varios de mis artículos, el gobierno debe retomar el control de la moneda para financiarse con ella, y no depender de los mercados financieros internacionales, para impulsar el desarrollo tecnológico y al sector energético. Ello no generaría inflación, ni presiones sobre el sector externo, ni desestabilizaría el tipo de cambio, y si en cambio mejoraría las finanzas del sector privado y del sector público al aumentar la dinámica económica.
