■ Intervención de militares no ha acotado al crimen organizado: Ricardo Bermeo
■ Violencia aumentó entre 124 y 179% en estados o municipios gobernados por la izquierda con la presencia de soldados; se presume su uso político, según el periodista Jesús Cantú
A pesar de que la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares y la Ley de Seguridad Interior debieran ir en consonancia para lograr la Seguridad humana en el país, ambas normativas han tenido diferente tratamiento.
Los 50 colectivos familiares de desaparecidos existentes en México y las 30 organizaciones de la sociedad civil que les proporcionan acompañamiento han esperado casi dos años para que se concrete la primera, mientras que la segunda “casi trata de aprobarse por fast track”, expuso Ricardo Bermeo, integrante de Zacatecanos por la Paz.
La Ley de Seguridad Interior ha sido duramente criticada justo por las organizaciones civiles y de defensa de derechos humanos, pues pretende otorgarle mayores atribuciones a las fuerzas militares en materia de seguridad pública, no obstante que se ha comprobado que su intervención no ha acotado al crimen organizado y sí provocado más violaciones a los derechos humanos, expuso.
Ricardo Bermeo acudió el pasado fin de semana a una reunión del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos realizada en la Ciudad de México, para actualizar la información sobre la Ley de Desaparición Forzada.
En el encuentro entre organizaciones de la sociedad civil (OSC) se abordaron de manera tangencial como elementos de contexto, tanto el tema de la Ley de Seguridad Interior como las políticas migratorias de Donald Trump.
La postura general de las organizaciones de familiares de víctimas y de defensa de derechos humanos es no aprobar la Ley de Seguridad Interior, porque “implicaría un riesgo para un aumento de la violencia y las violaciones de los derechos humanos”.
Un dato que exhiben estudios al respecto que ha citado recientemente el defensor de derechos humanos Jesús Cantú en un artículo de la revista Proceso, es el hecho de que los niveles de violencia aumentan entre 124 a 179 por ciento más, en estados o municipios gobernados por la izquierda con la presencia de efectivos militares, por lo que se presume su uso político.
En general la intervención de las fuerzas del Ejército y Marina en actividades de seguridad pública ha ido en detrimento de los objetivos que se perseguían, dijo Ricardo Bermeo, por lo que en la reciente reunión las organizaciones de la sociedad civil reiteraron su postura contra la Ley de Seguridad Interior, y asimismo la que refiere la necesidad de establecer una ruta para poder regresar a los efectivos militares a sus cuarteles.
Respecto de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, contrario a la agilidad manifiesta en el proceso que ha seguido Ley de Seguridad Interior, “se le ha dado largas y largas y largas hasta el grado de que tememos que pueda no aprobarse en este periodo” al interior del Congreso, aun, “pueda haber diferencias incluso, en cuanto al contenido de lo que proponemos que nos obliguen a retirarnos, de manera de no validar los resultados de lo que se legisle”.
Esto porque ha habido reticencias a aceptar las propuestas centrales de los familiares de las víctimas de desaparición y las organizaciones que les acompañan y que han sido largamente trabajadas al interior del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, especialmente las referidas a la constitución del Concejo Nacional de Búsqueda.
Este se propone como un organismo desconcentrado “que estaría dentro de la Secretaría de Gobernación con un esquema muy amplio de ciudadanización, con participación de familiares, expertos y OSC en un Concejo Nacional Ciudadano, y con una Comisión Nacional de Búsqueda con facultades a intervenir” en todo territorio nacional estructurada en enlaces en los estados donde se crearían figuras similares.
El objetivo principal es acelerar los procesos de búsqueda de las personas, privilegiando su encuentro con vida, dijo.
Este mecanismo, al que se agregaría un Comité de Evaluación y Seguimiento, implicaría “la ciudadanización” efectiva de la búsqueda de personas desaparecidas.
Probablemente, adelantó Bermeo la hipótesis, ese sea uno de los puntos que generan mayores diferencias con el Gobierno Federal.
La iniciativa con que las organizaciones de familiares de desaparecidos y de la sociedad civil impulsan esta agenda en la citada ley, puede sintetizarse en el lema “Sin las familias no”, con el que se ha cobijado y esgrimido su postura y que fue título de una campaña.
“La idea es que en los próximos dos meses que restan del periodo, puedan desarrollarse acciones tanto en la Ciudad de México, en el Senado, como a nivel nacional, para solicitar la solidaridad de la ciudadanía en la exigencia de que se apruebe la ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares en los términos que nosotros estamos proponiendo”.
Se corre el peligro de la militarización de la vida nacional: Luz Domínguez
Con la Ley de Seguridad Interior que se está discutiendo en el Congreso de la Unión se corre el riesgo de la militarización de la vida nacional y del incremento de las violaciones a los Derechos Humanos, aseguró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos.
Comentó que en las iniciativas legislativas que se están analizando se busca otorgar al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México funciones en materia de seguridad interior que se traducen en facultades para desarrollar trabajos de seguridad pública y de investigación del delito.
La ombudsman recordó que este tipo de tareas ya las realizan desde hace 10 años sin un fundamento constitucional y lo han hecho debido a “la incapacidad que se ha venido presentando de parte de los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno”.
En este sentido, dijo que como organismo público defensor de los derechos humanos coinciden con los señalamientos hechos por otros organismos internacionales en la materia y por organizaciones de la sociedad civil en los que se apunta al riesgo de militarización del país si se otorgan mayores facultades a las fuerzas armadas en el rubro de la seguridad pública.
Aparte de este punto, reiteró que con estas atribuciones que buscan darle al Ejército y a la Marina se produciría un “debilitamiento del sistema de protección de los derechos humanos” que conllevaría el aumento de las violaciones a las garantías y derechos de los ciudadanos.
Agregó que contrario a lo que se está exigiendo por parte de la Federación, el normar la actuación de las fuerzas armadas en la seguridad pública traería aunada la posibilidad “de que se reduzca y desaliente el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiacas civiles”.
Domínguez Campos señaló que ya organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido de estos riesgos, exponiendo que se tienen ejemplos de militarización de la seguridad pública en otros países de Latinoamérica que no han resultado exitosos sino que, por el contrario, “han sido en perjuicio de generar un ambiente de paz y tranquilidad”.
Refirió que la presencia de militares en las calles con facultades de trabajar en seguridad pública e investigación de ilícitos ha derivado, en otras naciones, en problemas de delitos graves como tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Ante estas experiencias internacionales, con los casos propios del país y para evitar estos riesgos, sostuvo que “consideramos que lo que se tiene que hacer es regresar a los militares a los cuarteles, fortalecer la policía civil y encontrar los mecanismos para disminuir la inseguridad pública y la criminalidad en México”.
Esto supone, recalcó, que se delimiten las funciones de las fuerzas armadas a las que les concede la Constitución y que son la defensa de la soberanía nacional, la preservación de la integración del territorio mexicano y el auxilio de la sociedad en casos de emergencias por cuestiones de desastres naturales.
Una vez que se circunscriba el actuar del Ejército y la Marina a estos casos, Domínguez Campos agregó que debería trabajarse en el camino que considera más adecuado y que es el del fortalecimiento de los cuerpos policiacos civiles de los tres niveles de gobierno.
Puntualizó que este hecho debe enfocarse en cuatro aspectos que son: la profesionalización, la capacitación, un mayor equipamiento y, sobre todo, mejores salarios para los elementos de seguridad.
Aparte de ello, sostuvo que también tiene que tener preferencia el desarrollo económico, la generación de empleo, la educación y la salud, los cuales enumeró como elementos fundamentales para la prevención del delito.
De lo contrario, indicó, “solamente le estamos apostando al rubro de la contención y del combate, pero no estamos tocando el más importante que es la prevención”.
Tras hacer este recuento de las necesidades que existen y de rechazar la permanencia del Ejército y de la Marina en labores de seguridad pública, la presidenta de la CDHEZ aseguró que “esperemos que la discusión que está dándose ahorita en el Congreso de la Unión atienda estas recomendaciones”, que han hecho incluso de organismo internacionales como la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado Mexicano.
Concluyó que “la sola presencia del Ejército en las calles no es la solución” e insistió en que la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública federal estatales y municipales sería la vía correcta para “transitar hacia la disminución de la delincuencia”.
