Ciudad de México. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, reiteró su rechazo a los hechos ocurridos ayer en Comitán de Domínguez, Chiapas, y aseguró que «no se trata de una práctica aislada».
Afirmó que con la «incitación de algunos líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha habido prácticas ilegales y represivas a maestros y padres de familia de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y particularmente en Chiapas, que han buscado inhibir el que varios docentes y padres cumplan con su obligación de que los niños estén en la escuela».
Que han buscado, dijo, «por métodos coercitivos cerrar escuelas y que por la fuerza profesores y padres de familia apoyen un movimiento que ellos han decidido no apoyar. En un país libre y democrático como es México, todas las ideas, todos los puntos de vista y por supuesto, el poderlos manifestar están absolutamente garantizados y siempre serán respetados, pero en la coyuntura que vivimos actualmente hay tres temas que en una sociedad democrática, plural y que aspira a fortalecer el estado de derecho son absolutamente inadmisibles».
El funcionario federal señaló que «nadie, sin justificación alguna, puede dejar un niño sin asistir a la escuela. Es el derecho supremo en materia educativa. Tampoco nadie tiene derecho a querer coaccionar de manera ilegal el comportamiento de otros. Nadie puede retener de manera ilegal a personas, nadie tiene derecho a humillar a otros porque piensan distintos y nadie puede obligar a que nadie participe en una causa o en un movimiento».
Tras manifestar nuevamente su apoyo a los docentes agredidos en Chiapas, y reiterar que la SEP colabora con la Procuraduría estatal «en la investigación y castigo de quienes sean responsables», afirmó que también cuentan con el apoyo del gobierno federal, que «no dará un paso atrás en la ‘implementación´ de la reforma».
Durante la instalación de primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 2016-2018, llamó a los líderes de la CNTE «a cambiar de actitud», pues insistió que la SEP y el gobierno federal están dispuestos al diálogo, pero hasta que «el cien por ciento de los niños de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca estén en clases», y si se buscan la «aplicación de la ley y el respeto al estado de derecho».
