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Poder Judicial de Zacatecas, entre los más opacos del país

Poder Judicial de Zacatecas, entre los más opacos del país
El IZAI y autoridades del TSJEZ asistieron a la presentación de resultados ■ foto: la jornada zacatecas

■ Es el séptimo con menor porcentaje en cumplimiento de obligaciones sobre transparencia

■ Son los resultados del estudio (In) Justicia Abierta: Ranking de opacidad judicial en México, elaborado por la organización Equis Justicia para mujeres

 

El Poder Judicial de Zacatecas se encuentra entre los más opacos del país al ser el séptimo con menor porcentaje de cumplimiento de las obligaciones que tiene en materia de transparencia.

En el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ) no tienen información sobre cuántas sentencias emiten, consideran que ninguna es de interés público y por tanto no las publican ni difunden pese a ser un mandato legal, además de que no destina presupuesto a su unidad de transparencia y tampoco tiene mecanismos de participación ciudadana.

Estos son los resultados del estudio (In) Justicia Abierta: Ranking de opacidad judicial en México, elaborado por la organización Equis Justicia para mujeres, y presentado este lunes en Zacatecas, junto con el Instituto Zacatecano de Transparencia (IZAI).

En este análisis de 10 indicadores todos los Poderes Judiciales locales están reprobados con un cumplimiento menor al 50 por ciento.

Cuatro estados tuvieron una calificación de cero y son el Estado de México, Aguascalientes, Morelos y Puebla; otros dos tienen un puntaje del 5 por ciento, siendo Tabasco y Colima; y cuatro más tuvieron un resultado del 10 por ciento de cumplimiento y entre estos se encuentra Zacatecas en primer lugar, siendo el séptimo en el ranking global, seguido de Sinaloa, Nayarit y Guerrero.

El primer indicador es el del número de sentencias emitidas y en éste, el estudio precisa que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a los poderes judiciales a “documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”, es decir, deben tener un registro de todas las sentencias que se dictan.

Sin embargo, en total son 18 los que “no reconoce ni registra” esta cifra y el de Zacatecas es uno de los que “no tienen la información o respondieron otra cosa” a la solicitud de información que en este sentido se hizo desde la organización Equis Justicia para mujeres.

La legislación en materia de transparencia también obliga a este poder a “poner a disposición del público y actualizar (…) las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público”.

En este tema, la primera pregunta que se les hizo a los poderes judiciales estatales fue la de cuántas sentencias de las que emitieron fueron consideradas de interés público y en Zacatecas ninguna entró en esta clasificación de acuerdo con las autoridades del TSJEZ.

En consecuencia, el Poder Judicial de Zacatecas fue uno de los tres, junto con Baja California y Baja California Sur, que no han hecho pública ni una sola sentencia.

Sobre cuáles son las afectaciones de este incumplimiento para los ciudadanos, la investigación señala que todas las personas deben tener la misma oportunidad de acceso a la información judicial independientemente de la entidad en la que vivan pero éste es un principio que no se cumple en el país y que, por tanto, genera “desigualdad en el acceso real a la justicia y al conocimiento de tus derechos”.

En torno al término de interés público como supuesto para poder publicar una sentencia, el estudio advirtió que no hay un criterio único para definir cuándo un asunto es de esta naturaleza y debe darse a conocer.

Obtuvieron, tras preguntar qué entienden los poderes judiciales locales por interés público, 31 definiciones distintas y en el caso de Zacatecas se refiere que la interpretación está basada en “criterios limitativos”.

También se expone que en la entidad no existen acciones de transparencia proactiva pese a estar plasmado como otra obligación en este ámbito y, de igual forma, hay una ausencia total de presupuesto destinado a la unidad de transparencia del Poder Judicial del estado.

El informe presentado ayer concluye que “actualmente todo el funcionamiento del Poder Judicial en México es un camino abierto a la discriminación, a la violencia, a la arbitrariedad, la corrupción y el abuso de poder”.

La falta de fiscalización impide saber si este poder está haciendo su trabajo y la opacidad provoca que el sistema sea “injusto, donde la ciudadanía no conoce sus derechos, ni los mecanismos o procesos para hacerlos exigibles. Sin transparencia no hay rendición de cuentas, sin rendición de cuentas no hay garantía de acceso a la justicia”.

En el evento en el que se presentaron estos datos estuvo presente el presidente del TSJEZ, Armando Ávalos Arellano, quien atribuyó la mala calificación exclusivamente a la falta de recursos presupuestales suficientes.

“No destinamos un presupuesto para nuestras unidades de transparencia porque nuestros presupuestos son absolutamente limitados. Tenemos que estar año con año con enormes dificultades para poder cubrir lo que es algo inevitable que es el salario de nuestro personal. No es por falta de interés que no destinemos esos recursos, son recursos que no tenemos y por eso tenemos que prescindir de esas herramientas a nuestras unidades de transparencia”, apuntó.

Asimismo dijo que no están incumpliendo con la publicación de las sentencias porque la ley señala que serán sujetas de difusión aquellas que se consideren de interés público y en el caso de Zacatecas ninguna es considerada como tal, por lo que no se está violando la legislación actual.

Al respecto el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia Joel Salas Suárez, quien también estuvo en el evento, señaló que ya existe una iniciativa de reforma en el Senado, mediante la que se busca modificar la ley general para eliminar el concepto de interés público para que todas las sentencias, sin importar el contenido, deban ser públicas.

En torno a las limitaciones presupuestales referidas por el magistrado presidente del tribunal, sostuvo que sería conveniente analizar “cómo está la administración de los recursos para las distintas labores sustantivas del Poder Judicial”.

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