■ Se ocuparían unos 30 años: Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos
■ En Zacatecas las cifras oficiales arrojan que de las 914 personas reportadas, 676 están consideradas como “no localizadas” y el resto como desaparecidas
Haciendo cálculos para las más de 35 mil personas desaparecidas que hay en todo México, ni con 200 forenses habría suficiencia para trabajar en su identificación; se ocuparían aproximadamente 30 años, “y a la edad que tenemos muchas de las gentes que estamos en la búsqueda no podemos ni vamos a saber los resultados que puedan tener”.
La observación de Raúl Reyes Covarrubias, uno de los tres coordinadores nacionales del Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, exhibe la crisis en materia de derechos humanos que se reconoció ayer en la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas realizada en Palacio Nacional, como la peor de las herencias de los gobiernos federales anteriores, y que situó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en 46 mil personas, mientras que el Presidente de la República, dijo que 26 mil de estas se encuentran esperando por ser identificadas en los Semefos del país.
La atención de los familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares está focalizada en la localización de sus seres queridos, y por tanto en la implementación de la Ley General en la materia de la que derivan tanto la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda como las locales, sin embargo, este sigue siendo un reto para los gobiernos de los estados y desde el primero de julio pasado para el Gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien ayer también calificó el empeño como una “prioridad” de Estado para la que aseguró, no habrá limitantes presupuestales.
Al momento, el saldo que ofrece la experiencia de Veracruz, una de las que se reconocen como más avanzadas en el país, es que “tenemos una Ley –estatal de Desaparición de Personas-, tenemos una Comisión –Local de Búsqueda-, tenemos Consejo –Ciudadano de Búsqueda de Desaparecidos-”, pero no lo que demandan, “la presentación con vida de los desaparecidos, su identificación correcta, justicia, verdad, no repetición y reparación -del daño-”, dijo en su recuento, Anais Palacios, acompañante del grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Veracruz.
Palacios y Reyes Covarrubias junto con otros integrantes de colectivos y acompañantes de los estados de Sinaloa, Jalisco y Zacatecas, participaron el pasado viernes en el edificio de Rectoría de la UAZ en un conversatorio inserto en la sexta Sesión del Seminario de Pensamiento Crítico “Desaparición Forzada en México y Zacatecas” organizada por la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
En él se buscó recuperar estas experiencias para fortalecer las acciones a fin de implementar en la entidad eficazmente la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, que expuso por un lado su decisión de empujar organizadamente para conseguir sus objetivos pero a la par la desconfianza tanto en los gobiernos estatales como en el federal.
En Zacatecas la visibilización desde la sociedad civil de la violación de derechos humanos de las víctimas de la violencia inició como en el caso de Veracruz, el año 2011, bajo la influencia de la Caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó Javier Sicilia, refirió Ricardo Bermeo Padilla, acompañante de estas como integrante de Zacatecanas y Zacatecanos por la Paz.
Relató que al tiempo, la organización se quedó solo con los familiares de personas desaparecidas intentando por cuatro años construir un colectivo numeroso, lo que resultó muy difícil debido a la represión que ha significado el repunte de la violencia y por tanto el retraimiento de los familiares de las victimas dejando de participar.
Sin embargo la visibilización de colectivos a nivel nacional por diferentes medios permitió que se “animaran un poco más”, y luego sucedió un “milagro”, el surgimiento de otro colectivo, Familias en Busca de una Esperanza, que abrió la posibilidad a la integración de más familias.
Actualmente con base en la experiencia que significó la organización el 9 de mayo del año pasado de un foro en que confluyeron las organizaciones locales, de otros estados y distintas instituciones, empujar una agenda común.
Desde esa ocasión se impulsó la creación local de las instituciones derivadas de la de la Ley General de Desaparición y se logró lo que nunca antes, que el Fiscal General de Justicia del Estado y la Fiscal Especializada en Derechos Humanos de la misma entidad, recibieran a los familiares para revisar los expedientes ya en nueve ocasiones.
“Con muchos problemas, no estamos conformes en absoluto, queremos que mejore muchísimo el funcionamiento”.
De la experiencia nacional y ahora con la asesoría además del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MDMX), de la iniciativa Una Fiscalía que Sirva, “sabemos que son necesarias mayores herramientas, capacitación e incluso mayor presupuesto”.
Zacatecanas y Zacatecanos por la Paz trabajará en ello y en fortalecer al máximo posible la autonomía de las organizaciones de familiares de desaparecidos y sus capacidades, para lo que ya han realizado actividades como un taller de antropología forense, reuniones con la Comisión de Derechos Humanos del Estado y con la policía científica.
Bermeo Padilla se presentó como candidato a encabezar la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (que aún espera por una definición), dijo, no tanto para ocupar el encargo sino para proponer una hoja de ruta estableciendo los parámetros que considera prioritarios, sustentada en las experiencias de otros estados, entre ellos los de Coahuila y Veracruz, que han generado leyes estatales de desaparición de personas.
Dijo que el decreto -publicado el 12 de enero de 2019 mediante el que se creó la Comisión Local de Búsqueda- “redujo muchísimo las atribuciones que ofrece la Ley -General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas-”.
Por tanto los colectivos presentarán una iniciativa de Ley estatal que las amplíe, pero también la implementación en Zacatecas del equivalente al Sistema Nacional de Búsqueda cuyo referente será el ya generado en Veracruz; un mecanismo donde participen todas las secretarías en la revisión de políticas públicas para que las acciones se coordinen y “haya resultados adecuados”.
Comentó que la Comisión Nacional de Búsqueda y por tanto las locales, son producto del trabajo del equipo técnico del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos que recuperó la experiencia de otros países como Perú, Colombia y Guatemala donde separaron la búsqueda de la investigación penal enfocándose en la primera y con la presunción siempre de que las personas están aún con vida, y aun previendo que no sea así, se prioriza “que regresen a su casas”.
El empeño “ha tenido dificultades enormes para operar de manera efectiva” en aquellos países, dijo.
De sus pláticas con pares de Coahuila y Veracruz respecto del proyecto de trabajo que presentó aparejado a su intención de encabezar la Comisión Local de Búsqueda, uno de los problemas centrales que vislumbran es justo el tema de la operación de este mecanismo que se convierte en “un ente abstracto” si no cuenta con la información que tiene la Fiscalía General de Justicia en las carpetas de investigación.
“Todos esos detalles jurídicos o de búsqueda propiamente, es fundamental tenerlos claros técnicamente y darles un perfil adecuado en la propuesta de funcionamiento de la Comisión para que tenga resultados positivos”.
En Zacatecas las cifras oficiales arrojan que de las 914 personas reportadas, 676 están consideradas como “no localizadas” y el resto como desaparecidas.
