Electo el Ministro Arturo Zaldívar como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a inicio de la semana pasada, solicitó a sus homólogos “dar vuelta a la página del proceso electoral”, convocándolos a la unidad en torno a “los temas esenciales de diseño de políticas públicas del Poder Judicial, en el momento “particularmente delicado” que vive el país”. Agencia Reforma 2 de enero de 2019.
El tema que llamó la atención del nuevo Presidente, fue la invocación al principio de la “independencia Judicial” para “renovar al Poder Judicial”.
Excelente tema, ya señalado en las escuelas y facultades de derecho como un caso- el de México- de atraso en la independencia judicial. Y es que ya entrados en pleno tercer milenio es prácticamente el jefe del poder ejecutivo, el Presidente de la República, quien designa a los ministros de la corte, a los jefes del poder judicial, reproduciéndose este esquema en las entidades, al ser designados los magistrados por los gobernadores.
El artículo 96 de la Constitución General de la República establece que “Para nombrar a los ministros de la Suprema corte, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante…
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”. Total intervención con carácter absolutista en la determinación del Presidente de la República.
El nuevo Presidente de la Corte, el Ministro Arturo Zaldívar, está obligado a aprovechar la coyuntura: la política de austeridad en los sueldos dentro de los tres poderes, propuesta por el Presidente de la República, asumiendo lo que al Poder Judicial Federal corresponde, a cambio de la anhelada independencia del Poder Judicial Federal.
Los mecanismos de designación deben encontrarse y proponerse por el Pleno de Ministros, considerando que tampoco intervenga el Senado ni los diputados.
Otro asunto para analizar es el del presupuesto, que debe ser manejado por el poder Judicial y no por el Ejecutivo, pues una trampa para el control por parte del poder ejecutivo en la Federación y en los estados, es dejar a los poderes un presupuesto virtual, en tanto que el presupuesto real lo tiene el Presidente y los gobernadores. ¡Mecanismos de control!
Entonces sí. El Poder judicial de la Federación saldrá ganando en todos sentidos: Adquiere real independencia frente a los otros poderes y se deshace de una práctica vergonzosa de privilegios. México resultaría ser el ganador: Un poder Judicial digno, austero e independiente. La nación se lo merece.
GUARDIA NACIONAL: ¿POLICIATILIZAR A LOS MILITARES? O “CHANGO VIEJO NO APRENDE MAROMA NUEVA”.
“El delincuente es un enemigo en guerra extranjera”. Resulta obvio: Procede su eliminación.
“En caso necesario es preferible eliminar a un inocente que dejar fugar a un culpable”. No se investiga la inocencia o la culpabilidad. Simplemente se elimina, por lo que no es necesario llevar a los detenidos ante los jueces.
“En la lucha contra la delincuencia, se presentan “daños colaterales” que la gente debe asimilar. No hay opción.
Son algunos de los principios que determinan la actitud de los militares cuando hacen funciones de policías.
“El delincuente es un desadaptado social que puede ser rehabilitado” Obvio: procede sea puesto a disposición de la autoridad judicial para que se determine su inocencia o culpabilidad y los mecanismos de readaptación.
“En caso de duda, es preferible dejar libre a un culpable que castigar a un inocente”, de ahí la necesidad de un juicio que respete las garantías del proceso penal.
“En la lucha contra la delincuencia no debe haber daños colaterales” El policía debe tener la sagacidad, la aptitud y actitud para evitarlos, esperando el momento propicio para las aprehensiones, sin riesgos para la población civil.
Son algunos de los principios que rigen la vida y función del policía.
Es por eso y más que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar una sentencia a fin de recomendar que “los órganos de seguridad pública del país estén en manos de civiles y no de militares”.
Dice Gloria Leticia Díaz en la revista Proceso: “Mientras los legisladores mexicanos buscan reformar la Constitución para militarizar la seguridad con la Guardia Nacional, la CoIDH considera que, “como regla general, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos civiles”.
Es cierto, los legisladores de Morena en general “cierran filas” a la disposición presidencial. Sin embargo en todo partido político debe predominar el razonamiento por el bien de la nación. Miles de militantes de Morena, entre los que me cuento, pensamos que hay alternativas frente a lo que parece la inminente militarización.
Me pregunto: Por qué no aprovechar la estructura policial recién creada en los estados con las policías estatales, para que en conjunto se constituyan como Guardia Nacional, mandatada en cada estado por su respectivo gobernador y como mando supremo al Presidente de la República.
Este cuerpo sería fortalecido con tres a cinco mil soldados para acciones de alto nivel de conflicto armado en contra de la delincuencia.
Esta acción quitaría además una carga económica a los estados.
El Congreso y nuestro Presidente están a tiempo de una reflexión pertinente, donde impere la cordura y la civilidad.
