- Acusan violación al debido proceso y obstrucción a la justicia
- También interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado
- El 27 de junio de 2018, Salvador Llamas, ex candidato a diputado local por el Distrito 01 del PVEM y otros simpatizantes, agredieron a 8 jóvenes con arma de fuego
Iván Arturo Casas Figueroa informó que fueron interpuestas la mañana de ayer, una denuncia ante la Fiscalía Especial Anticorrupción y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
La querella fue presentada expuso el abogado, “contra los funcionarios públicos de la FGJE que resulten responsables” por la violación al debido proceso y obstrucción a la justicia, verificada mediante omisiones graves y dilaciones en la integración de la carpeta de investigación del episodio ocurrido la madrugada del 27 de junio de este año en la Taquería 24 horas, ubicada en la colonia Sierra de Álica, en la capital del estado.
En aquella ocasión Salvador Llamas Urbina, ex candidato a diputado local por el Distrito 01 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y otros simpatizantes y/o militantes de este instituto político, agredieron a ocho jóvenes “con un arma de fuego; uno de ellos recibió un cachazo en la cabeza, hubo disparos, hubo golpes, y con motivo de ello se inició una investigación”, dijo Arturo Casas.
En esta, se le imputan a Llamas Urbina los delitos de portación de arma de fuego, disparo de arma de fuego y lesiones.
Luego que en un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que obra en la carpeta de investigación se ha comprobado que el político no tenía permiso para portar el arma calibre 40 milímetros que disparó esa noche, la FGJE debió haber dado vista a la Procuraduría General de la República (PGR), ya que el tema es de competencia federal, pero no lo ha hecho luego de casi tres meses de iniciada la querella.
A esta omisión se agrega que en mismo lapso no ha llamado a ninguno de los entre 20 a 30 testigos presenciales del hecho a ofrecer su testimonio.
“La Fiscalía no ha sido capaz de obtener una entrevista formal de los empleados de ese establecimiento, ha manifestado que si no quieren declarar no los puede obligar; viola flagrantemente –el debido proceso- porque puede echar mano de medidas de las apremio que tiene a su alcance. Así lo sostuvo la Juez de Control en la audiencia que tuvimos el cinco de septiembre”.
Las deficiencias en la investigación de la FJGE afectarían incluso al propio imputado, explicó el abogado Casas Figueroa, pues tampoco ha sido notificado de que se le sigue una investigación, y por lo tanto, citado a declarar en su defensa.
Tras la Audiencia de Control celebrada el pasado 5 de septiembre y que fue solicitada por el asesor jurídico de las víctimas, una juez “consideró lamentable el hecho de que la FGJE no haya dado vista a la PGR aun cuando ya tenía elementos suficientes para hacerlo”, dijo Arturo Casas Figueroa.
La autoridad jurisdiccional también dio un plazo de un mes contable a partir del citado 5 de septiembre para que la Fiscalía subsane sus deficiencias en la investigación. No obstante, al día 24 de septiembre que cursa, persisten tales omisiones, también informó Casas Figueroa.
El mandato judicial ordena que la FGJE recabe los videos, haga las entrevistas con los testigos y los peritajes necesarios para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, además de dar vista por el tema de la portación de arma de fuego sin permiso de la Sedena, a la PGR.
“Recordemos que en ese lugar fueron asegurados cuatro o cinco casquillos de proyectil de arma de fuego, inclusive hay un peritaje en la carpeta de investigación”, dijo
Revictimización “A”
Iván Arturo Casas Figueroa precisó que la denuncia ante la Fiscalía Especial Anticorrupción se interpuso “contra quien resulte responsable”, esto es, sin hacer imputaciones al titular de la dependencia, José Francisco Murillo Ruiseco.
“Nosotros hacemos un llamado importante y respetuoso al Fiscal –Murillo Ruiseco- para que tome cartas en el asunto”, porque desconocen dijo, si el funcionarios está informado acerca de cómo se ha integrado esta carpeta de investigación o no.
Ante la pregunta de si las víctimas y su asesor jurídico tienen la presunción de que la PGJE estaría protegiendo a Llamas Urbina, o es esta su forma normal de investigar los delitos, es decir, con deficiencias; ambos casos que resultarían graves, contestó que “no se atrevería a decir que existe una protección” para el político del Verde Ecologista.
“Lo que sí podría decir es que hay violación (al debido proceso) hay omisión, (…) no solo en este caso”.
Instó a la prensa a entrevistar afuera de las oficinas de la FGJE tanto a abogados como a víctimas de delitos, para encontrarse “con la sorpresa de que la gente está sometida a la revictimización, al tortuguismo de la actuar de la Fiscalía, a la indiferencia por parte del personal, no todo; hay –también- personal muy capaz y muy profesional”.
En contraste también expuso la capacidad de la FGJE para realizar eficiente y eficazmente “buenas investigaciones, ustedes han visto que ha sacado asuntos importantes. Sin embargo hay unos casos en donde no es así. Desconocemos la razón de porqué la justicia camina en unos casos y para otros casos no camina”.
En esta ocasión sostuvo, la FGJE viola flagrantemente el debido proceso y su misión, “viola el artículo 21 y 102 de la Constitución porque no hay investigación puntual, objetiva, de calidad, ágil”.
La entidad investigadora expuso, “tiene el personal suficiente, tiene recursos humanos y materiales para realizar investigaciones incluso en el término de 48 horas (…) como lo sostuvo de igual manera y compartió nuestro criterio la Juez de Control, en otras ocasiones hace un sinfín de acciones para allegarse de información para el esclarecimiento de los hechos”.
Estas deficiencias en el debido proceso incluso podrían abrir la puerta al imputado para que los hechos de que fue presuntamente actor, queden impunes, y por tanto sin garantía a las víctimas de acceso a la justicia y reparación del daño.
Revictimización “B”, e ¿independencia?
Las víctimas entraron ya en un túnel burocrático al presentar una denuncia, ahora ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, porque la FGJE no está integrando la carpeta de investigación de la denuncia original en apego al debido proceso, luego que se ha violado el principio de exhaustividad al verificarse tanto omisiones como dilaciones que hacen probable la pérdida de evidencias “muy valiosas”, según lo manifestó en la Juez de Control.
El asunto puede evidenciar ante la opinión pública asimismo cómo está funcionando la recién creada Fiscalía Especial Anticorrupción, que como ya se expuso, está definida como una entidad autónoma.
“Bueno, pues nosotros la estamos estrenando con esta denuncia, esperamos una respuesta. Por ejemplo ahorita quisimos presentar la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, pero no se las recibieron.
“Tuvimos que bajar aquí a la Unidad de Atención Temprana (de la PGJE) porque es el procedimiento, es el sistema”.
“Yo considero que la Fiscalía Anticorrupción debería de tener una ventanilla individual y no mandar a la gente que se duele del actuar de la Fiscalía –General de Justicia del Estado- a la misma Fiscalía (…) al mismo tobogán, porque usted se queja de que no lo atiende, de que no lo reciben, de que su investigación no camina, va con el Fiscal Anticorrupción y lo canalizan una vez más aquí, con el mismo personal de la Fiscalía, donde le dice: Fórmese, espérese, ahorita le llamamos ¿Entonces la victima dice, ¿ante quién acudo?”.
La Fiscalía Especial Anticorrupción, que es un órgano independiente a la FGJE y deriva de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, está a cargo de Salvador Villa Almaraz.
“Esperamos que el Fiscal Anticorrupción haga una investigación profunda, objetiva y de calidad, y no sea una fiscalía que solamente fue creada para cumplir con el requisito que marca la ley, para poner el nombre, pero que realmente en la práctica no haga esa investigación”.
La denuncia interpuesta contra funcionarios de la FGJE, dijo, puede derivar en imputaciones de delitos contra la administración de la justicia y el inicio de procedimientos administrativos de responsabilidad, que inhabiliten o suspendan a los servidores públicos omisos.
En caso de que las víctimas “no vean respuesta de estos organismos estatales, acudiremos a organismos nacionales o internacionales con el objetivo de que se garantice la justicia, que se les dé acceso a esa justicia a mis representados”, dijo el abogado.
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