El privilegio excesivo es un tipo de corrupción legalizada: se establece en la ley el abuso de recursos públicos para beneficio privado de funcionarios. En los últimos meses hemos presenciado un fuerte debate del papel de magistrados en el contexto de la enorme exigencia social de parar los abusos. La respuesta del nuevo gobierno a dicha exigencia fue la promoción de medidas generalizadas de austeridad: bajar salarios a funcionarios y legisladores a un límite máximo de 108 mil pesos mensuales, eliminar choferes y el uso indiscriminado de prerrogativas en telefonía, vehículos, gasolina, etcétera.
La austeridad no es sólo una medida de moral pública o así llamada ‘republicana’, sino que ahora mismo es una forma de darle eficacia a la gestión a partir de conseguir credibilidad a partir de la modestia de gastos del sector público. Si el nuevo gobierno logra credibilidad por motivo de la reserva del gasto de operación, ganará con eso la posibilidad de proponer medidas que ahora son tabú por motivo del alto desprestigio en el uso del gasto: mayores o mejores impuestos para alcanzar los objetivos del desarrollo social que se han impuesto. En este momento, si el gobierno propone algunas modificaciones a la ley fiscal, se hace tremendo escándalo, porque está (no la sospecha) sino la certeza de que terminarán en los bolsillos de algún político. Por ejemplo, en el municipio de Guadalupe, mucha gente se negó a pagar el predial porque (decía) “no queremos que terminen en la mansión de Enrique Flores”. Es un ejemplo local de una percepción nacional. Así las cosas, la austeridad puede convertirse en una fórmula de economía del sector público.
Pues bien, la cosa es que el próximo ejecutivo viene avanzando en acuerdos de la modestia de gasto, y en su medida, también el legislativo. Sin embargo, donde se concentra la mayor desproporción de privilegios es en el poder judicial, especialmente en la Suprema Corte. Y es ahí donde más han defendido la continuidad de esas dispensas. No sólo con los salarios, sino con las pensiones y el uso de las ventajas que arriba mencionamos. Y los argumentos son patéticos: que los altísimos ingresos son para evitar que los magistrados se corrompan. Ha quedado claro que no hay nexo causal entre altos ingresos y baja corrupción: el sexenio que termina es la muestra empírica de que eso es falso. Es doblemente preocupante porque la Suprema Corte es el ‘palacio’ de la argumentación válida: es justo la esencia de su tarea. ¿Se defienden con esos argumentos? ¡Dios nos salve! Por eso, es refrescante leer la columna del ministro Arturo Saldivar, que promueve superar la idea de recortes simbólicos y se pronuncie por una conducta coherente con el máximo tribunal de justicia del país: no contribuir con la obscena desigualdad que campea en este país. Hacemos votos porque terminen en ese tono todos los miembros de la corte y el poder judicial, y eliminen por completo los privilegios que ofenden al pueblo que dicen defender.
