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Militares no deben seguir en funciones de seguridad pública, advierte CDHEZ

Militares no deben seguir en funciones de seguridad pública, advierte CDHEZ
Imagen de archivo de personal de la Marina Armada de México en un operativo foto: proceso

Opina que históricamente son quienes más violentan los derechos humanos

Lamenta que el Estado no haya podido erradicar esas prácticas hasta ahora, luego de las observaciones de la CNDH por el caso de dos zacatecanos torturados por la Marina

Se constató que amarraron a las víctimas de sus extremidades, las golpearon en todo el cuerpo, les intentaron cortar algunos dedos, les dieron descargas eléctricas en los genitales

 

Históricamente, los elementos del Ejército o de las corporaciones policiacas son quienes más violentan los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que estos no deben realizar funciones en el tema de la seguridad pública, afirmó María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

Ante las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto al caso de dos ciudadanos zacatecanos de quienes se acreditó que fueron objeto de tortura e incluso violación sexual de parte de integrantes de la Marina, en el municipio de Fresnillo, la ombudsman lamentó que el Estado no haya podido erradicar esas prácticas hasta ahora.

“Lo consideramos grave porque quienes los cometen son servidores públicos, a quienes les corresponde por mandato de ley garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, al acceso a la justicia y a la legalidad, pero por el contrario observamos conductas que no solamente violentan esas obligaciones, sino que trascienden y cometen conductas delictivas en contra de las víctimas”, indicó.

Refirió que la CNDH acreditó violaciones graves a los derechos humanos por detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura, cateos ilegales, afectaciones a la privacidad y violencia sexual, en perjuicio contra un hombre y una mujer en el municipio de Fresnillo cuyos hechos datan del año 2013.

Domínguez Campos comentó que en los dos expedientes relacionados con la Marina en Fresnillo, así como en otros 15 casos en otras entidades, se observa un patrón institucionalizado de tortura.

Según se constató, los elementos de la Marina amarraron a las víctimas de sus extremidades, las golpearon en todo el cuerpo, les intentaron cortar algunos dedos, les dieron descargas eléctricas en los genitales, les intentaron asfixiar con bolsas de plástico y también perpetraron actos de violencia sexual.

“Observamos que en esta tortura institucionalizada de los elementos de la Marina, muchos de estos casos no han sido llevados ante las autoridades correspondientes para someterlos a un juicio legal para que se determine la responsabilidad de estos en los delitos que dañan no solamente a las víctimas y sus familias, sino también al Estado de Derecho mexicano”, agregó.

En ese sentido, manifestó que esos actos afectan también la institución que representan, pero además afectan la credibilidad de los mexicanos en las instituciones militares y corporaciones policiacas del país.

Domínguez Campos señaló que estas prácticas de las fuerzas armadas mexicanas también genera un poco credibilidad de parte de los organismos internacionales, ya que en México no se ha erradicado la tortura de parte de los servidores públicos hacia las víctimas, independientemente que estas hayan participado o no en algún hecho delictivo.

Respecto a la recomendación que emitió la CNDH a la Secretaría de Marina, por los hechos ocurridos en perjuicio por dos personas en el municipio de Fresnillo, expuso que esta mandata que se lleven a cabo las investigaciones en la PGR, para determinar la responsabilidad de los agentes que participaron en las denuncias presentadas por cada una de las víctimas.

También solicita que se investigue con perspectiva de género aquellos casos donde hubo violencia sexual contra las víctimas mujeres, porque hay un patrón de conducta que incluye agresiones de carácter sexual.

Según lo establece la recomendación, “se requiere de una intensa capacitación y concientización en materia de derechos humanos con perspectiva de género a todos los servidores públicos de la Secretaría de Marina, no solamente a los militares, sino también al personal médico y administrativo, para lograr el objetivo de prevenir y erradicar la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Según informó Domínguez Campos, la recomendación también solicita la actualización de un protocolo para que los elementos de la Marina utilicen en sus operativos cámaras fotográficas, videocámaras, entre otros, que permita registrar el momento en que sean detenidas las personas por incurrir en algún hecho delictivo, y así garantizar que las detenciones se realicen apegadas a la legalidad y se garantice la integridad de los detenidos.

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